Así fueron los gobiernos de Lula y Bolsonaro, que hoy luchan por repetir mandato en Brasil

Ambos candidatos tienen experiencia al frente de la jefatura del Estado brasileño, algo que sirve para evaluar cómo funcionaron en temas tan fundamentales como la economía, la Justicia social, la violencia o el desempeño internacional. Además, durante sus años en el poder, estos dos referentes políticos tuvieron numerosas polémicas y desempeños que son valorados por su electorado.

Brasil está a las puertas de enfrentar la que quizá sea una de las campañas más polarizadas en su historia democrática. Dos candidatos tan opuestos ideológicamente como Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro son los favoritos para ocupar el Palacio de Planalto en Brasilia.

Los dos candidatos son plenamente conocidos por el electorado brasileño. Bolsonaro es el actual presidente del país y lleva involucrado en política desde hace décadas como uno de los referentes de la extrema derecha y Lula da Silva fue jefe de Estado entre 2003 y 2010, convirtiéndose en uno de los líderes de la izquierda a nivel latinoamericano e, incluso, global.

Antecedentes que no pasan desapercibidos entre la población brasileña. Los votantes que acudan a las urnas en la primera vuelta del 2 de octubre y en un presumible balotaje el próximo 30 de octubre, tienen presente cómo actuaron estos dos políticos en cuestiones fundamentales para Brasil, como la economía, la seguridad, el hambre, la Justicia social y el panorama internacional. Y también son conocedores de algunas de las polémicas que han salpicado a los dos líderes en los últimos años.

La lucha contra la pobreza y la ayuda social: un referente para Lula, una contradicción para Bolsonaro

La lucha contra la pobreza y la búsqueda de la Justicia social fue uno de los pilares fundamentales desde el comienzo del primer Gobierno Lula en 2003. El expresidente brasileño se propuso facilitar la vida a millones de ciudadanos que vivían desde hace décadas en la pobreza, debido a su pasado humilde y sindicalista, un programa que supuso un éxito prácticamente desde su inicio.

Para Michael López, socio de la consultora política brasileña Arko Advise, “esta ayuda económica generó una aprobación política alta para Lula, ya que tuvo un impacto muy positivo en las regiones del norte del país, conocidas por ser históricamente marginadas y con población extremadamente pobre”.

En esta empresa de mejorar el nivel de vida de los brasileños, destacaron varios programas de ayuda para la vivienda o la educación, pero el principal fue el conocido como Bolsa Familia, una ayuda estatal directa a los más pobres que tenía el objetivo de proporcionar una base de ganancias a cambio de que las familias cumplieran una serie de requisitos, como llevar a sus hijos a la escuela o tenerlos vacunados.

Este programa benefició alrededor de unos 14 millones de familias en todo Brasil, lo que supone alrededor del 25% de la población. La cantidad subsidiada era mínima y no permitía a las familias vivir exclusivamente de esos ingresos, ya que apenas llegaba a los 170 reales brasileños, unos 30 dólares, pero servía para pagar lo más básico a estas personas extremadamente pobres.

Para el profesor Rafael Castilho, sociólogo especializado en política y relaciones internacionales, este auxilio “sirvió para reducir la pobreza extrema y cambiar el sistema político de algunas regiones, donde había una dominación política por cuenta de esta pobreza, que a través del llamado coronelismo buscaba la fidelización política a cambio de pequeñas ayudas de los líderes locales a estas personas”.

Los datos arrojados en torno a estas políticas son positivos. Según el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) de Brasil, todo el gasto destinado a estas familias apenas supuso una media del 0,5% del PIB y significó sacar de la pobreza a millones de personas, además de mejorar su capacidad adquisitiva y arrojar datos económicos de crecimiento generalizados.

Lula da Silva llegó al poder en 2003 con un gran apoyo de la clase media brasileña, pero en su reelección en 2007 y en las elecciones de su sucesora y aliada Dilma Rousseff, las clases trabajadoras jugaron un papel de apoyo fundamental gracias al respaldo recibido en estos subsidios. Subsidios que, sin embargo, la clase media no percibió que les beneficiara.

