Una comunidad argentina frena a las mineras que explotaban litio después de que se secara un río

En un fallo inédito y con perspectiva ambiental, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Catamarca, en el norte de Argentina, aceptó un amparo impulsado por el cacique de una comunidad aborigen y ordenó la suspensión de la actividad minera en el Salar del Hombre Muerto, una de las mayores cuencas de litio en la región. La sentencia pone un freno al desarrollo de nuevos proyectos y obliga a un grupo de empresas a presentar informes de impacto ambiental “acumulativos e integrales”, tras comprobar que se ha secado uno de los ríos más importantes y que las iniciativas en marcha podrían arrasar con la única gran fuente de agua que queda en la zona.

Con esta decisión judicial, la lucha de Román Guitián (48, Catamarca) comienza a dar sus frutos. Tres años atrás, y luego de agotar una serie de reclamos judiciales y administrativos en su provincia, el cacique de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano acudió a la defensoría federal para denunciar lo que consideraba que eran graves violaciones cometidas por un grupo de empresas mineras que, según él, no presentaron informes de impacto ambiental y arrasaban con los escasos recursos hídricos de la región. Con el respaldo de organizaciones ambientalistas, en 2021 Guitián impulsó el amparo que acaba de ser concedido por el máximo tribunal, con el objetivo de revocar los permisos otorgados por el Gobierno local para la prospección, exploración y explotación de litio.

“Esta batalla la comencé en soledad al ver seca la vega del Río Trapiche y que nadie hiciera nada”, resume el cacique en una entrevista con América Futura donde relata las presiones y amenazas que ha sufrido desde 2018, cuando comenzó a hacer públicas sus denuncias sobre las graves consecuencias del boom del litio, un mineral clave para la transición energética.

El fallo emitido este mes pone la lupa sobre siete proyectos mineros en el Salar del Hombre Muerto, ubicado en Antofagasta de la Sierra, en la provincia de Catamarca. Estas son Fénix, de Minera del Altiplano SA – Livent, que en 2023 se fusionó con Allkem y crearon Arcadium, una de las más grandes del mundo; Sal de Vida, de Galaxy Lithium SA; Salar de Oro, de Posco Argentina; Virgen del Valle, de Minera Santa Rita SRL; Candelas, de Galán Perforaciones SA; Candelas Oeste, de Galán Perforaciones SA; y La Veguita.

Los daños al ecosistema

Según indicaron los magistrados en la resolución publicada el 13 de marzo, el Gobierno de Catamarca debe revocar los decretos y resoluciones que autorizan los proyectos mineros hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional, integral y acumulativo, en la que deben participar autoridades provinciales, nacionales y la propia comunidad originaria. “Se encuentra constatado el daño ambiental en el Río Trapiche”, dice el fallo judicial, que señala que, en el informe emitido por la dirección provincial, se comprueba la alteración del mismo y del ecosistema de la zona “por la inexistencia de cauce de agua, debido a su sequía como consecuencia directa del desarrollo de la actividad minera”, si bien afirma que “se encuentra en proceso de restauración”.

Uno de los magistrados, José Ricardo Cáceres, predice que “de continuar con la explotación de los recursos en el Salar del Hombre Muerto y con la extracción de agua en el río Los Patos, se producirá un daño irreversible”. Además, pone de relieve una perspectiva ambiental en una provincia donde domina el discurso prominería, y resalta que “el derecho a un ambiente sano tiene connotaciones colectivas”.

Tras el fallo, la minera Arcadium Lithium respondió que “todos los permisos y evaluaciones de impacto Ambiental siguen siendo válidos” y dijo que el fallo judicial emitido por la Corte “no afecta a las operaciones mineras” existentes ni de expansión. Por su parte, la Cámara Argentina de Empresas Mineras ha dicho que “se cumplieron con todos los requerimientos de las leyes en temas ambientales y se han obtenido todos los permisos y autorizaciones correspondientes”.

En esa misma línea, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se reunió con empresarios mineros tras el fallo y dijo en su cuenta de X que seguirán trabajando “por el desarrollo de una minería con impacto local en empleo e infraestructura y, principalmente, con responsabilidad en el cuidado del medio ambiente”, y anticipó que pondrán a disposición del Poder Judicial todos los informes ambientales que se han realizado.

