Escándalo por sobreprecios en el Canal de Panamá

El consorcio liderado por la española Sacyr amenaza con paralizar las obras de ampliación si no le pagan 1600 millones de dólares por sobreprecios. La compañía ocultó la situación a las autoridades financieras ibéricas.

La eventual paralización de las obras de ampliación del Canal de Panamá, adjudicadas a un grupo liderado por la empresa española Sacyr e integrado entre otras por la italiana Impregilo y la belga Jan de Nul, podría despertar las alarmas globales -la construcción de un tercer juego de esclusas en la vía interoceánica esta llamada a promover un fuerte incremento en el comercio marítimo mundial- y abrir un signo de interrogación sobre el prestigio de la “Marca España”, una política de Estado que busca mejorar la imagen del país en medio de la crisis.

El consorcio envió el miércoles una nota de preaviso a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la que le daba un plazo de 21 días para llegar a un acuerdo y así cobrar 1600 millones de dólares que reclama por supuestos sobrecostos en las obras. “Esto no tiene nada que ver con la Marca España. Estamos defendiendo la viabilidad de un proyecto y hemos probado que somos capaces de llevar a cabo la obra, sólo que esta tiene un sobrecosto real e imprevisto que hay que resolver”, dijo en Madrid una fuente empresaria.

Con el cese de las obras Sacyr deja en el aire un proyecto emblemático del sector español en el extranjero. Hasta el miércoles la empresa había ocultado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el organismo regulador español, su verdadera situación en Panamá. Ayer, más allá de lo que se pueda venir, ya sufrió el castigo en la primera sesión bursátil del año, en la que sus acciones cerraron con una caída del 8,95% tras haber arrancado con pérdidas del 15 por ciento.

El ultimátum disparó la tensión entre las partes: la ACP rechazó lo que calificó como “burdas presiones”. Con ella coincidieron todos los sectores políticos y el presidente Ricardo Martinelli anunció que viajará a España e Italia para exigir a los gobiernos que obliguen a sus empresas a cumplir con el contrato de ampliación del Canal.

Sacyr apunta a “la esperanza y el deseo” de que en las próximas semanas se llegue a un acuerdo. “No es una amenaza, es una realidad económica”, aseguraron sus voceros. Lo grave para el propio gobierno español es que sobre un hecho puntual se cierne la sombra de lo que ha sido una práctica habitual de las empresas españolas durante el desarrollo de la burbuja inmobiliaria que precedió a la devastadora crisis que golpea al país, denunció la Izquierda Unida (IU), el tercer partido político de España.

“Nunca hemos sido partidarios de las llamadas bajas temerarias (ofertar bajos costos) ni los mecanismos posteriores de maquillaje (los llamados sobrecostos) que permiten incrementar sustancialmente el precio inicial de un concurso público”, dijo el diputado Gaspar Llamazares. La IU lamentó que lo ocurrido en Panamá “no le dé buena prensa” al país, y recordó que “la Marca España debe ser solvente y rigurosa”. Y agregó: “Cuando se va a un concurso se debe hacer una oferta que se pueda cumplir y no una que busque negociar a mitad de camino o romper con lo pactado”, señaló Llamazares.

El planteo de la empresa española recordó los documentos filtrados hace tres años por la organización Wikileaks, en los cuales el gobierno panameño ya expresaba en 2010 sus dudas sobre Sacyr y afirmaba que la adjudicación había sido “un gran error”.

La imagen de la “marca españa” en América Latina

En pleno desarrollo de una crisis galopante, con el sector de la construcción prácticamente paralizado, una ola sin par de desalojos que presagia largos años de quietud y una obra pública reducida al máximo, América latina se convierte en un mercado vital para las empresas españolas. Sacyr es una de las más importantes, con una cifra de negocios de más de 4600 millones de dólares, de la que el 40% corresponde al mercado internacional. Las últimas concesiones importantes se las adjudicó en Chile: varias autopistas y un hospital en Antofagasta.

El 95% de las grandes empresas españolas admitió que pretende aumentar su facturación en Latinoamérica en los próximos tres años. Entre ellas están Repsol, Iberdrola, Endesa, Banco Santander, La Caixa, Telefónica, NH o Telepizza. Precisamente, esta última abrió hace pocos días su primer negocio en Panamá. Casi todas son viejas conocidas de los argentinos. Casualmente, meses atrás el seminario Repensando la marca España, organizado por el Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo y el Real Instituto Elcano, revelaba que los países con peor percepción de España son los latinoamericanos, entre ellos Panamá, Argentina, Perú, Chile y Colombia.