El plan de Milei para legalizar los “dólares bajo el colchón”: ¿avance o puerta abierta al lavado?

“Tus dólares, tu decisión” fue la expresión que utilizó el vocero presidencial, Manuel Adorni, para lanzar oficialmente el plan del Gobierno del presidente Javier Milei que impulsa a los argentinos a “sacar los dólares del colchón” no declarados e incorporarlos al circuito económico formal, sin penalidades ni controles, bajo la promesa de que no serán perseguidos ni fiscalizados.
La frase recuerda la conocida consigna feminista “Tu cuerpo, tu decisión”, que fue clave en la lucha por el aborto legal en Argentina. En este caso, funciona como una provocación medida, adaptando un lema cultural de autonomía para transmitir un mensaje económico de libertad financiera.
El proyecto, conocido como ‘Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos’, tiene como objetivo reinsertar en el sistema financiero más de 200.000 millones de dólares que, según estimaciones privadas y del propio Banco Central, permanecen fuera del circuito legal, ya sea guardados en casas, cajas de seguridad o sin declarar. En otras palabras, se busca convencer a los argentinos de que ya no es necesario esconder sus ahorros.
“Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental: lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste”, afirmó Adorni en conferencia de prensa el pasado 22 de mayo.
¿Cómo funciona el plan?
El Decreto 353/2025 introduce una serie de medidas para facilitar que los ahorros no declarados puedan ingresar al sistema formal sin tantos controles.
Entre las principales novedades, se elimina la obligación de reportar ciertas operaciones —como compras con tarjeta o movimientos notariales— y se elevan los montos a partir de los cuales los bancos deben informar sus movimientos al ARCA (la agencia recaudadora).
También se autoriza a realizar depósitos a plazo fijo sin justificar el origen de los fondos, hasta límites de 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones para empresas.
Además, se establece un régimen simplificado para el impuesto a las ganancias, que permite pagar un monto fijo basado en la facturación, sin la necesidad de detallar consumos o patrimonio.
Desde el Gobierno aseguran que estas medidas buscan reducir la burocracia y fomentar la confianza para que los ahorros no declarados se integren a la economía formal, inyectando así dólares frescos al circuito económico sin afectar las reservas del Banco Central.
La idea es que más dinero en movimiento genere mayor consumo, inversión y actividad. Sin embargo, sectores críticos advierten que esta flexibilización podría aumentar los riesgos de lavado de dinero y exigen controles más estrictos para evitar abusos.
El Ejecutivo confía en que esos fondos, escondidos bajo el colchón —literal o metafóricamente—, impulsen sectores golpeados como el inmobiliario, la construcción y el rubro automotor. En todos los casos, se trata de áreas que muestran algún leve repunte, pero que todavía están lejos de recuperar el nivel que tenían en 2023.
Además, al sumar al sistema fondos que antes no tributaban, el Estado anticipa un incremento en la recaudación fiscal, lo que podría fortalecer las finanzas públicas y aliviar las tensiones del déficit.
De todas maneras, la implementación del plan no está exenta de obstáculos. Requiere, entre otras cosas, la adhesión de las provincias para modificar los plazos de prescripción de la Ley Penal Tributaria. También podría generar fricciones con organismos internacionales, que exigen estándares de trazabilidad y cumplimiento normativo más rigurosos.
“Milei impulsa esta iniciativa en un momento en el que necesita movilizar el consumo e inyectar dólares en la economía sin afectar directamente a las reservas. Habrá que ver si el Congreso acompaña esta propuesta, en medio de una coyuntura política marcada por la cercanía del proceso electoral”, explica a France 24 Juan Ignacio Di Meglio, director senior de Asuntos Públicos de LLYC Argentina.
“Abre la puerta a que se legalicen recursos del narcotráfico”
Aunque el plan presenta beneficios potenciales, algunos analistas se muestran escépticos sobre su efectividad. La histórica desconfianza hacia las instituciones, sumada a la persistente inflación y la volatilidad económica, ha llevado a muchos argentinos a preferir mantener sus dólares fuera del sistema formal como una forma de resguardar su patrimonio.