Y aunque existe un relativo consenso en torno a su éxito, muchos sectores de la clase media y la derecha brasileña comenzaron a oponerse a ellos bajo el argumento de que desincentivaban el empleo y eran una “máquina” de captar votos a favor del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva.

Palabras que se fortalecieron durante la campaña electoral de Jair Bolsonaro en 2018, especialmente tras el hartazgo que hubo hacia el PT por las numerosas investigaciones de presunta corrupción en su contra.

Uno de los puntos fuertes en materia económica de Jair Bolsonaro fueron sus anuncios de recortar gastos en materia de ayudas sociales, algo que fue aplaudido por sectores privilegiados, financieros y empresariales. El actual mandatario presentó una hoja de ruta de corte neoliberal que, sin embargo, se vio truncada a los pocos meses de ponerse en marcha esos recortes.

La crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus golpeó de forma directa a las familias más pobres de la nación carioca, aquellas que viven del comercio del día a día y la informalidad, y el Gobierno ultraderechista se vio obligado a tener que recurrir a las ayudas sociales de Bolsa Familia para subsanar la situación de estas personas.

El analista internacional Gustavo Segré destacó para France 24 que “Bolsonaro entró en una contradicción con respecto a lo que es un gobierno neoliberal en lo económico, al aumentar la ayuda social. Una decisión que, sin embargo, hizo que creciera su nicho electoral entre las personas más pobres”.

El discurso de Bolsonaro se modificó tanto que comenzó a prometer incluso más ayudas de las que proporcionaba el plan Bolsa Familia. Durante los compases finales de su primer mandato, en diciembre de 2021, su Gobierno puso fin al programa insignia del Partido de los Trabajadores para iniciar uno nuevo que llevaba su sello político, al que llamó Auxilio Brasil.

Esta iniciativa contempla brindar a las familias más pobres hasta 400 reales (unos 75 dólares), en lugar de los 170 reales de Bolsa Familia. Pero su plan de acción a largo plazo es mucho más limitado, ya que podría tener fin tras una posible reelección del candadito ultraderechista. Esta medida ha sido calificada de “electoralista” por sus rivales políticos y se ha puesto muy en duda por varios expertos como Michael López, que considera “traería una situación fiscal difícil en un momento en el que la prioridad es la lucha contra la inflación en Brasil. Además, el techo de gasto implementado durante el Gobierno de Michel Temer dificulta mucho la capacidad de acción del Gobierno que entre en esta materia”.

Sin embargo, los datos son demoledores. En el 2022, más de 33 millones de brasileños confirmaron pasar hambre, según un informe publicado por la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria. La mayor cantidad en las últimas tres décadas. Cifras que pertenecen a los más de 150 millones de brasileños que cada día tienen inseguridad sobre si tendrán ganancias o comida suficiente para afrontar la jornada. Datos que convierten al hambre y la pobreza extrema en uno de los mayores desafíos del futuro gobierno.

Armas y lucha contra el crimen: dos posiciones encontradas

El aumento en la venta de armas durante el Gobierno Bolsonaro ha sido uno de los factores más polémicos que han rodeado a su Presidencia. La posición del líder ultraderechista y su entorno es muy clara: han apostado por ablandar las leyes de control de armas. Una decisión aplaudida por sectores como el agropecuario o el militar, pero que ha tenido consecuencias.

La primera de ellas es que desde 2019 se estima, según datos del Instituto Sou da Paz, que el número de armas en circulación ha aumentado en torno al 300%. Y que, además, este armamento vendido es mucho más potente que el de hace unos años.

En total, Jair Bolsonaro ha ejecutado 42 decretos que facilitan el acceso a las armas. Decisiones que han hecho que los civiles compren unos 1.300 artefactos de estos cada día, según los datos aportados por el Instituto Sou da Paz. Armas cuya compra no debe tener una justificación ante la policía sobre su uso.

