Gobierno rechaza pagar más por el etanol y cañeros anuncian medidas de presión

Los Tiempos
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Foto: YPFB

El Gobierno nacional rechazó ayer la solicitud de incrementar el precio del etanol porque le representaría al Estado un presupuesto adicional de 140 millones bolivianos, ante la negativa los cañeros abandonaron la reunión y anunciaron medidas de presión.

En diciembre de este año concluye la primera etapa del acuerdo para la provisión de etanol firmado el  2018 entre el Gobierno y los cañeros. En aquella oportunidad se definió que el precio del aditivo era de 0.69 dólares por litro (equivalente a 4.80 bolivianos).

El presidente de la Confederación de Cañeros de Bolivia (Concabol), Oscar Arnéz, señaló que el sector planteó subir 0.10 dólares (equivalente a 69 centavos de boliviano); aunque tampoco se logró un acuerdo.

“Lamentablemente, la posición que han tenido es que quieren seguir importando gasolina y no quieren comprarnos alcohol. Quieren seguir sacando los dólares fuera del país y no crear empleos. En esa parte nos sentimos totalmente decepcionados”, informó el dirigente.

El sector llamará a una reunión nacional y asamblea de cañeros para determinar las medidas a seguir.

Los cañeros observan que mientras el Gobierno importa el litro de gasolina a 8 bolivianos, durante cinco años a ellos les pagó 4.80 bolivianos por litro de etanol y ahora se niega a pagarles a 5.50 bolivianos.

El Gobierno nacional quiere mantener el precio del etanol, pero incrementar la demanda de 178 millones de litros a cerca a los 200 millones de litros para continuar con la política de los biocombustibles y reducir la subvención de los carburantes.

“Ellos nos han planteado una modificación en el precio hacia arriba, nosotros les hemos manifestado que bajo las actuales condiciones ese incremento no es viable y no es factible por varios factores, primero porque la importación de combustibles le significa al Estado la erogación de recursos y este incremento significaría alrededor de 140 millones de bolivianos, lo cual para nosotros es inaceptable”, explicó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

El Gobierno sostiene que en los últimos cinco años desembolsó a los cañeros cerca de 355 millones de dólares.