Las regiones sufren la caída de ingresos y frenan inversiones
Con la pandemia en plena escalada, el descenso del precio del petróleo y la menor demanda de gas natural y el sector minero con bajas cotizaciones de minerales, las regiones productoras anticipan un fuerte descenso de ingresos y la postergación de proyectos de inversión.
La estatal Petróleos Brasileiro SA (Petrobras) ratificó el pasado miércoles que demandará menos gas a sus proveedores extranjeros, entre ellos Bolivia, por efecto de la crisis del virus.
Rubén Ardaya, secretario general de la Gobernación de Tarija, la principal región productora de gas, señaló que este panorama negativo para el sector va significar una caída de más de 60% en los ingresos que se había programado. De hecho, adelanta que este mes los recursos apenas alcanzan para pagar salarios.
Ardaya anticipó que todos los proyectos camineros están en la congeladora, al igual que la construcción de presas de agua, electrificación y sólo se está tratando de mantener los proyectos sociales, para que no avance la pobreza en la región. “Por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías, en febrero se recibía 60 millones de bolivianos mensuales, ahora eso bajó sustancialmente. A fin de mes proyectamos que nos enviarán unos 20 millones, ese es el peso de la caída del precio y demanda de gas”, lamentó.
Si se compara con 2014, cuando el departamento recibía 1.600 millones de bolivianos, disminuyó en un 80%. También se perjudica seguridad ciudadana, educación y otros.
En el caso de Cochabamba, el presidente de la Cámara Departamental de Hidrocarburos, Christian Torrico, señaló que en la región varios proyectos se encuentran paralizados.
Explicó que el departamento tiene tres brazos operativos: los pozos productores de gas y petróleo; la refinación; y la planta de urea y amoniaco. Luego está la cadena de distribución, estaciones de servicio y las empresas de instalaciones de gas domiciliario, comercial e industrial.
Muchos de estos sectores, según Torrico, han parado por la pandemia y en el caso de la planta de urea se ha solicitado información a las autoridades sobre su funcionamiento. “No hubo respuesta, pero conocemos por las empresas que pertenecen a la Cámara y que ya no tienen contrato, que la planta no está activa”, puntualizó.
Frente a ese escenario la Cámara sugiere una reestructuración del sector y reingeniería de la Ley 3058 para priorizar el mercado interno.
En el caso de La Paz, la región enfrenta un descenso de ingresos por regalías mineras, ya que la actividad está paralizada.
Esteban Pati, secretario departamental de Minería, explicó que el año pasado se recibió 234 millones de bolivianos de regalías mineras, de los cuales 197 millones fueron a la Gobernación y el resto a municipios. “Este año proyectamos recibir mas ingresos, pero la pandemia ha paralizado al sector minero, y hemos dejado de recibir 20 millones de bolivianos por mes” indicó.
Sin recursos los proyectos de electrificación, riego caminos, puentes están postergados.
Además hay una caída del precio del zinc de 1,2 dólares la libra fina a 0,87 centavos y los productores están preocupados. Si bien el oro se sigue exportando, la regalía que pagan las cooperativas es baja: 2,5%.
Descenso de recursos afecta a universidades
Las universidades públicas también se han visto afectadas por el descensos de ingresos por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otros recursos.
El exsecretario del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) Gustavo Rojas explicó que las universidades dependen de los recursos del IDH, de subvención ordinaria y de coparticipación tributaria. Si hay un descenso del IDH, se frenan proyectos deinvestigación e interacción social, sostuvo.
En su criterio las universidades medianas y chicas -como son las de Oruro, Tarija, Beni y Pando- serán las más perjudicadas en su presupuesto por la caída de ingresos.
Mientras que las universidades del eje central y de Potosí, Chuquisaca si bien sufrirán un impacto éste puede ser menor porque la coparticipación se mide en función a la cantidad poblacional, añadió.
El jueves la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó la “Ley de Suspensión y Reasignación de Recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) ante Covid 19”, que permite reasignar 200 millones de bolivianos a favor de los municipios, gobernaciones y universidades para enfrentar y contener la expansión de la pandemia del coronavirus.
Las universidades públicas que se benefician con esos recursos tienen la obligación de equipar los hospitales universitarios, laboratorios, comprar de insumos y otras actividades directas para la prevención, contención y atención de la pandemia. Recibirán 14 millones (7% de los recursos).
Anticipan menores recursos para las regiones
El Gobierno informó que al caer el precio del petróleo, los ingresos por venta de gas disminuyen en desmedro de las arcas del Estado, de las gobernaciones, alcaldías y universidades públicas.
Los ingresos proyectados en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2020 se establecieron en función de una cotización internacional del petróleo de 51,37 dólares. Sin embargo, debido al contexto internacional, en enero el precio estaba en 51,56 dólares, en febrero 44,76. Luego, en mayo, bajó a menos de 30 dólares y el viernes cerró en 39,75 dólares con una ganancia de 11% en la semana.
El 20 de abril, el petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Bolivia, registró un desplome histórico del 305% y por primera vez desde que hay estadísticas entró en valores negativos, pues el precio del barril quedó en -37,63 dólares, debido al impacto de la pandemia.
El Ministerio de la Presidencia durante la presentación de los objetivos del proyecto de Ley para la transferencia del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), señaló que debido a la pandemia, el Gobierno adoptó medidas de prevención y el diferimiento de pago obligaciones tributarias, lo cual incidió de forma directa en el desenvolvimiento de la economía y repercutió a la recaudación de impuestos nacionales.
Esto afectó las transferencia al Tesoro, de los recursos provenientes del la coparticipación tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados y perjudican a los beneficiarios.