Pecados capitales. SOAT 2015

Se trata de un apetecido mercado para cualquier compañía.

Las reglas de convocatoria de la APS y el monopolio del seguro.

Alrededor de esta época del año, los propietarios de automotores proceden con la ya rutinaria obligación de comprar un seguro que ha venido a denominarse Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), pequeña roseta de brillantes y diferentes colores y formas, que se adhiere internamente al parabrisas de las movilidades del servicio público y privado.

Quienes afortunadamente no han tenido la necesidad de utilizar el SOAT, saben a grandes rasgos que en general, se trata de un seguro que cubre una denominada “responsabilidad civil” que se define como: “…aquella responsabilidad que lleva consigo la obligación de resarcir los daños causados y/o provocados por uno mismo o por tercero…”.

En la mayoría de los casos, hablamos de daños de carácter físico antes que material, que casi siempre emergen de  siniestros o accidentes de tránsito, es decir de uno o varios sucesos eventuales, casuales y fortuitos que alteran el orden regular de la circulación de motorizados y del daño que resultare para personas o cosas.

El SOAT 2015

Como cada año, la convocatoria pública fue lanzada en el mes de septiembre para adjudicar la licitación a dos o más compañías de seguros en el marco de la Constitución Política del Estado, que taxativamente prohíbe el monopolio; en este caso específico tratándose de un mercado cuyo capacidad de recaudación es suculento y se presta a susceptibilidades entre quienes inter vienen en el proceso de selección. Pero este año, incumpliendo  disposiciones constitucionales, la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) declaró ganadora del concurso a la compañía Alianza, generando la protesta del sector del autotransporte y de las autoridades del Ejecutivo boliviano. Dat0s supo de fuentes bien informadas que el resultado de la licitación favorable a una de las tres aseguradoras que se presentaron a la licitación, provocó malestar en el Gobierno, por constituir tácito incumplimiento a la Carta Magna.

Pero además, porque examinados los antecedentes, la APS debió excluir a todas las aseguradoras y convocar a una nueva licitación para no incurrir en la vieja cuanto ilegal actitud de favoritismo. “Los requisitos se prestan a una  serie de interpretaciones subjetivas por el endurecimiento que año tras año antecede la convocatoria”, dijo un bróker que prefiere mantener su nombre en reserva.

La misma fuente mostró la carta de una clínica privada de la ciudad de La Paz en la que detalla el incumplimiento de pagos emergentes del SOAT, de la compañía ganadora. El caso no quedó ahí. Además, desveló que la certificación de No Adeudos a las AFPs Futuro y Previsión, se encontraba fuera de los plazos exigidos por la norma, lo que de hecho la inhabilitaba para  adjudicarse el SOAT.

Todos estos antecedentes habrían sido presentados a la APS que a pesar de todo mantuvo su decisión de adjudicar a la compañía. Cuando el tema amenazaba convertirse en un conflicto mayor, debido a la protesta del poderoso sector del autotransporte, el Gobierno tomó cartas en el asunto y exigió a los representantes jerárquicos de la APS que analice una nueva convocatoria.

¿Qué dice la autoridad fiscalizadora? Afirma que ni aseguradoras, ni beneficiarios, ni asegurados y menos aún, aquellos intermediarios imprescindibles en el proceso, se salvan de la crítica por el hecho recurrente del uso frontalmente indebido del SOAT, especialmente en lo referido a la transparencia del accionar que a cada uno le toca desempeñar en esta compleja cadena de servicios especializados, en el que la buena fe es de gravitante importancia. Pero si es así, como la propia autoridad reconoce, ha tardado años en darse cuenta que está lejos de cumplir esa cadena de servicios especializados que exige en sus convocatorias. Como el seguro cubre sucesos eventuales, casuales y fortuitos que alteran el orden regular de la circulación de motorizados en el territorio nacional, la APS aduce que  tiene la enorme responsabilidad de exigir a las aseguradoras el oportuno y debido cumplimiento de sus obligaciones contractuales, emergentes de los procesos de adjudicación que se les otorga al cabo de cada invitación pública. Añade asimismo, que las aseguradoras no siempre