Las nuevas leyes permiten que un civil pueda tener hasta seis armas para “uso personal” y comprar hasta 200 municiones al año, en lugar de las 50 que estaban permitidas antes. Normas laxas que lo son aún más para los llamados CAC (cazadores, tiradores y coleccionistas).

Los cazadores han pasado de poder portar 12 armas a 30, incluidas 15 de calibres grandes, como los fusiles. Y los tiradores deportivos pueden optar a tener 60 armas por persona, incluidas 30 de alto calibre, una cifra mucho mayor a las 16 que podían optar antes de que llegara al poder Jair Bolsonaro.

A esto hay que sumar que pueden optar a 5.000 municiones por año en armamento normal y 1.000 en armamento pesado.

Este aumento considerable de las armas ha sido justificado por el Gobierno actual y los sectores más próximos a él con los datos de bajada de homicidios en todo Brasil. Cifras que son ciertas y que han reforzado más el argumento de comprar armas para defender propiedades, en el caso de grandes terratenientes rurales, o la vida de una persona.

Gustavo Segré, por ejemplo, destaca que las invasiones a propiedades privadas “han descendido gracias al temor que tienen los delincuentes a que los propietarios usen estas armas. Y esto se ha producido sin llegar a la situación que viven otros países con cultura armamentística, como Estados Unidos”, indica.

Sin embargo, las previsiones no son buenas. Varios estudios señalan que el descenso de la criminalidad no tiene por qué estar relacionado directamente con la compra masiva de armas, ya que puede responder más al aumento de ayudas sociales o al envejecimiento progresivo de la sociedad brasileña, que ha visto cómo en los últimos años la franja de edad entre los 15 y los 30 –donde más homicidios se sufrían– es menor. A esto hay que sumar un dato llamativo: aunque el nivel de homicidios bajó en Brasil en 2021, los datos de fallecimientos por arma de fuego fueron los únicos que aumentaron.

Indicios de lo que puede convertirse en un aumento más repentino en los próximos años. Especialmente teniendo en cuenta que, si hay más armas y menos control, se puede favorecer que ese armamento vaya trasladándose de la legalidad a la ilegalidad. Y que, en un plazo, los grupos armados y criminales se beneficien de estas nuevas normas.

La posición del Partido de los Trabajadores y Lula da Silva respecto a las armas siempre ha sido la de intentar regular lo más posible la situación. Los sectores feministas y afrobrasileños son los que más presionan para este objetivo, ya que las mujeres y la población afro son dos de las principales víctimas de armas de fuego. Durante su etapa en la oposición, Lula afirmó en más de una ocasión que prefería priorizar la “educación a las armas”.

Sin embargo, Lula y el PT han mantenido una posición algo más tibia sobre esta cuestión durante las últimas semanas de contienda electoral, al ser conscientes de que necesitaban ampliar la base de apoyo si quieren vencer en primera vuelta de forma holgada. Y dentro de esta posible base de votantes, el izquierdista ha fijado en su mirada en el sector rural y ha moderado su discurso contra las armas al alabar la “madurez” de los terratenientes armados y al apostar por una simple reducción en el número de armas que pueden poseer.

A pesar de fomentar una mayor regulación, la cuestión de la seguridad fue uno de los grandes lunares durante la Administración de Lula. Aunque consiguió reducir en más de tres puntos la tasa de homicidios durante su mandato, la sensación de inseguridad continuó aumentando en las áreas más pobres de las grandes ciudades, a pesar de los numerosos programas de ayuda que el Estado brasileño intentó implementar entre los más jóvenes.

Una visión internacional muy diferente de Brasil

Otra de las cuestiones que más han separado a los Gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro ha sido su política internacional, diametralmente opuesta en muchos aspectos.

