Transparencia y Ministerio Público asumen lucha contra corrupción

Lentos procesos en la administración de  justicia impiden esclarecer los casos debido a la ausencia de acompañamiento de algunos fiscales, señalaron ambas instituciones.

En vista de que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción no cuenta con el acompañamiento de algunos fiscales de materia para procesar las denuncias presentadas por hechos de corrupción, la ministra Nardi Suxo y el fiscal general, Ramiro Guerrero, emprendieron acciones para evitar que malos servidores públicos obstaculicen la lucha contra la corrupción.

“Se ha podido evidenciar que algunos fiscales cuestionan la calidad del Ministerio de Transparencia, no dan curso a las diligencias para el avance de los casos, ni aceptan los recursos presentados, impidiendo que esta cartera de Estado realice el seguimiento de los casos, negando la revisión de los expedientes para que se asuman las acciones pertinentes”, sostiene un reporte oficial de ese despacho.

FISCALES

Hace más de una semana, la ministra Suxo en conferencia de prensa entregó al Fiscal General una carpeta de denuncias contra fiscales departamentales: “Hemos hecho una carpeta departamento por departamento, de todas las denuncias que tenemos contra los fiscales, con nombres, con casos, con temas muy puntuales, para que usted tome las acciones necesarias” señala y agrega que “como dice la Constitución Política del Estado cualquier persona que conoce un hecho de corrupción tiene la obligación de denunciarlo, quien no denuncia está protegiendo un hecho de corrupción quien deja en la impunidad también”, sostiene la autoridad.

FISCAL GENERAL

Por su parte, el Fiscal General comprometió realizar ajustes y cambios necesarios.  “Hemos emitido instructivos para que los fiscales puedan facilitar los cuadernos de investigación, puedan admitir memoriales y otro tipo de actuaciones, si hay algunos servidores que no cumplen ello será pasible a sanciones y responsabilidades tanto disciplinarias y penales, ese es nuestro compromiso” aseguró. En ese sentido´, el ministerio Público y ministerio de Transparencia asumirán acciones conjuntas para el correcto procesamiento de los delitos de corrupción y la recuperación oportuna de los bienes del Estado.

CASO BOA

El fiscal general Ramiro Guerrero informó que su despacho devolvió la proposición acusatoria presentada por los asambleístas de Convergencia Nacional porque piden que se investigue el caso BoA por supuestos delitos de uso indebido de influencias, entre otros.

Guerrero explicó que el caso fue rechazado porque los denunciantes de la oposición no habrían individualizado a quienes sindican. Estos proveídos deberán ser subsanados en un tiempo prudente para que el Ministerio Público inicie las investigaciones, manifestó.

CASO BARCAZAS

De acuerdo con versiones difundidas por la prensa nacional, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, reiteró la denuncia en la Fiscalía contra el contraalmirante Freddy Ballesteros, quien en 2009, cuando estaba al frente de la estatal Empresa Naviera Boliviana (Enabol), firmó los contratos de compra, según un comunicado del ministerio de Defensa. El ministro ratificó ante un fiscal su denuncia penal contra un jefe naval por comprar supuestamente de forma irregular a empresas de Corea del Sur una flotilla de barcazas y remolcadores por $us 26 millones, dijo entonces una fuente oficial. Ballesteros firmó un contrato con Seah B&k Duck Sung por la construcción de 16 barcazas valoradas en $us 14,4 millones y otro con la compañía Yensoo Shipinbuilding por dos remolcadores valuados en $us 11,5 millones. Según el ministerio se investigan “presuntas irregularidades” en el proceso de licitación y adjudicación y en los pagos por adelantado a las firmas por las naves que se encuentran en ciudades de China, donde fueron construidas, en medio de problemas legales, señalaron esas mismas versiones de prensa.

La denuncia indica que Ballesteros supuestamente “favoreció” a las firmas coreanas al dejar sin efecto las garantías bancarias que habían dado al Estado boliviano como condición para adjudicarse el trabajo.

El entonces fiscal Aldo Ortiz imputó a Ballesteros por los delitos de “conducta antieconómica, suscripción de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes” y ordenó su detención por el “riesgo de fuga”, según el ministerio de Defensa, las barcazas estuvieron expuestas a su remate.

