Dos años del bitcoin en El Salvador: ¿éxito o fracaso?

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Foto: Rick Bowmer | AP

El Salvador cumple dos años desde su histórica implementación de Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, los resultados aún son motivo de debate. En dos años, el país ha experimentado una serie de desafíos, incluida la disminución de la adopción de la moneda digital entre la población y la incertidumbre generada por la inversión gubernamental en la criptomoneda. Encuestas revelan un descontento significativo y la población cuestiona si la apuesta de Nayib Bukele fue un éxito o un fracaso.

El Salvador cumplió este jueves 7 de septiembre dos años de haber adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal, entre el secretismo y las advertencias de ser una vía para la financiación irregular de campañas electorales o actividades ilícitas.

En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en la primera nación del mundo en tener al criptoactivo como moneda de curso legal, a la par del dólar estadounidense, y desde entonces, el Gobierno liderado por el popular presidente Nayib Bukele ha invertido más de 250 millones de dólares en este proyecto.

Bukele destinó 150 millones de dólares para un fideicomiso que permite convertir bitcoin a dólares, y 107 millones en la compra de 2.381 activos digitales, cuyas compras fueron anunciadas por el mandatario en la red social X.

Bukele ofreció 30 dólares a quienes descargaron la billetera digital gubernamental para promover el uso del Bitcoin, que, entre otras cosas, permite recibir remesas.

Una inversión cuestionable  

Aunque las compras de Bitcoin costaron unos 107 millones de dólares, debido a la volatilidad de la moneda el valor que posee el país centroamericano ahora ronda los 61,3 millones de dólares. Según analistas independientes, el país ha perdido un 37% de su valor en Bitcoin.

Bukele también prometió colocar bonos de Bitcoin denominados Bonos Volcán, por valor de 1.000 millones de dólares, que buscaban financiar la construcción de Bitcoin City, aunque hasta ahora no se ha concretado.

Según Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, el país irá a las urnas en 2024 “con la puerta y las ventanas abiertas para que el crimen organizado, fondos públicos y gobiernos extranjeros financien campañas electorales”.

“Hemos venido señalando la deficiencia en la fiscalización, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de la Corte de Cuentas de la República” y “esto genera esas posibilidades de financiamiento prohibido”, indicó el experto.

La economía del país centroamericano creció un 10,3% en 2021, según datos del Banco Central de Reserva, pero los expertos lo atribuyen al rebote económico tras la pandemia y no necesariamente a la implementación del Bitcoin.

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Según un informe publicado en el Georgetown Journal of International Affairs en marzo, los criptoactivos son usados por grupos del crimen organizado en Brasil y Centroamérica para sus actividades ilícitas. El informe revela que la pandilla MS-13 que opera en El Salvador, Honduras y Guatemala, ha estado utilizando el Bitcoin como una forma para que las víctimas entreguen pagos de extorsión.

 

Con EFE y Reuters