Fondos de AFPs pasarán a administración pública

Con la creación de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, aprobada por decreto el pasado miércoles, el único cambio radical es que el dinero de los aportes para jubilación pasa de la administración privada a la pública, según especialistas.

Coincidieron en que, de acuerdo con la nueva Ley de Pensiones que rige a la Gestora Pública, se mantiene la orientación bancaria, el trabajador sigue siendo el principal aportante para su jubilación, continuará cobrando comisión por administrar los aportes y no permite la participación de representantes de los pensionistas para ejercer fiscalización. Además, el Estado pasa a ser juez y parte respecto al pago de la deuda contraída al prestarse de las AFP el dinero de los aportes.

La nueva Ley 065 de Pensiones, vigente desde 2011, establece la creación de la Gestora Pública en reemplazo de las AFP.

La Constitución Política del Estado (CPE) establece que todo lo relacionado con la seguridad social, incluida la garantía de ejercer ese derecho, debe ser un servicio público.

La creación de la Gestora sigue esa ruta, pero es la única, ya que mantiene la orientación de las AFP que, por administrar, cobran una comisión al asegurado de 0,5 por ciento del total ganado o del ingreso cotizable. La Gestora Pública percibirá este mismo monto una vez que asuma la administración, apuntó el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Bruno Rojas.

A fines de diciembre, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, informó que hay cerca de 1,7 millones de asegurados y que las AFP administran más de 9 mil millones de dólares de aportes.

Rojas también hizo notar que el Gobierno señaló tiempo atrás que no se permite la participación directa de los aportantes en el directorio de la Gestora, por tanto éstos no podrán hacer control social sobre cómo se administran los fondos o cuánto se obtiene por las inversiones con el dinero del aportante.

A pesar de eso, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) señalaron en días pasados que en el pliego petitorio de 2015 insistirán en ser parte de ese directorio.

La total tuición sobre el manejo de los fondos y el destino de la inversión tampoco cambia. Rojas recordó que con la antigua ley de pensiones el Estado llegó a disponer del 60 por ciento de los aportes, en calidad de préstamo. Actualmente, el monto se redujo a 30 o 35 por ciento, monto del que es deudor.

“Va a ser juez y parte porque va a administrar el dinero de quien le prestó recursos”, dijo.

El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Armando Méndez, coincidió con Rojas y explicó que el Estado se presta de las AFP el dinero de los aportantes para pagar las jubilaciones del antiguo sistema de pensiones.

Por tanto, ahora, con la Gestora, debe obligarse a cumplir su deuda con los aportantes (en pago de intereses) y hacerse cargo de honrar la deuda cuando la actual generación sandwich comience a jubilarse “de manera importante”.

Además hizo notar que están pendientes las deudas por aportes que tienen algunas empresas públicas con sus trabajadores.

El economista Alberto Bonadona apuntó que el único cambio es que el directorio será nombrado por el Ejecutivo y habrá supervisión de la Asamblea Legislativa, pero en esencia, las funciones de la Gestora serán las mismas que las de las AFP con el añadido de que existe “un alto peligro de politización”.

El directorio a cargo de la Gestora estará compuesto por cinco miembros que serán designados por el presidente Evo Morales y podrán ser removidos cada cinco años.

Rojas señaló que ese tipo de elección resta transparencia al manejo de la Gestora.

El Estado “va a necesitar ser muy riguroso en el manejo” de la Gestora, añadió Méndez

Gestora tiene 18 meses para dirigir Sistema de Pensiones

El Decreto Supremo 2248 que fue aprobado el miércoles por el gabinete, constituye la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y le da un plazo de 18 meses para transferir, bajo su cuidado, la administración del Sistema Integrado de Pensiones (SIP), que está actualmente manejado por las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP).

La gestora, bajo tuición del Ministerio de Economía, se constituye en una empresa pública nacional estratégica con un patrimonio inicial de Bs 80 millones, iniciará sus actividades antes de julio de 2016. Para transferir la administración del SIP, deberá franquear todo un proceso administrativo, con la intervención de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

“La APS, en un plazo no mayor a 45 días calendario, a partir del nombramiento del gerente general de la gestora, deberá establecer un cronograma de traspaso, en coordinación con la gestora. Este cronograma no podrá superar el plazo de 16 meses computados a partir de la publicación de este decreto”, especifica la normativa.

La APS deberá realizar auditorías legales de todos los procesos coactivos de la Seguridad Social y Procesos Penales instaurados por las AFP, conforme a un cronograma que se establece en el decreto y una auditoría de los fondos del SIP.

El DS 2248 también aprueba los estatutos de la fiscalizadora. Establece que las oficinas centrales de la empresa estratégica estará en la ciudad de La Paz, con sucursales en todo el país y administrará los fondos del Sistema Integral de Pensiones, (Fondo de Ahorro Previsional, Fondo de Vejez, Fondo Colectivo de Riesgos, Fondo Solidario, Fondo de la Renta Universal de Vejez), gestión de prestaciones, beneficios y otros.

Además de su patrimonio inicial, de la entidad se financiará con la comisión del 0,5% el ingreso cotizable de los asegurados, de la comisión por el servicio de la Administración del Fondo de la Renta Universal de Vejez, de la Renta Dignidad y Gastos Funerarios, además de donaciones, créditos, empréstitos y fideicomisos. Podrá constituir una reserva legal, con un 5% de sus utilidades.

El estatuto determina un máximo tope salarial mensual de Bs 70.000 para el presidente del directorio y la gerencia general. De Bs 50.000 para la gerencia nacional y el auditor interno principal. De Bs 35.000 para gerencias regionales y de Bs 30.000 para la subgerencia nacional