Banco Unión: auditoría refleja falta de control en el manejo del dinero de cajeros

La auditoría interna del 24 de mayo de 2017 refleja en su resultado que el Banco Unión no cuenta con procedimientos específicos para el control de las cuentas de dinero que se transfieren a los cajeros automáticos (ATMs), a esto se suma que no se realiza la custodia y registro contable de las copias de las llaves de los ATMs en bóveda de una agencia.

Al resultado de esta auditoría hizo referencia la subgerente Regional de Operaciones del Banco Unión, Mariela Ximena V. R., durante su declaración ante la Fiscalía el pasado martes. Junto a ella, otros cinco funcionarios de cargo gerencia fueron enviados a la cárcel con detención preventiva por la defraudación económica de 37,6 millones de bolivianos a esta entidad financiera que puso en evidencia la fragilidad que existe en sus mecanismos de control y monitoreo.

En las últimas horas, la Fiscalía informó que se amplió la acusación en contra de Juan Pari (27) por los delitos financieros y asociación delictuosa. La próxima semana el exfuncionario del Banco declarará ante la comisión de fiscales que investiga el caso y, si así lo desea, podrá ampliar su declaración.

En parte del informe de auditoría interna, señala que se ha puesto en conocimiento de la Gerencia Nacional de Operaciones, así como también de las Subgerencias y Jefaturas Regionales de Operaciones con el objeto de que puedan evaluar el grado de sanción a los responsables del procedimiento de ATMs.

Entre los ocho puntos del resultado de la auditoría, también señala que no se realiza la dotación de tarjetas administrativas para las cargas en los cajeros automáticos para poder realizar el monitoreo de saldos a través de la web.

Tampoco se realizan pruebas de alarmas en los cajeros externos para verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad. A eso se suma que, de acuerdo a los reportes de Monitoreo, en lo referente a los registros de las aperturas y cierres de los paneles de alarmas, se observaron casos en los que no se cuenta con el registro de apertura o cierres.

Pese a que en el documento se sostiene que se concluye que el Banco (Unión) cumple razonablemente con lo establecido en la norma interna y norma externa, se han identificado por lo menos “55 atributos observados” en el proceso de revisión de los 200 cajeros automáticos externos de todo el país, de los que 150 se encuentran en los departamentos del eje central: La Paz (69), Santa Cruz (41) y Cochabamba (40).

La ASFI aclara auditorías

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) aclaró ayer, mediante un comunicado, que sólo conoce sobre los informes de Auditoría Interna de las entidades de intermediación financiera por visitas de inspección o ante requerimientos específicos.

Remarcó que las auditorías internas son dirigidas al Directorio de cada entidad a través del Comité de Auditoría, según se lee en el comunicado.

Asimismo, asegura que el informe de auditoría externa practicado al Banco Unión S.A., al 31 de diciembre de 2016, fue remitido a ese órgano de supervisión con un dictamen “limpio”.

“El informe de Auditoría Externa, practicado al Banco Unión S.A., con corte al 31 de diciembre de 2016, fue remitido a este Órgano de Supervisión, empero, es prudente aclarar que el mismo presenta un dictamen limpio y no menciona la existencia de un descuadre en la subcuenta 111.04 ‘Fondos Asignados a Cajeros Automáticos’ por seis millones 00/100 bolivianos”, agrega el comunicado.

De esta manera, la ASFI deslinda de algunas versiones que señalan que debió ejercer más control en el Banco Unión para evitar el desfalco de al menos 37,6 millones de bolivianos por uno de sus exfuncionarios, que sustrajo dinero por más de 11 meses sin que aparentemente ningún funcionario de rango superior y los controles puedan advertirlo.

Sin embargo, todavía están pendientes al menos cuatro auditorías que dejó encargadas el directorio que renunció hace algunas semanas para determinar con exactitud cuál es el monto que fue sustraído de las bóvedas del Banco Unión sin ningún control y especificar las falencias que se tienen en los mecanismo de control de la entidad financiera.

FUNCIONARIOS, SOCIOS Y FAMILIA

A la fecha, son nueve socios de Juan Pari que están con detención preventiva en las cárceles de San Pedro y Chonchocoro.

Son cuatro familiares que están en la cárcel, entre ellos su madre, esposa y hermano menor. Además, su padre, Secundino Pari, también tiene orden de aprehensión.

A todos ellos se suma la novia de Juan Pari, la argentina Luciana R. C., quien está en la cárcel de Obrajes.