“No somos antimineros, exigimos que trabajen bien”

El Salar del Hombre Muerto es un área de más de 600 kilómetros cuadrados, ubicado a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, que se encuentra a unos 650 kilómetros de distancia de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital provincial. La leyenda cuenta que “el hombre muerto” es una alusión a una tumba hallada a comienzos del siglo XX, cuando la familia de Guitián – que hoy se dedica a la actividad turística – se instaló en el lugar. Las comunidades denuncian que las mineras utilizan un camino que atraviesa el cementerio ancestral.

“Nuestra vida ahora es más complicada. Antes teníamos caminos, podíamos transitar tranquilos, pastábamos ovejas, llamas, corderos y cabras. Ahora tenemos restricciones por los emprendimientos mineros, no podemos circular a altas horas de la noche porque sufrimos persecución”, lamenta Guitián. Según dice, la explotación minera en el Salar del Hombre Muerto secó por completo la vega del Río Trapiche, una llanura inundable que permite la cría de animales y cree que algo similar podría ocurrir en el Río Los Patos, donde Livent prevé la construcción de un acueducto de 30 kilómetros. “Se están chupando toda el agua. Pretendían bombear 380.000 litros por hora a través de un acueducto. Esto provocaría un daño enorme. Se van a secar los ríos y hay zonas donde no llegará más el agua. ¿Quién se hará cargo de eso?”, se pregunta con preocupación.

“No somos antimineros. Estamos exigiendo que se trabaje bien”, insiste el cacique. Para él, que representa a medio centenar de habitantes de un pueblo en el que viven unas 80 personas, es fundamental que se estudie el comportamiento de los ríos, las napas y cuencas. Según dice, cuando comenzó la lucha, “hubo integrantes de la comunidad que no quisieron participar porque las empresas mineras les dieron un empleo e incentivos para que no se sumen a los reclamos”. Pero él se pregunta qué pasará cuando hayan hecho su trabajo y se vayan: “Nos dejarán a la miseria con el agua. Tal vez en 10 años secan todo, se van y nosotros, ¿de qué viviremos?”.

El “oro blanco”, como se conoce al litio, ha adquirido un protagonismo central en los últimos cinco años en la Argentina, que junto a Chile y Bolivia integra el “triángulo del litio”. El país posee la tercera reserva mundial, aunque la explotación abre una grieta en tiempos de vacas flacas. Mientras las comunidades advierten por el daño a los ecosistemas, los últimos Gobiernos – nacionales y provinciales – impulsan la producción con el objetivo de garantizar el ingreso de dólares a un país que tiene un histórico problema de escasez de divisas.

Sólo en los últimos cinco años, la demanda de litio se triplicó en el mundo, impulsada por la transición energética. Además de las baterías de ordenadores y teléfonos móviles, adquiere un rol central en la electrificación del transporte, para la cual se requiere de otros minerales. En este contexto, la perspectiva ambiental choca con la mirada extractivista. “¿En qué nos beneficia a nosotros acá? No podemos tener un auto eléctrico, no nos sirve un vehículo de alta gama”, plantea Guitián.

Para Manuel Fontenla, activista ambiental, miembro de la Asamblea Pucara Pueblos Catamerqueños en Resistencia y Autodeterminación y docente de Filosofía de la Universidad Nacional de Catamarca, es imposible que prospere un modelo de minería no contaminante. “No existe la megaminería sustentable, es un sistema de mucha intensidad. No le da ni a los pueblos ni a la naturaleza la posibilidad de que se regeneren”, afirma el ambientalista, que ha documentado la lucha de Guitián y su comunidad. “El litio es un mineral estratégico, pero Argentina no tiene problemas ambientales por la emisión de gases de efecto invernadero, los problemas ambientales argentinos no tienen nada que ver con el litio”, agrega.

Para Fontenla, el fallo de la Corte Suprema provincial es “una primera victoria colectiva de la insistencia y la resistencia” para una comunidad que ha sufrido persecución y hostigamiento. “Esta verdad ahora no se puede ningunear más”, plantea, y se esperanza en que esta sentencia pueda servir de ejemplo para otras comunidades que en el país reclaman por el respeto del ambiente. Por su parte, el cacique celebra el fallo de la Justicia y pide que se reconozca la lucha de los pueblos originarios. “Nosotros no somos malos, la lucha es para que las cosas se hagan bien. Queremos tener nuestra libertad, como la tuvieron nuestros antepasados”.