Cárceles privadas: el gran negocio detrás las deportaciones de Trump

GEO Group y CoreCivic, los dos grandes grupos de prisiones privados prevén “ganancias extraordinarias” por las deportaciones.

Las empresas de prisiones GEO Group y CoreCivic son las más beneficiadas con las políticas anti migración de la Administración Trump. Las dos compañías, que donaron dinero para la campaña trumpista, se enriquecen por las perspectivas de negocios que genera el plan de la Casa Blanca para deportar, al menos, un millón de migrantes.

Las cárceles privadas de GEO Group y CoreCivic se encargarían de albergarlos hasta que sean expulsados de Estados Unidos. Para el medio Stateline; “en la actualidad, casi el 90% de los inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se encuentran recluidos en instalaciones operadas por empresas privadas, según el último análisis de Transactional Records Access Clearinghouse, un grupo de investigación y recopilación de datos”.

GEO Group y CoreCivic lideran el sector de prisiones privadas: la primera tiene un valor de 4.000 millones de dólares y la segunda de 2.200 millones. Los contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) representaron el 43% de ingresos para GEO Group en 2023. Para CoreCivic, esta cifra fue del 30%. Las acciones de ambas compañías subieron tras la reelección de Trump: GEO Group aumentó aproximadamente un 41%. CoreCivic creció casi un 29%. George Zoley, presidente ejecutivo de GEO Group, calificó esto como “una oportunidad sin precedentes”. Damon Hininger, director ejecutivo de CoreCivic, declaró: “Este es uno de los períodos más emocionantes de mi carrera”. El negocio de las dos empresas con la detención es tan grande que en 2023, GEO Group indicó que los contratos del ICE representaron el 43 % de sus ingresos, y en el caso de CoreCivic, un 30 %.

Según una investigación del portal Open Secrets: “El ICE publicó recientemente convocatorias de propuestas de contratos por un valor de hasta 45 000 millones de dólares para múltiples centros de detención, en cumplimiento de la Declaración Presidencial de Emergencia Nacional en la Frontera Sur de Estados Unidos y las órdenes ejecutivas relacionadas. Un documento de 250 páginas, obtenido por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU )mediante una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información, muestra que tanto CoreCivic como GEO Group presentaron propuestas para centros que actualmente no son operados por el ICE. Estos incluyen centros en California, el Medio Oeste y el Suroeste. Durante el ejercicio fiscal anterior, el Departamento de Seguridad Nacional asignó 3400 millones de dólares a las operaciones de custodia del ICE”.

Con esta perspectiva GEO Group realizó una inversión estratégica de 70 millones de dólares en diciembre para ampliar sus capacidades de servicios con el ICE. La empresa tiene como objetivo duplicar toda su operación de servicios. GEO Group cuenta con 18.000 camas vacías que ICE podría utilizar. Lo que le “generaría aproximadamente 400 millones de dólares adicionales”, según Open Secrets.

Gracias a un contrato de 15 años con el ICE, su centro Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, sumará mil camas. Este acuerdo incrementará sus ingresos anuales en 60 millones de dólares durante el primer año. La empresa también estableció un nuevo contrato en Baldwin, Michigan. Este centro tendrá capacidad para 1.800 personas y generará 70 millones de dólares anuales. GEO Group modificó su contrato para el Centro de Procesamiento Karnes en Texas. Este centro tiene capacidad para 1.328 personas. La modificación permite albergar “poblaciones mixtas” en lugar de solo hombres solteros. El contrato generará 79 millones de dólares durante el primer año.

El ICE, además, utilizó para la primera ronda de deportaciones una IA creada por Geo Group para que los migrantes con casos judicializados reporten su ubicación a través de fotos y geolocalización. The New York Times reportó que cerca de 30 mil migrantes fueron deportados gracias al empleo de esta IA.

Mientras que CoreCivic también realiza importantes expansiones gracias a sus contratos con el ICE. La empresa reabrirá un centro de detención familiar en Dilley, Texas con capacidad para 2.400 personas. El contrato tiene una duración de cinco años y generará 180 millones de dólares anuales cuando esté completamente operativo. Según Open Secrets: “La compañía anunció el 27 de febrero que aumentaría la capacidad a 784 “detenidos” más del ICE en su Centro Correccional del Noreste de Ohio; a 1.072 camas  en su Centro de Detención del Sur de Nevada; y a 1.600 camas en su Centro Correccional Cimarron en Oklahoma. Además, CoreCivic modificó un contrato para que el ICE pueda utilizar hasta 252 camas en su Centro Correccional del Condado de Tallahatchie en Misisipi”.