En este contexto, el economista Gastón Jamui, fundador de Ganadería Sustentable, advierte que el plan también tiene efectos negativos.
“Esta medida puede incentivar la evasión futura. Envía una señal peligrosa: que evadir impuestos no tiene consecuencias y que, eventualmente, todo puede ser perdonado. Eso desalienta el cumplimiento voluntario del sistema tributario”, señala.
Desde su perspectiva, también es una cuestión de equidad. “Es injusto para el contribuyente cumplidor. Muchos sienten que fueron tontos por haber declarado sus ingresos y pagado impuestos, mientras otros ahora son premiados por haber actuado fuera de la ley”, agrega.
Además, remarca un riesgo aún más preocupante: “Lo más grave es que no se exige ningún tipo de justificación sobre el origen de los fondos. Esto abre la puerta a que se legalicen recursos provenientes del narcotráfico, la corrupción o incluso la trata de personas”.
La mirada del GAFI: estándares internacionales y preocupaciones
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo global creado para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, sigue de cerca este tipo de iniciativas que facilitan la incorporación de capitales no declarados al sistema financiero.
Desde el punto de vista del GAFI, cualquier iniciativa que facilite la entrada de fondos al sistema formal sin controles estrictos sobre su origen puede aumentar los riesgos de lavado de dinero y evasión fiscal. El organismo insiste en que se deben mantener mecanismos sólidos de transparencia, ‘conozca a su cliente’ (KYC) y monitoreo de transacciones para evitar que dinero ilícito se blanquee bajo la apariencia de legalidad.
En este sentido, la ausencia de obligación para justificar el origen de los fondos podría ser vista con preocupación por el organismo intergubernamental, que promueve la cooperación internacional y estándares estrictos en la materia.
Sin embargo, desde la Casa Rosada aseguran que las nuevas medidas están alineadas con las recomendaciones del GAFI. En ese marco, el Ejecutivo envió el 5 de junio al Congreso el proyecto de ley para alentar a los ahorristas a incorporar al sistema formal los dólares del colchón.
¿Un camino a la dolarización endógena?
Más allá de la cuestión fiscal, el plan también parece promover, de forma indirecta, la idea de una dolarización endógena; es decir, un proceso en el que el dólar se impone de hecho como moneda de referencia en la economía, sin que exista una decisión formal que lo establezca como moneda oficial.
Di Meglio señala que, aunque el Gobierno no lo admita de manera explícita, esta medida reintroduce de forma implícita la promesa de dolarizar la economía, aún incumplida y, por ahora, relegada entre las prioridades oficiales.
El experto en Asuntos Públicos y magíster en Comunicación Política explica que esta estrategia se inscribe en un contexto donde los argentinos, históricamente, han recurrido al dólar como refugio frente a una macroeconomía marcada por la inflación crónica y la inestabilidad.
Nicolás Favaron, Program Manager de Asuntos Públicos de Edelman y asesor en comunicación y relaciones institucionales, coincide en que la medida forma parte de una estrategia más amplia vinculada a la dolarización. En diálogo con France 24, sostiene:
“Esta medida es una más dentro del proceso de dolarización endógena que plantea el presidente. Es un paso más en esa dirección”.
No obstante, advierte que su viabilidad política dependerá del respaldo legislativo: “Para que esa confianza se sostenga, es imprescindible el apoyo de los gobernadores y que el proyecto que van a presentar se convierta en ley”.
El plan de Milei para legalizar los dólares sin controles abre una puerta que puede traer alivio para muchos argentinos que buscan seguridad para sus ahorros, pero también despierta dudas sobre los riesgos que implica para la transparencia y la justicia fiscal.
Más allá de las promesas y el discurso oficial, queda claro que la verdadera prueba estará en cómo se implemente y controle esta medida, y si logrará generar la confianza necesaria en un país acostumbrado a desconfiar de sus instituciones.