También están en la cárcel, con detención preventiva, ocho exfuncionarios del Banco Unión, la mayoría de ellos de altos cargos.

LA FISCALÍA DETERMINA DECLARACIÓN

El Ministerio Público convocó a Juan Franz Pari para ampliar su declaración informativa sobre el desfalco millonario al Banco Unión, como él lo solicitó.

“La próxima semana está declarando Juan Franz Pari nuevamente con una declaración ampliatoria y estableceremos ahí seguramente algunos elementos o (…) hechos para poder corroborar lo que está investigando la Fiscalía”, dijo el fiscal Ruddy Terrazas.

Pari adelantó que, en su primera declaración, incluyó a personas que no tenían relación con el tema, por lo que pidió disculpas por dañar la imagen de estos ciudadanos.

PARI REITERA QUE ACTUÓ SOLO EN EL DESFALCO MILLONARIO

Juan Franz Pari Mamani, exjefe de operaciones de la sucursal Batallas del Banco Unión,  en su memorial de solicitud de ampliación de declaración, liberó de responsabilidades a los miembros de su familia, su novia e incluso al dueño de Rent-A-Car, que están implicados en el desfalco millonario al Banco Unión.

“Con relación a mi padre, madre, hermano, pedir disculpas por haber mellado su dignidad y apellido, puesto que ellos en ningún momento fueron parte del trabajo que mi persona realizaba, nunca se imaginaron de las cosas que mi persona realizaba, ellos tomaron conocimiento por noticias de los medios de prensa y posterior a mi detención”, señaló Pari en el memorial.

El exfuncionario pidió ampliar sus declaraciones informativas para esclarecer el desfalco millonario y sostuvo que su primera declaración la hizo de forma “alterada” por la presión que sentía en el momento de su aprehensión.

POSESIONAN A GERENTA DE FINANZAS Y COMERCIO

Margot Baeny Aue asumió, en las últimas horas, el cargo de la Gerencia Nacional de Finanzas y Comercio Exterior del Banco Unión, según informó la entidad financiera mediante un comunicado institucional.

“La Gerencia General de Banco Unión S.A., a cargo de Rolando Marin, ha designado a Margot Baeny Aue como Gerente Nacional de Finanzas y Comercio Exterior”, señala la nota.

A más de un mes del desfalco de 37,6 millones de bolivianos, el banco estatal desarrolla un plan de contingencia que implicó una serie de cambios estructurales dentro de sus gerencias a nivel nacional buscando fortalecer las medidas de control y mejora del servicio bancario.

La nueva gerenta trabajó en Banco Unión S.A. como subgerente nacional de Finanzas y tesorería desde 2012 hasta septiembre de 2017, fue oficial de Finanzas de Banco Unión S.A. de 2012 a 2017, ingresó a Banco Unión S.A. como analista de Riesgo en 2003 hasta 2004, año en el que asumió el cargo de oficial de Riesgos hasta 2007.

OPINIÓN

René Joaquino. Senador MAS

Una administración descabellada e ineficiente

En toda entidad pública tiene que haber eficiencia, eficacia y, sobre todo, responsabilidad. Lo que he visto, y lo que considero, es que no solamente se trata del señor Pari, más bien debe haber bastantes ciudadanos o servidores públicos involucrados para tener una administración tan descabellada y tan ineficiente.

En una entidad financiera, lo que hacen es lo siguiente, a la finalización del día lo que hacen es cuadrar cuánto ha egresado y cuánto ha ingresado y quiénes son los que se han beneficiado con los egresos, los arqueos diarios, arqueos semanales y, finalmente, mensuales que concluyen al año con una auditoría financiera de toda la actividad. Considero que de manera deliberada han obviado muchos pasos y muchos protocolos de seguridad, pero, sobre todo, de manejo financiero.

Ahora, corresponde a la Contraloría General del Estado (CGE) el control posterior y la determinación de indicios de responsabilidad penal, civil, administrativa o ejecutiva.

La entidad que tiene competencia y atribución para determinar indicios de responsabilidad es la Contraloría, una vez que concluya de indicios de responsabilidad lo que hace es remitir a las autoridades competentes para que actúen en derecho: si se encuentran indicios penal al Ministerio Público, responsabilidad civil se iniciará un proceso coactivo por vía civil, indicios de responsabilidad ejecutiva, destitución a las máximas autoridades y con sanciones, y administrativa con sanciones administrativas a los funcionarios.