Las expectativas de la población latinoamericana se ven afectadas por un proceso de paro económico

América Latina atraviesa por una etapa de convulsión. Las crisis políticas de la región, las protestas, las demandas de cambio y las reivindicaciones de los ciudadanos llevan meses evidenciando debilidades estructurales y forzando a algunos Gobiernos a mirarse en el espejo. Detrás de estas turbulencias, que se han dado de forma casi paralela aunque responden a especificidades distintas, hay una premisa común: la desigualdad. Pero la brecha social, de alguna manera, siempre estuvo ahí. Por lo que cabe preguntarse, ¿por qué ahora? Luis Felipe López-Calva, director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cree que, antes de nada, “hay que entender mejor la relación entre gobernanza y desigualdad”.

El economista mexicano, que presenta este lunes en Bogotá el informe anual sobre desarrollo humano elaborado por el organismo de la ONU, incide en la importancia de ese vínculo en conversación con EL PAÍS, ya que “la relación entre desigualdad y gobernanza puede generar este de tipo de procesos de mucha conflictividad y eventualmente, lamentablemente, de violencia”. En su opinión, se dan tres factores de tensión. “Desde el punto de vista económico, la desaceleración”. Este es el punto de partida que alentó, por ejemplo, las protestas en Chile, en Colombia y en cierta medida en Ecuador. “La economía latinoamericana tuvo un proceso muy importante de crecimiento para estándares latinoamericanos”, razona. “Se redujo la pobreza monetaria del 44% al 24%, de acuerdo con datos del Banco Mundial. No es un logro menor. Y ahora las expectativas crecientes de la población latinoamericana se ven afectadas por un proceso de paro económico. No recesión, pero sí desaceleración. La pobreza multidimensional, con más del 30% de la población, se redujo mucho pero los retos son muy grandes. Ese proceso que tenía Latinoamérica de ir hacia convertirse eventualmente en una sociedad de clase media, fuerte, se interrumpe”.

El vendaval económico expone a la región y la hace más vulnerable a fenómenos como la migración. Colombia, concretamente, aplicó una política de puertas abiertas ante éxodo de venezolanos. Millones de personas huyen del régimen de Nicolás Maduro y en el país vecino ya se han instalado más de 1,5, camino de dos. “No esperábamos que en la región crecieran los flujos migratorios de la manera en que lo están haciendo, que por cierto es una forma extrema con la que las personas procesan su desencuentro con la gobernanza. En muchos casos por razones de violencia, económicas o por razones aspiracionales la gente simplemente decide que tiene que moverse. Ese es un segundo aspecto que genera también tensión social”, reflexiona López-Calva, que añade un tercer elemento: “Es el tema ambiental. Solo este año hemos visto los incendios en la Amazonia, la Chiquitanía en Bolivia y un huracán de dimensión inusitada en el caso de Bahamas. Esta situación demanda que la gobernanza responda de una manera efectiva”.

“Cuando hablamos de gobernanza”, continúa el responsable del PNUD para Latinoamérica, “estamos hablando de acuerdos entre actores”. “Y hay dos acuerdos básicos: de políticas públicas, como salud, educación e infraestructuras, y acuerdos respecto a las reglas del juego, sobre cómo cambiamos de Gobierno, cómo votamos”. “La desigualdad puede afectar la capacidad de esos actores de estar en esa mesa. En Chile, es muy interesante ver que después de las movilizaciones, el Gobierno responde diciendo ‘aquí está un nuevo paquete de políticas’. Pero la ciudadanía dice que no, que eso no es suficiente y quiere un cambio en las reglas del juego. Por eso tenemos que relacionar desigualdad con gobernanza”.

En cualquier caso, según este funcionario de Naciones Unidas, “es muy importante diferenciar los procesos que están llevándose a cabo”. Es decir, no es lo mismo lo que ocurrió en Chile, en Ecuador que lo que pasa en Colombia, aunque siempre existen lineamientos comunes. “El aspecto aspiracional es importante tenerlo ahí, en el sentido de que las aspiraciones de muchos grupos no se ven satisfechas. Veamos el caso de la violencia, por ejemplo. Latinoamérica y en el Caribe tienen el 8% de la población global, pero al mismo tiempo el 36% de las muertes violentas a nivel global. Catorce de los 20 países más violentos están en nuestra región y es algo a lo que la sociedad tiene que reaccionar. Según el Latinobarómetro más reciente, más del 75% de los ciudadanos dijeron que el sistema político está al servicio de los más poderosos. Estamos hablando de que esa desigualdad ha minado la confianza en las instituciones. Y por tanto la capacidad de las instituciones de procesar esos acuerdos”, mantiene López-Calva. Y corrupción, por supuesto, es uno de los determinantes de la caída en la confianza en los Gobiernos.

Por eso, recalca, “hay que recuperar la noción básica de legitimidad”. Y para eso quizá América Latina tenga que ir más allá en el fortalecimiento de los controles al poder. “Hay un poder muy fuerte centralizado y débiles controles a ese poder centralizado y eso dificulta la construcción de acuerdos. Hay otras democracias que buscan la legitimidad no solamente en las urnas sino también en la forma en la que se construyen los acuerdos”. La rendición de cuentas es el primer paso. Pero, por encima de todo, según el responsable del PNUD, se trata de profundizar la relación entre desigualdad y buen gobierno. Un asunto que tiene que ver con todos los desafíos de la región y del que, en buena medida, dependen las oportunidades de futuro.