La aprobación de la Ley Minera se produce tras la visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a Caracas.
A inicios de marzo la presidenta Delcy Rodriguez ayudó a impulsar la reforma, luego de que ley avanzaría a “velocidad Trump”. La semana pasada en el marco de las reformas con apoyo norteamericano la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley minera para atraer respaldo de Estados Unidos e inversión extranjera.
Los legisladores otorgaron la aprobación final y unánime al proyecto de 131 artículos el jueves, tras una votación inicial el mes pasado. La legislación reemplaza un marco de casi tres décadas y forma parte de un esfuerzo más amplio de Rodriguez para ofrecer garantías legales y un régimen fiscal más flexible a inversionistas internacionales, en particular de Estados Unidos.
La medida se produce tras la visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a Caracas a inicios de marzo, lo que ayudó a impulsar al gobierno a avanzar con la reforma. Rodríguez había prometido que la ley avanzaría a “velocidad Trump”.
La reforma subraya el intento de Rodríguez por presentar un marco más favorable a la inversión sin llegar a una liberalización total, manteniendo el Estado la propiedad de los recursos y el control sobre la aprobación de proyectos.
La ley incluye disposiciones para respaldar la inversión extranjera, como cláusulas de “equilibrio económico” y acceso a arbitraje internacional, un cambio respecto al marco de 1999, que restringía las disputas a tribunales locales.
También establece un régimen fiscal simplificado centrado en regalías de hasta 13% de la producción y un nuevo impuesto minero de hasta 6% sobre los ingresos brutos, junto con exenciones de varios gravámenes existentes. Las concesiones pueden durar hasta 30 años, frente a 20 anteriormente, con dos posibles extensiones de 10 años.
Funcionarios señalan que la reforma busca atraer capital a proyectos de oro, bauxita y otros minerales estratégicos, aunque el gobierno mantiene la facultad de designar ciertos recursos o áreas como de interés nacional e imponer condiciones especiales.
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