Cedla advierte que medidas económicas son insuficientes y tardías

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) señala que si bien (existen) medidas de contención social adoptadas por el Gobierno Nacional para combatir la propagación de Covid – 19, las iniciativas estatales han resultado insuficientes y tardías en su ejecución.

“Las medidas dirigidas a paliar la situación de los sectores sociales más pobres, que desarrollan mayoritariamente trabajos precarios por cuenta propia, que reportan bajísimos e inestables ingresos laborales, han resultado insuficientes y tardíos en su ejecución, por lo que sus objetivos no se han cumplido a cabalidad”, señala el Cedla en un boletín.

Por ejemplo, indica la institución, el pago del “Bono Familia” anunciado por el Gobierno, de 500 bolivianos por hijo para padres que tengan hijos en grado inicial, además de primaria, no solventa ni siquiera una canasta básica alimentaria para una familia tipo, además, su pago está previsto para la siguiente semana, cuando ya se habrán vivido 15 días de cuarentena.

“La reducida magnitud del “bono familia” no permite solventar ni siquiera una canasta básica alimentaria para una familia tipo, y el retraso en su pago -se prevé que empiece a pagarse en abril- contrasta con la intención gubernamental de vaciar las calles, por lo que se han producido incidentes con personas que, arriesgando su salud y la de los consumidores, no tienen otra fuente de ingresos para alimentar a sus familias”, explica el Cedla.

Del mismo modo, indica la institución, el tratamiento del pago de deudas bancarias de la población, que sólo involucra el diferimiento del pago de la cuota de capital e interses, obvia el hecho de que el tiempo que dure la emergencia sanitaria será un período de escasa generación, sino de ausencia total, de ingresos para más del 70% de la población urbana y para otra parte importante de los productores campesinos.

“Por estas razones, es imprescindible y urgente que el gobierno disponga el incremento del gasto público para enfrentar la pandemia, rompiendo la rigidez de las recetas neoliberales acerca del déficit público y el endeudamiento; pero, sobre todo, priorizando la atención de las necesidades de la población trabajadora antes que la ganancia de las empresas privadas y los capitales financieros”.

El Cedla señala que, por ejemplo, debería hacerse gestiones de negociación del diferimiento del pago del servicio de deuda pública externa, de manera que se liberen recursos de urgente necesidad. Asimismo, recomendó que reevalúe la necesidad de utilizar una parte de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para financiar la inversión en infraestructura de salud, así como disponer la condonación de impuestos a los sectores económicos más débiles.

La institución también recomienda como medidas para el futuro la compra y stock de minerales por parte del Estado, con el objeto de permitir la estabilidad y subsistencia de las empresas estatales, privadas y cooperativas mineras.

Asimismo, sugiere la creación de un seguro de cesantía para los asalariados que queden sin empleo por los efectos negativos que tendrá la pandemia sobre la economía.

“El probable incremento del desempleo, renueva, asimismo, la necesidad de establecer el seguro de cesantía para los asalariados que, en el corto plazo, podría financiarse con los recursos acumulados en el Fondo de Colectivo de Riesgos del sistema de seguridad social”.

También sugiere utilizar el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) compuesto por recursos descontados a los gobiernos subnacionales con el fin de otorgar un incentivo a las empresas petroleras trasnacionales, el cual podría considerarse igualmente como una alternativa para la generación de programas de empleo e ingresos de emergencia para la población pobre de los municipios.

“Las autoridades responsables de la administración económica del país, deberían asumir también las modificaciones presupuestarias y otras medidas extraordinarias de mayor alcance, con la seguridad de que están justificadas por la utilidad pública y el bien mayor de la salud del soberano”, agrega el boletín.