Así es la cárcel más grande de América, la megaobra de Nayib Bukele

Ubicada en una zona rural aislada, el primer mandatario salvadoreño celebró la inauguración del “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, la prisión que albergará 40 mil pandilleros en su “guerra contra las pandillas” con el penal más grande del continente.

Denominado como Centro de Confinamiento del Terrorismo, este penal que está levantado en un predio de 166 hectáreas tiene una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas, explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en una cadena nacional de radio y televisión, recogió la agencia de noticias AFP. “Una gigantesca obra realizada en tan solo 7 meses, y que además es una pieza fundamental para ganar por completo la guerra contra pandillas”, expresó el Bukele. Y agregó en su cuenta de twitter: “El dinero alcanza cuando nadie roba…”.

La prisión posee un muro perimetral de 2,1 kilómetros, que será vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías. En el interior la seguridad estará a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales. Desde el Gobierno salvadoreño advirtieron que “los reclusos tendrán que trabajar en esa prisión”. Las celdas son de concreto reforzado y tienen gruesos barrotes de acero. La prisión cuenta con pozos propios para extraer agua potable. Además, toda la cárcel cuenta con un sistema de vigilancia con circuitos de video y escáner para la revisión de quienes ingresen.

Reuters

El Salvador y su “guerra conta las pandillas”

Por su parte, desde la cuenta oficial de la casa presidencial salvadoreña expresaron que “el mes de enero que finalizamos marca un hito que se traduce en miles de vidas protegidas. La #GuerraContraPandillas, continúa cumpliendo el objetivo de eliminar a las estructuras terroristas que en el pasado causaron luto en las familias salvadoreñas”.

En relación a la megaobra la casa presidencial agregó: “Aquí terminarán los días de todos los terroristas que durante años aterraron a El Salvador. Serán el ejemplo del castigo que recibirán aquellos que pretendan atentar contra la población”.

El sistema Bukele

El viernes pasado la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que en las cárceles salvadoreñas hay un “hacinamiento extremo”. Como consecuencia de esa información y sin precisar fechas, Bukele informó que casi 63 mil presuntos pandilleros detenidos en el marco de la “guerra contra las pandillas” serán trasladados a la megacárcel.

Los masivos arrestos, criticados por organizaciones de derechos humanos, se amparan en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Este régimen fue aprobado por el Congreso a instancias de Bukele en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo pasado.

Desde entonces han sido detenidos más 61.000 presuntos pandilleros, pero los métodos del presidente salvadoreño han sido cuestionados por otras organizaciones no gubernamentales, entre ellas HRW, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los detenidos desde fines de marzo y agosto de año pasado 32 murieron en prisión, según HRW. Entre los arrestados había 1.082 menores de edad, incluidas 164 mujeres.

Por su parte, en su cuenta de Twitter, el presidente Bukele publicó: “El Salvador cierra el mes de enero de 2023 con una tasa anualizada por debajo de 2 homicidios por cada 100,000 habitantes. La tasa de homicidios más baja de todo el continente americano”.

La medida de emergencia tomada por el primer mandatario dotó a la policía con nuevos y amplios poderes, incluyendo el derecho a detener a sospechosos sin debido proceso. Bukele les dijo a los oficiales que tenía el apoyo de más del 95% de los salvadoreños.

Las tasas de homicidio están alcanzando niveles bajos sin precedentes. Los vecindarios que han soportado años de extorsión y violencia a manos de las brutales maras MS-13 y Barrio 18 pasan por un período de calma antes desconocido.

Cortesía

El primer detenido bajo el “régimen de excepción” en El Salvador

Rafael Flores fue condenado “por el delito de agrupaciones ilícitas” a 25 años de prisión por ser miembro de una pandilla. Desde marzo del año pasado el Congreso de ese país aumentó de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas. “Flores es un pandillero de la Mara Máquina” y fue condenado “por el delito de agrupaciones ilícitas”, detalló la Fiscalía General en Twitter.

