Ambientalistas pierden primera batalla para salvar el Yasuní

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha desechado la petición de consulta popular que hizo el colectivo Yasunidos. Este grupo aspiraba a que la ciudadanía se pronunciara en un referéndum sobre la explotación petrolera del bloque 43, asentado en el Parque Nacional Yasuní. El titular del CNE, Domingo Paredes, ha dicho este martes que solamente se validaron 359.761 firmas de las 757.923 que presentó el colectivo el pasado 12 de abril. Con ese resultado, los jóvenes ambientalistas no alcanzan el mínimo de 600.000 firmas (el 5% del padrón electoral) que se requiere para que se apruebe una consulta popular por iniciativa ciudadana.

El proceso de validación de las firmas tuvo dos fases. En la primera se revisaron los formularios y se descartaron más de 9.200 por errores en el formato o porque las hojas estaban manchadas o mutiladas. Las firmas que constaban en esos formularios también fueron excluidas y esto hizo los ambientalistas se alejaran del proceso.

En la segunda fase se verificó la identidad de cada una de las personas que habían dado su firma, para esto se usó la información del Registro Civil, del Padrón Electoral, la Cancillería y los bancos del Fomento y Pacífico, que pertenecen al Estado. El CNE informó de que en esta parte se detectaron números de identidad incompletos, registros repetidos o sin firma y hasta nombres ficticios como el de Bruce Wayne (Batman) o Darth Vader (Star Wars). Para el titular del CNE estas irregularidades prueban que hubo intención de engañar a la autoridad electoral. “Hay un evidente intento de sorprender al Consejo Nacional Electoral y a la ciudadanía, en detrimento de una consulta popular y en detrimento al sistema democrático”, dijo.

El rechazo de parte de los Yasunidos no se hizo esperar. En redes sociales acusaron a la autoridad electoral de “fraude” y pidieron al CNE que publique los nombres de todas las personas que han sido dadas de baja. También se hicieron eco de un sondeo de Perfiles de Opinión que reveló que un 72,3% de la población estaba de acuerdo con que se convocara a una consulta popular para cambiar la decisión del presidente del presidente Rafael Correa de explotar el ITT.

Julio César Trujillo, abogado de los ambientalistas, dijo a EL PAÍS que todavía no ha recibido la notificación oficial del CNE y adelantó que los recursos legales que le quedan son acudir al Tribunal Contencioso Electoral y a la Corte Constitucional, aunque no cree que fallen a su favor. “Sabemos que son trámites inoficiosos porque no se aceptará nada. Hay una orden del presidente para que no proceda la consulta popular, pero tenemos que agotar todos los recursos internos antes de ir a los organismos internacionales”, dijo.

Trujillo se refiere a las últimas declaraciones de Rafael Correa, sobre todo las que dio durante su gira por Europa, que ya dejaban ver que la consulta no tenía el beneplácito del jefe del Ejecutivo. “Yo no excluyo la consulta, pero el tema se politizó y no voy a caer en esta trampa.”, dijo Correa en entrevista con EL PAÍS.

El CNE ha defendido la transparencia del proceso y el argumento que esgrime es la presencia de observadores internacionales de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore). En la revisión de firmas participaron 31 grafólogos, como José Antonio Pardo, grafotécnico delegado de Unasur. Este señaló que el organismo electoral ecuatoriano cumplió con los procedimientos establecidos en el Reglamento de Verificación de Firmas, emitido en agosto del 2013, antes de la entrega de formularios para la recolección de firmas de los proponentes. “Nosotros hemos observado que el CNE ha establecido todas las medidas técnicas y legales que estos procedimientos requieren”, dijo.

El portavoz de comunicación del CNE, Mario Calvachi, añadió que la resolución del organismo se comunicará a los Yasunidos después de que el informe de verificación se apruebe en el pleno de la entidad. Además, adelantó que el otro grupo que estaba recogiendo firmas para plantear que se prohiba todo proyecto extractivista en Ecuador tampoco reunió las firmas necesarias para plantear una consulta popular. El Frente de Defensa Total de la Amazonía solo tuvo 200.000 firmas validadas.