YPFB disuelve el contrato con Drillmec y no reconocerá gastos

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) rescindió  el contrato firmado con la empresa italiana Drillmec para la provisión de tres taladros  y no reconocerá ningún gasto en el cual haya incurrido la firma, informó ayer el presidente ejecutivo de la estatal petrolera, Guillermo Achá.
La resolución del acuerdo se da a poco más de un mes de la presentación del informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos en el cual se denunciaron irregularidades y un posible sobreprecio en el proceso de contratación a la empresa italiana.
“Prácticamente hemos hecho la disolución de este  contrato, hemos notificado oficialmente a la empresa Drillmec y esperaremos una respuesta oficial de esa instancia”, afirmó Achá en conferencia de prensa.
Drillmec,  mediante comunicados publicados en medios de prensa, advirtió en reiteradas oportunidades que ante una posible rescisión del contrato  asumirá acciones legales en contra del Estado boliviano, por considerar que cumplió “en exceso” con los requisitos exigidos en la convocatoria internacional de la que resultó adjudicada. Además, aclaró que tras   la orden de proceder de YPFB, inició  la fabricación de los taladros.
El presidente de YPFB señaló que en caso de que la empresa italiana emprenda acciones legales en contra de la estatal, se asumirá  defensa en las instancias correspondientes.
“En caso de que se tengan responsabilidades o deriven algún tipo de acciones por un posible daño económico tenemos las instancias correspondientes para poder defender a la empresa”.
Respecto a los costos en los que habría incurrido la empresa italiana por el contrato, Achá remarcó   que YPFB no se hará responsable de éstos.
“Hemos establecido oficialmente a la empresa que YPFB no asumirá ningún tipo de costo que haya podido emerger a partir de la firma del contrato”, aclaró.
Por otra parte, la estatal petrolera tampoco se hace responsable por la recuperación de los 80 millones de dólares depositados en distintos bancos por la empresa   por concepto de garantías.
“Las boletas de garantía no fueron entregadas a YPFB, porque, reitero, fue suspendido el contrato. La recuperación de esos capitales son instancias administrativas que la empresa debe cumplir y no tiene ningún tipo de relación con nosotros”, argumentó.
El pasado 11 de febrero, Página Siete informó acerca de la suspensión del contrato de provisión de tres taladros por parte de YPFB. Sin embargo, la estatal petrolera le habría expresado esta  posibilidad a Drillmec con anterioridad, de acuerdo con una carta de la empresa italiana dirigida al presidente ejecutivo de la estatal petrolera fechada el 4 de enero de 2017, expresando su rechazo a  la posibilidad de cancelación del contrato.
“A tiempo de agradecerle por el tiempo que nos dio para conversar sobre la suspensión del contrato administrativo de adquisición de tres equipos de perforación No ULG-SCZ-216/2016 , queremos ratificarle nuestras preocupaciones sobre las posibles consecuencias emergentes de una sugerida cancelación o reducción del contrato”, señala en la  parte inicial  la carta firmada por la CEO de Drillmec, Simone Trevisani.
En la misma carta, la firma italiana advierte a Achá con iniciar acciones legales de concretarse la resolución del contrato.
El pasado 21 de diciembre, el senador opositor (UD) Óscar Ortiz denunció la posible existencia de irregularidades en el proceso de contratación de Drillmec, solicitando al jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo,  que se inicie una investigación al respecto.
El 13 de marzo, Novillo presentó un informe al Directorio de la estatal petrolera en el cual contemplaba varias irregularidades, como la falta de  presentación  de documento de constitución, registro tributario, poder  para la suscripción del contrato  “insuficiente” conforme a las leyes bolivianas e italianas”.    Además, advirtió sobre la existencia de  terceras personas que habrían actuado alrededor de este contrato  sin tener representación legal y de un posible sobreprecio en la compra de los taladros.
Achá niega responsabilidad
El presidente de YPFB se deslindó de cualquier responsabilidad sobre el proceso de contratación, ya que el mismo  estuvo a cargo de tres comisiones: jurídica, administrativa y legal, que fueron formadas bajo un reglamento específico derivado del Decreto Supremo 224, que establece las condiciones para las contrataciones extranjeras que hace YPFB.
“La presidencia ejecutiva no fue partícipe, gestora o evaluó el proceso de contratación. Si bien esta instancia establece los lineamientos con los que se ejecuta el proceso de contratación, son los miembros de estas comisiones quienes asumen la responsabilidad de la misma”, aclaró.
Presión
En pasados días, el  senador opositor Óscar  Ortiz   sostuvo que Achá  necesariamente debió conocer el proceso de contratación así su firma no se encuentre en el contrato, ya que de lo contrario estaría incumpliendo sus funciones o “habría dejado pasar” irregularidades, por lo cual podría ser juzgado por incumplimiento de deberes u omisión por la Ley SAFCO.
Por otra parte, Drillmec, mediante un comunicado de prensa emitido la anterior semana,  informó  que la presidencia ejecutiva de Yacimientos emitió la orden de proceder con la fabricación de los tres taladros.
Este aspecto  fue rechazado por YPFB, que en otro comunicado de prensa subrayó  que el contrato fue firmado por la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización y la orden de proceder fue emitida por la Gerencia de Perforación. 
La máxima autoridad de la estatal ayer puntualizó  que debido al tamaño de la empresa y al volumen anual de contrataciones que se realizan, no es posible para la presidencia conocer a detalle todos los procesos.
“YPFB realiza cada año más de 5.000 procesos de contratación, no es posible para esta presidencia supervisar cada uno de ellos, es por eso que se designan comisiones”, dijo.
No renunciará
El pasado lunes, el senador Ortiz  declaró que por su participación en el proceso de contratación, Achá debería renunciar al cargo.
“Debe renunciar, es imposible que no haya conocido el contrato, es la máxima autoridad de la empresa más grande de Bolivia y si no conocía el proceso, con mayor razón debería dejar el cargo”, añadió el  legislador.
Achá ayer  aclaró que su continuidad en el cargo depende de las instrucciones superiores.
“Mientras no tenga otra instrucción de parte de las autoridades de Estado voy a continuar desempeñando en las funciones,  porque se entiende que si bien se tiene estas observaciones (al proceso de contratación) hoy este proceso se encuentra en investigación (…). Vamos a coadyuvar en la investigación dentro de nuestras competencias y lo vamos a hacer porque siempre hemos obrado de forma transparente y no tenemos absolutamente nada que ocultar”, enfatizó.
El pasado 18 de abril, el ministro de Justicia, Héctor Arce, basándose en el informe presentado por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, denunció ante la Fiscalía General del Estado a 15 funcionarios de YPFB y el representante legal de Drillmec, Diego Bergonzi,  por  los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
Si bien la denuncia no incluye a Achá, tanto   Arce como el fiscal general, Ramiro Guerrero, no descartaron citarlo a declarar sobre su participación en el proceso de contratación.