CASO GAS RICO

En relación al gas rico que Bolivia exportaba al Brasil, esa nación vecina ha reconocido una deuda en favor de YPFB de más de $us 430 millones para lo cual se han suscrito acuerdos entre las partes. A partir de la puesta en funcionamiento de la planta de Río Grande Bolivia ha comenzado con el proceso industrial de separación de líquidos especialmente gasolinas, diésel y GLP con lo que se podrá incrementar el abastecimiento interno y exportar excedentes a los mercados regionales. Entre tanto, el ingreso en operaciones de la planta de separación de líquidos de Gran Chaco el país seguirá exportando “gas natural  rico” al vecino país que es el segundo en importancia después de Brasil.

BCB

En relación al robo de $us 120.000 dólares de las bóvedas del BCB, el presidente de la entidad Marcelo Zabalaga dijo que el ente emisor pidió la intervención de la Fiscalía y de la Felcc, donde se investiga el caso. “Se ha identificado a las personas involucradas en este hecho y se puede recurrir a las declaraciones que cursan en  la Felcc”, dijo.

Zabalaga manifestó que la sustracción de valores (dinero) no es fenómeno único de un país de la región, ya que en América Latina se han conocido varios casos de sustracción de dineros por parte de cajeros, contadores y recaudadores.

Recordó que recientemente se dio un caso en Chile y agregó que en Brasil fue más grande la magnitud del robo. Manifestó que el robo perpetrado de dinero de la bóveda del Banco Central no es tema de seguridad sino de falta de honestidad de las personas e insistió que al respecto, se han adoptado todas las medidas de seguridad.

CAMINOS

“Tres sospechosos participaron en adjudicaciones”, bajo ese título, La Prensa publicó la noticia el 22 de agosto pasado. El exgerente general de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Roberto Arauz, y los exfuncionarios de esta empresa Fernando Zegarra y Huáscar Críales, destituidos por supuestos actos de corrupción, participaron en procesos de adjudicación para la construcción de tramos carreteros en el país.

La entonces presidenta ejecutiva de la empresa estatal caminera, Patricia Ballivián, declaró a ese medio sobre los pormenores del proceso de adjudicación de obras, procedimiento que será controlado en breve a través de auditorías especializadas, que estarán a cargo de una empresa privada.

Junto a los tres anteriores personeros fue destituido Dennis Arratia, quien ocupaba un cargo de técnico de aplicaciones (informática) en la Gerencia de Construcciones. Este caso comenzó con el hallazgo de correos electrónicos “sospechosos” que mencionaban “ciertas actitudes de cobros. Hay mucho que está en clave, 24 millas, o cosas así, que derivaron en el presentación de la denuncia”. Ballivián dejó en manos de la Fiscalía la valoración de la información proporcionada por ABC. Afirma que se “está trabajando para limpiar la institución con la detección de actos que no estaban muy claros”.

TELEFÉRICO

Por mandato de la Ley del Teleférico de 16 de julio de 2012, se decretó la construcción, implementación y administración del sistema de transporte por cable (teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto. El Artículo 3 de dicha norma versa sobre la contratación directa y autoriza al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, la contratación directa bajo la modalidad llave en mano de una empresa especializada para la construcción y puesta en marcha de las tres líneas del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico), establecido en el Artículo 2 de la presente Ley.

PAPELBOL

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas Sedem, lograron recuperar a favor del Estado Boliviano la suma de $us 949.970.70 (Novecientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta 70/100 dólares), que se encuentra ya en las cuentas del Sedem, tras ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato de la Empresa D’Andrea Agrimport Importacao e Comercio Ltda., con la que el Estado Boliviano suscribió un contrato para la construcción de una Planta de Fabricación de Papel (Papelbol), con la garantía de cumplimiento de contrato de la compañía aseguradora La Boliviana Ciacruz, la cual emitió una póliza de Caución por Bs 6.611.798,16 (Seis Millones Seiscientos Once mil setecientos noventa y ocho).

“Aunque se realizaron adendas que permitieron la ampliación del plazo de entrega de la planta mencionada, se determinó la existencia de incumplimientos severos e injustificados a los plazos de entrega, tanto de los documentos de diseño final como de los cronogramas de entrega de las provisiones. Ante esa situación el Sedem emitió la Resolución Administrativa que declaró el incumplimiento de contrato, y resolvió ejecutar la garantía de cumplimiento del mismo”, según el documento.