Las imposiciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)

En una época, los acuerdos comerciales trataban solo de comercio. El principio del negociador era el siguiente: permitiré que algunos de tus productos ingresen a mi mercado si permites que algunos de los míos entren al tuyo. Se podían evaluar cuáles serían sus beneficios y si la transacción resultaba satisfactoria para ambas partes, se había hecho un buen negocio.

Hoy los acuerdos comerciales ya no son específicamente de comercio. La tendencia comenzó en el momento en que la propiedad intelectual, los servicios y las medidas de inversión ingresaron al sistema de las normas comerciales, cuando el antiguo GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) se transformó en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Ahora es así: si no respetas los derechos de patente de mis empresas, puedo castigarte imponiendo un arancel adicional a tu producto e impidiendo que entre a mi mercado.

Esto ha complicado las normas del comercio, ya que las cuestiones no comerciales invadieron el sistema. Pero esta complicación en la OMC es menor en comparación con los acuerdos de libre comercio que involucran a Estados Unidos y a la Unión Europea.

Tomemos como ejemplo el caso de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), en el que participan doce países: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Bajo el liderazgo de Estados Unidos, el TPP incluye capítulos sobre varias cuestiones no comerciales, entre ellas la propiedad intelectual -con estándares mucho más altos que en la OMC-, las normas sobre la liberalización de las inversiones, un sistema en el que los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados receptores ante un tribunal internacional, y la apertura del sector servicios a la propiedad extranjera.

Están también los dos temas que interfieren directamente en la forma en que actúa el gobierno: las compras del sector público o las normas sobre cómo el Estado decide adjudicar contratos de bienes, servicios y proyectos, que están disponibles para los extranjeros como si fueran locales, y las empresas de propiedad estatal, incluso las privadas en las que el Estado tiene una participación, que se rigen por normas que les impiden tener ventajas.

El “acuerdo de libre comercio” ha ido mucho más allá de las condiciones de importación y exportación de mercancías, y ha penetrado profundamente en la estructura de la economía doméstica, en especial en la forma en que se permite o no que las empresas locales se beneficien de las políticas gubernamentales, y cómo el gobierno dirige su negocio.

Luego están también los capítulos del TPP sobre las normas laborales y ambientales. Esto comenzó con el intento del gobierno estadounidense de complacer a los miembros del Congreso, sindicatos y ambientalistas, que de otra manera se hubieran opuesto a la firma del acuerdo con otros países. Para los sindicatos, los tratados de libre comercio tienen efectos negativos sobre los trabajadores estadounidenses, ya que los puestos de trabajo se van al extranjero, las empresas invierten fuera del país y aumentan las importaciones. Para remediar esta situación se pide a los países socios que se rijan por leyes laborales y ambientales de un nivel aceptable para el gobierno, el Congreso y los grupos de presión de Estados Unidos.

A los países en desarrollo les preocupa un acuerdo que interfiera con sus políticas sociales y ambientales, y también temen que el aumento de los costos erosione su competitividad. Pero si quieren firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos o la Unión Europea no tienen otro camino que aceptar estas condiciones, junto con las demás cuestiones no comerciales.

Sin embargo, ni siquiera esto basta para satisfacer al Congreso o los grupos de presión de Estados Unidos. En las últimas semanas han surgido nuevas demandas que probablemente se conviertan en nuevas condiciones para los países que quieran firmar el TPP.

En primer lugar, muchos miembros del Congreso de Estados Unidos han dejado en claro que no aprobarán el TPP a menos que contenga un capítulo sobre la “manipulación monetaria”. Malasia y Singapur son los acusados de esta práctica. Los países que manipulan su moneda para llevar su nivel por debajo de lo que debería ser -y así permitir que sus exportaciones se vendan a mejor precio- serán castigados con impuestos adicionales sobre sus productos, para compensar su bajo precio artificial. Los criterios utilizados para definir que un país es manipulador de moneda pueden ser cuestionados intelectualmente, pero el acusado tendría que argumentar en su defensa.

En segundo lugar, varios miembros del Congreso han señalado recientemente que Vietnam y Malasia tienen normas y prácticas laborales por debajo de lo aceptable. Una publicación de comercio informó que los negociadores de Estados Unidos en el TPP pidieron a estos dos países que cambien sus regulaciones laborales de manera de cumplir con los requisitos del Congreso.

En tercer lugar, Estados Unidos ha elaborado un informe sobre la trata de personas, que incluye la trata de inmigrantes. Tailandia y Malasia ocupan la categoría más baja, lo cual implica que sus estándares serían los peores, según destaca un editorial del International New York Times. Aunque el gobierno malasio ha negado las acusaciones, la denuncia podría ser tenida en cuenta por Estados Unidos en el contexto del TPP.

Además, otra particularidad del sistema estadounidense puede obstaculizar la capacidad de un país de llegar a beneficiarse del TPP: el “requisito de certificación”. Incluso después de la firma del TPP por todas las partes, las preferencias que debe dar Estados Unidos a un país socio no entrarán en vigor hasta tanto no obtenga la “certificación” por parte del Congreso de que ha cumplido con todas las disposiciones del TPP. En esa etapa, el Congreso todavía puede exigir a ese país que introduzca cambios en sus leyes, reglamentos y prácticas, como ya les ha sucedido a algunos de los que han firmado recientemente acuerdos bilaterales de libre comercio con Estados Unidos.

Todas las cuestiones antes mencionadas conforman el marco en el que tienen lugar las negociaciones del TPP.

Martin Khor, fundador de TWN y director ejecutivo del Centro del Sur.