 Pandillas for export

El vicepresidente de Nayib Bukele en El Salvador, Félix Ulloa, explicó que las pandillas salvadoreñas buscarán reubicarse en otros países de la región. “Ya tenemos reportes de algunas células de la MS, la Mara Salvatrucha, que se ha instalado en el norte de Chile, y otros países del sur están siendo objeto de desplazamiento”, aseguró Ulloa en un comunicado de la Secretaría de Prensa del Gobierno.

“Todo ese proyecto ha hecho que el crimen organizado vaya buscando desplazarse y una de las zonas de desplazamiento ha sido hacia el sur de América”, sostuvo Ulloa en el diario La Prensa Gráfica de El Salvador. De acuerdo con la Secretaría de Prensa de ese país, “las pandillas emigran a países de Suramérica para escapar del régimen de excepción”.

Quiénes son la Mara Salvatrucha

Lo que comenzó como una hermandad barrial de jóvenes exiliados por la guerra civil en Centroamérica, cuatro décadas después se transformó en una de las principales organizaciones delictivas del continente. Aunque nadie quiere revelar el verdadero significado del nombre, trascendió que “mara” proviene del término con el que se conocen las pandillas en Centroamérica, “salva” sería consecuencia del origen, es decir de la abreviación de El Salvador y “trucha” en la jerga callejera significa “inteligente” o “listo”. La MS13 está basada en un código de lealtad extrema ya que entrar en ella significa ser miembro de por vida ya que la deserción se paga con la muerte.

El primer gran conflicto de los MS13 fue con la pandilla rival Barrio 18 en Los Ángeles, Estados Unidos. Los niveles de violencia que dispararon los asesinatos en la zona hicieron que la mara entrara en el radar de las autoridades, que empezaron a arrestar masivamente a los pandilleros. A partir de esta batalla, Estados Unidos puso en marcha un programa masivo de deportación para residentes nacidos en el extranjero que fueran condenados por delitos violentos asociados con narcotráfico, microtráfico, pandillismo y afines. Esto produjo que, aproximadamente 20 mil pandilleros regresaran a Centroamérica entre 2000 y 2004.

Las deportaciones masivas convirtieron a la Mara Salvatrucha en una organización trasnacional, pues los mareros que llegaron a sus países de origen, con los cuales muchos no tenían grandes lazos sociales, familiares o culturales, crearon “clicas” o células de la MS13, primero en las prisiones y luego en las calles, donde cada vez más empezaron a reclutar jóvenes que buscaban alguna salida a su contexto de violencia y precariedad económica.

También existe evidencia de que la pandilla participa en otras actividades criminales más sofisticadas, como la trata de personas y el tráfico de drogas, pero estas no responden a una conducta generalizada, sino que en casos circunstanciales alguna clica sirve de red de apoyo de otras estructuras más fuertes como la Mafia Mexicana.

Según expertos, desde 2002 los líderes mareros imputados como terroristas crearon la llamada “ranfla nacional” y los “programas”, en los que se agruparon diferentes clicas bajo un mismo “corredor” o líder. Esto ayudó a consolidar las estructuras en la Costa Este de Estados Unidos, en Nueva York y Los Ángeles.

 Consecuencias migratorias

Según especialistas la merma en los índices criminales en ese país repercutiría en la cantidad de salvadoreños que abandonan su país en busca de seguridad.

“La violencia de las pandillas es un problema grave, y El Salvador y Estados Unidos tienen un interés personal en garantizar que estos criminales violentos estén fuera de las calles. Al mismo tiempo, hemos instado al presidente Nayib Bukele y a su Gobierno a abordar la amenaza de las pandillas respetando y protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales”, declaró a la CNN un vocero del Departamento de Estado norteamericano.

A su vez, el portavoz reiteró la postura estadounidense de considerar que el estado de emergencia “es una política insostenible que ha generado serias preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y muertes”.