Donaciones de campañas y directivas repletas de exfuncionarios gubernamentales

Las dos compañías tuvieron un agresivo lobby para posicionar proyectos de ley y candidatos favorables a sus negocios. GEO Group gastó $1,38 millones en presionar al gobierno federal en 2024 y CoreCivic, $1,77 millones con el mismo propósito. Ambas empresas centraron su atención en el proyecto de ley de asignaciones para el Departamento de Seguridad Nacional que incluye el presupuesto para el ICE.

Los empleados de GEO Group y sus comités de acción política aportaron $3,7 millones durante el ciclo electoral de 2024. Destinaron la mayor parte a republicanos y grupos conservadores. La compañía entregó, por ejemplo, un millón de dólares al supercomité Make America Great Again de Trump, $775,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso Republicano y $500,000 a su Fondo de Liderazgo del Senado. Una de sus filiales,GEO Acquisition II, Inc., contribuyó con un millón de dólares adicionales a Make America Great Again.

La campaña, incluso, armó un Comité de Acción Política, dedicado a donaciones para la campaña, que destinó todos sus fondos a la campaña presidencial de Trump en febrero de 2024, según el grupo Citizens for Responsibility and Ethics, una organización de monitoreo gubernamental sin fines de lucro. Sus empleados también participaron con donaciones. George Zoley y Brian Evans, ejecutivos de GEO Group, aportaron $11,600 cada uno al comité Save America de Trump.

Mientras que CoreCivic, según Open Secrets, también realizó importaciones contribuciones políticas. Sus comités de donaciones, y sus empleados, donaron $784,974 en el ciclo electoral de 2024: unos $660,170 fueron a candidatos y comités republicanos. Damon Hininger, director ejecutivo, aportó $300,000 a un comité conjunto para la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano.

Además, GEO Group y CoreCivic donaron $500,000 cada una al comité inaugural de 2025 de Donald Trump que recaudó un récord de 239 millones de dólares. Esta cifra duplicó sus aportes al comité inaugural de Trump en 2017.

Ambas empresas mantienen vínculos estrechos con el gobierno estadounidense. Pam Bondi, ahora Fiscal General, hizo lobby por 390 mil dólares para GEO Group como empleada del grupo Ballard Partners. Se estima que la mayoría de los lobbystas de estas empresas tuvieron cargos gubernamentales antes de convertirse en cabilderos. En GEO Group, 10 de 13 cabilderos provienen del gobierno. En CoreCivic, la proporción es de 6 de 10.

La junta directiva de GEO Group incluye exfuncionarios judiciales o migratorios. Lindsay Koren, directora de la empresa, trabajó como abogada litigante en el Departamento de Justicia y como asesora legal de un juez principal de inmigración. Julie Wood, integrante de su junta ejecutiva, fue directora del ICE entre 2006 y 2008. Mientras que Matthew Albence ocupó diversos cargos en ICE antes de unirse a GEO Group en 2022. Daniel Bible se convirtió en vicepresidente ejecutivo de la compañía después de abandonar su cargo también en el mismo organismo. Lo mismo hizo Daniel Ragsdale en 2017.

Todas estas antiguas conexiones le permiten a la compañía tener más capacidad de influencia para pelear por los lucrativos contratos otorgados por el ICE.

Para las dos empresas de prisiones, las perspectivas de privatización de las deportaciones de la Administración estadounidenses son muy lucrativas. La expulsión de un millón de personas costaría 88 000 millones de dólares, según el Consejo Americano de Inmigración, una organización de defensa de los inmigrantes. Para Todd Lyons, director interino del ICE, toda la estructura del organismo de migraciones debería funcionar como “Amazon pero con personas”. En su opinión: “todo lo que tenga que ver con placas y armas debería estar a cargo del ICE, todo lo demás ser subcontratado”. Un negocio conveniente para todos los funcionarios estadounidenses con futuro en el mundo privado.