Drillmec advirtió con  acciones legales
El pasado 4 de enero, en una carta enviada al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, la empresa italiana Drillmec señaló que, de cancelarse o reducirse el contrato firmado con la estatal, adoptaría acciones legales.
“De darse la cancelación del contrato generaría  las acciones legales que nos iniciarían nuestros accionistas  y nos empujarían a tener que iniciar también acciones similares contra nuestra contratante en cumplimiento al marco legal que regula las operaciones bursátiles en Italia”, señala la misiva.
Por otra parte, la empresa indicó que la resolución del contrato,  además, daría razón a las acusaciones de actos irregulares en el proceso de contratación.
“El aceptar la cancelación de contrato o la reducción del mismo”, en criterio de Drillmec, daría la razón a las observaciones “no fundamentadas y alejadas de la verdad de personas interesadas”, subrayó.
Por otra parte, la empresa señaló que para entonces ya había iniciado la construcción de los taladros por lo que recomendaba continuar con el contrato.

Achá justifica incremento en  presupuesto para taladros

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá,  aseguró que el aumento del presupuesto para la  adquisición de tres taladros no fue irregular, ya que siguió los conductos regulares para este tipo de operaciones.
“El incremento fue aprobado por el Directorio de la estatal petrolera, luego de seguir los conductos regulares porque en la primera convocatoria las empresas interesadas no cumplieron los requisitos de la licitación”, afirmó. 
Según Achá, el incremento de 60 millones de dólares (417 millones de bolivianos) para la compra de los taladros fue aprobado debido a que en la primera convocatoria sólo se presentaron empresas ensambladoras, no fabricantes, que ofrecían montos por encima del precio referencial y no garantizaban los equipos, por lo que se decidió presentar una segunda licitación con mayor presupuesto. 
“Para precautelar la garantía y operación continua de estos equipos, lo que se hizo es pedir cotizaciones sobre fabricantes de equipos, por lo que derivó en este incremento de costo en una segunda convocatoria”, agregó. 
Explicó que un “comité de proyectos” hizo la evaluación financiera y la factibilidad económica para sugerir el incremento, que fue puesto a consideración del Directorio y remitido por la Presidencia Ejecutiva al Ministerio de Planificación, después de su aprobación, para los registros de proyectos de inversión. 
Sin embargo, dijo  que este ajuste  en el presupuesto no forma parte del contrato y por tanto de la investigación que lleva a cabo   el Ministerio Público.