tienen la capacidad administrativa y operativa debidamente instalada para atender cerca de 36 tipos de vehículos de trabajo y 16 de pasajeros, en un mercado potencial de 1.300.000 unidades a marzo de 2014 con 1.068.000 de SOAT (82.15%) vendidos a esa misma fecha, que genera flujos de caja anuales de cerca de 25 millones de dólares, suma nada despreciable en el ciclo de operaciones de cualquier empresa. Sin embargo, la fuente con la que conversó dat0s hace notar que “habría que preguntarse por qué si el mercado del SOAT regulado -como dice la APS- el 17.85%, es decir 262.000 vehículos circulan sin el correspondiente SOAT. Son temas de ida y vuelta donde no se salva ni la propia APS que por actuar en un marco normativo muy complejo acaba involucrada en sus propias  contradicciones”.

La misma fuente asegura que en su permanente afán de maximizar sus beneficios, hay aseguradoras que presentan documentación jurada, que sometida al respectivo análisis se descubre la existencia de información técnico financiera o declaraciones de tipo legal que simplemente no es válida. A decir de la misma fuente, “se trata de un mercado que pretende regularse en el papel pero que es más complejo e implica una permanente supervisión de aspectos puntuales que debería estar a cargo de la APS”.

La posición de las aseguradoras Reiteran que de manera innecesaria y abiertamente discrecional, la autoridad fiscalizadora, aumenta y endurece los requisitos, condiciones y términos del  SOAT bajo las cuales se exige operara las empresas de seguros, con imposiciones cada vez mayores y en muchos casos, con una actitud de evidente ex- ceso de autoridad y potestad que más parece dirigido a entorpecer la existencia empresarial de alguna aseguradora para favorecer a otra con el riesgo indeseado y constitucionalmente prohibido, de crear un verdadero monopolio en este importante campo del único seguro obligatorio que existe en Bolivia.

Lo que parece evidente es que el mercado que regula el SOAT se presta a graves distorsiones. Hay franca unanimidad y acuerdo cuando las aseguradoras se refieren a una serie de prácticas indebidas, mañosas e incluso delincuenciales, para falsear la verdad de los hechos relativos a un siniestro o accidente, en el inequívoco objetivo de obtener deshonestos cuanto ilegales beneficios de las aseguradoras, llegando a extremos más propios de una serial de mafiosos, como aquellos de un conocido centro médico en la ciudad de El Alto, que se mantuvo un cadáver por varios días en una Unidad de Terapia Intensiva, calentado artificialmente para simular artero tiempo de atención de emergencia cara y compleja, que luego fue facturada a la  aseguradora con cargo al SOAT.

En un mercado de esta naturaleza la APS debería además de exigir una serie de requisitos para el proceso de selección; seguimiento y atención para transparentar el proceso.

Convocatoria en entredicho Entre los pecados capitales en la adjudicación del SOAT para la gestión 2015, se apuntaron las exigencias draconianas planteadas por la APS en la convocatoria pública de licitación. Esa actitud fue calificada como un exceso de autoridad por algunos entendidos en la materia y como una muestra de la intencionalidad de favorecer a una sola aseguradora, provocando susceptibilidad en altas esferas gubernamentales y rechazo en el poderoso sector del autotransporte. En situación vulnerable, la APS tuvo que ceder ante la amenaza de ser escrachada por un manejo muy rígido y poco transparente. Además, el SOAT 2015 destapó una relación humana inaceptable.

Estado del parque automotor

Gran parte del servicio de transporte público está constituido por un gran número de unidades denominadas “transformers”, acabadas de servir en varios mercados asiáticos y/o europeos e importados a nuestro país en virtual calidad de chatarra. Asimismo, por unidades obsoletas que a pesar de las inspecciones anuales, reciben tratamientos preferenciales, agravado por la perniciosa interferencia inducida de los gremios y sindicatos del transporte en las recaudaciones del SOAT y en los mecanismos de la  citada inspección técnica anual.

Accidentes de tránsito

El último caso de cientos que se registran en las capitales del país, cuando un viejo microbús que pese a llevar su brillante roseta de inspección en el parabrisas, provocó al chocar contra un árbol por fallas mecánicas, la muerte de cuatro  personas y heridas graves en otras treinta, verificándose que ilegal e irregularmente, operaba además, con tres garrafas camufladas de gas licuado de petróleo (GLP).