Andorra bloquea cuentas secretas de la élite política y empresarial latinoamericana
Una jueza ha ordenado la retención de 52 millones de dólares pagados en soborno por la constructora Odebrecht a funcionarios involucrados en la adjudicación de obra pública.
En uno de nuestros informes recordamos hace unos días el devastador efecto de la corrupción promovida por la constructora brasileña Odebrecht en varios países de América Latina -aunque no exclusivamente- por los sobornos millonarios que repartió a una corte de políticos y altos funcionarios de Estado durante el Gobierno de Lula da Silva. Lula fue condenado, también en ese proceso. También dijimos que el Supremo Tribunal Federal le levantó la condena, ya que de no haber sido así debería pagar una detención de 15 años de cárcel. No era poco. Con el acuerdo pactado y los cargos suprimidos Lula pudo competir el pasado domingo en las elecciones presidenciales en las que obtuvo el 48% de los votos, pero no logró como quería ganar en el primer turno. Y a pesar que desde el domingo Lula ha ido recibiendo apoyos más que su oponente el actual presidente Jair Bolsonaro, hay tareas impostergables que pueden saltar las teclas de su elección, no tan armoniosamente como está pensando.
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Ayer se conoció una investigación que da cuenta que Andorra, una sierra de los Pirineos, geográficamente entre España, con quien limita por el sur, y Francia, por el norte ha bloqueado 30 cuentas secretas de expresidentes, empresarios y altos funcionarios sobornados por Odebrecht. Las cuentas en la Banca Privada de Andorra suman nada menos que 52 millones de dólares un nuevo registro que permanecía guardado de las fechorías de la constructora. Lo grave del caso es que los fondos pertenecen empleados y testaferros que cobraron a cambio de la adjudicación de la obra pública y aunque el caso no venga a cuenta del procedimiento Andorreño, pone en foco la descomposición de los políticos latinoamericanos en casos similares. Recién, la vicepresidenta de la Argentina, ha salvado su vida de un atentado sospechoso por la decisión de un fiscal de abrirle causa por la construcción de grandes proyectos de infraestructura cuando fue presidenta.
La buena noticia es que los implicados no podrán disfrutar de parte del botón oculto. Una jueza del Principado ordenó mantener congeladas 30 cuentas con un saldo de 52,2 millones de euros (51 millones de dólares).
Quiénes figuran en este nuevo escándalo. Uno de los que aparece en primera línea es el extinto expresidente peruano Alan García que decidió en 2019 poner fin con su vida con un disparo acosado por su propia conciencia. La investigación no solo apunta a García, son empresarios y altos funcionarios que ocuparon puestos durante el segundo mandato de su presidencia (2006-2011). Otro de los afectados por la retención de las cuentas es el expresidente panameño Ricardo Martinelli.
El embargo, de acuerdo al diario español El País, afecta a 282.701 euros (279.393 dólares) de Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017) y a 1,4 millones de euros (1,3 de dólares) de dos exdirectivos de Odebrecht.
El saldo retenido (52 millones) representa una cuarta parte de los 200 millones que la constructora brasileña desembolsó en Andorra —un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario— para comprar las voluntades de 145 políticos y altos funcionarios de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina.
Los promotores de la campaña de Bolsonaro han comenzado a explorar el caso e infieren que la estrategia en el segundo turno de las elecciones que se disputarán el próximo domingo 30 incorporará estas denuncias para atraer un electorado cansado de la corrupción de sus líderes políticos.