Sentenciado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, Alberto Fujimori fue liberado tras una orden del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, que exigió el martes su excarcelación inmediata en restitución de un indulto recibido en 2017. Una medida judicial que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado no ejecutar por considerar que va en contra de los derechos de las víctimas del exmandatario.
Se concretó la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), luego de que el Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenara el martes 5 de diciembre su excarcelación, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso lo contrario el año pasado y repitió su pedido el mismo martes en la noche.
A través de una resolución firmada el martes 5 de diciembre de 2023, tres de los actuales seis miembros del TC indicaron que “el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde estaba recluido)” dispusieran la inmediata liberación de Fujimori.
El presidente del máximo tribunal, Francisco Morales, firmó ese documento, que estableció la liberación de Fujimori, la cual se concretó este miércoles 6 de diciembre 2023.
Mientras se esperaba la liberación, la Corte IDH publicó una resolución en la que instó al Estado de Perú a “garantizar el derecho de acceso a la Justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta” y pidió que se abstuviera “de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú”.
El indulto a Fujimori
Su caso marcó un precedente al convertirse en el primer expresidente de Latinoamérica en ser condenado por crímenes contra derechos humanos.
Fue en marzo de 2009, después de 15 meses de juicio en Lima, que el exmandatario de Perú fue condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Supremo, por violaciones a los DD. HH. cometidas por escuadrones de la muerte vinculados al Gobierno, en particular, en el marco de la lucha de las fuerzas estatales contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, durante los años 1990.
Con 70 años y una condena que le haría pasar los últimos años de su vida tras las rejas, Fujimori fue hallado culpable de cuatro cargos relacionados con masacres que dejaron 25 muertos y los secuestros de un periodista y un empresario, durante su mandato.
El exmandatario peruano defendió su nombre y se declaró inocente. Dijo que no tenía conocimiento de lo que hacían los escuadrones paramilitares y que estas actividades se habían realizado sin que él se hubiera enterado.
El caso Alberto Fujimori: un proceso judicial con muchos giros
Como salvación para Fujimori, y en plenas vísperas navideñas de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) decidió otorgarle un indulto humanitario, una acción que no logró ejecutarse por completo, pues para marzo del siguiente año se revelaron unos audios que comprometieron a congresistas fujimoristas y del Ejecutivo sobre la compra de votos para evitar un pedido de destitución de Kuczynski. En medio del escándalo, el indulto no se ejecutó y fue anulado por la Corte Suprema.
En mayo de 2018, la CIDH también pidió al Estado peruano garantizar la administración de Justicia de las víctimas de los casos Barrios Alto y La Cantuta, por los que el expresidente Fujimori fue condenado.
Con este revés judicial, los abogados de Fujimori decidieron presentar un habeas corpus en búsqueda de la liberación de su cliente. Pasó el tiempo en torno al caso y llegó a instancias del Tribunal Constitucional de Perú.
Para marzo 17 de 2022, el TC reconoció el habeas corpus de Alberto Fujimori y con esto, reactivó el indulto otorgado por el presidente PPK, aunque luego quedara bajo suspenso, por pedido de la Corte IDH.
Y precisamente este movimiento de la CIDH mantuvo sin cambios el escenario para Fujimori mientras ya superaba los 13 años tras las rejas, hasta el giro que se dio el pasado 29 de noviembre, cuando el Tribunal Constitucional (TC) reactivó el caso para que el expresidente fuera liberado.
Tres días después, un juez regional, Vicente Fernández, a cargo del caso, declaró improcedente la ejecución de la sentencia del TC del 17 de marzo del 2022, que restablecía el indulto a favor de Fujimori, argumentando que no tenía la competencia para ejecutar esta decisión, seguidamente devolvió el caso al TC y este confirmó el martes 5 de diciembre la orden de liberación de Alberto Fujimori.