Lula da Silva llegó al poder en 2003 en un momento en el que otros países de la región vivieron procesos similares que los llevaron a tener gobiernos progresistas, como en Chile, Venezuela, Argentina o Uruguay. Y en esta ola izquierdista latinoamericana Lula se convirtió en un referente y líder a nivel regional. Algo que Michael López atribuye, entre otras cosas, “a su gran carisma y talente diplomático. Cualidades que le hicieron un referente no solamente para la izquierda, sino a nivel global. No hay más que recordar que Lula mantuvo una buena relación con políticos como George W. Bush”.

Tanto para el socio de la consultora Arko Advise, como para el profesor Rafael Castilho, Lula consiguió proyectar de una forma “potente” a Brasil en el panorama internacional. Castilho destaca cómo Brasil fue parte activa de “las conexiones sur-sur entre países y economías emergentes, que abandonaban el eje de poder tradicional y cómo esta potencia fue parte fundamental de los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), las economías en desarrollo más importantes del mundo”.

Una cuestión que trajo beneficio para Brasil ya que para Castilho “su crecimiento económico en la primera década de los 2000 vino de la mano de una alta inversión china, que se convirtió en su socio prioritario en el comercio internacional en un momento de constante crecimiento para Beijing”.

Y esta apuesta por asociar a las economías emergentes del mundo se dio sin descuidar a los actores tradicionales más poderosos, como Estados Unidos o la Unión Europea. Gestos como su “mayor conciencia con aspectos medioambientales y de la Amazonía le brindaron una gran popularidad entre los líderes europeos o el mismo Barack Obama”, señala Castilho.

Diferente es la situación para Jair Bolsonaro. El actual presidente brasileño llegó al poder en medio de un auge de la extrema derecha global, que estaba liderado por el expresidente Donald Trump en Estados Unidos. Una sintonía que se dejó ver desde un primer momento con el mandatario.

Sin embargo, Castilho considera que “aunque intentó diferenciar su política exterior de la del PT con un cambio ideológico, esto no repercutió en un aumento de los tratados comerciales con Estados Unidos”.

“Bolsonaro deterioró la relación con socios tradicionales como China y tensó las relaciones diplomáticas con grandes líderes dentro de la Unión Europea, como Macron, sin llegar a tejer una alianza sólida comercial entre miembros de su cuerda política”.

Una cuestión que empeoró todavía más tras la salida del poder de Trump en enero de 2021. Bolsonaro fue uno de los últimos líderes en reconocer su derrota, dando espacio a las teorías conspirativas lanzadas desde el círculo de influencia del expresidente estadounidense. Una cuestión que, como señala Gustavo Segré, ha hecho que “en los dos últimos años el mandatario brasileño haya estado muy aislado internacionalmente”.

Para Michael López esto se debe a la “falta de carisma” del presidente en el panorama internacional y a un “notable problema de comunicación”. Aunque destaca que para Bolsonaro “la prioridad en estos años estaba en cuestiones domésticas, ya que carecía de grandes agendas internacionales” y matiza que “la situación geopolítica con la guerra de Ucrania y lo que ha supuesto para Brasil de cara al extranjero la gestión de la pandemia, ha mermado su imagen en el exterior”.

Las polémicas rodean las presidencias de Lula y Bolsonaro líderes, aunque afectan poco a su electorado

Las dos figuras políticas han tenido varias polémicas durante sus mandatos. Si analizamos el caso de Lula da Silva, la mayor de ellas es la corrupción. Lava Jato es una de las mayores investigaciones contra la corrupción que jamás ha habido en el planeta e implicó a miles de personas del establecimiento político brasileño que recibieron sobornos de numerosas empresas privadas a cambio de contratos públicos.

Esta cuestión afectó de lleno al Partido de los Trabajadores y al propio Lula da Silva, que llegó a estar más de 20 meses en prisión por supuestamente recibir sobornos y propiedades. Esta cuestión minó prácticamente de forma total su poder político hasta que una serie de investigaciones facilitaron las pruebas de que el juez Sérgio Moro, encargado de mandarle a prisión, había cometido prevaricación.

En 2019, el magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló varias sentencias contra Lula y permitió que saliera de la cárcel. Desde ese momento, el expresidente sumó varias victorias judiciales entre anulaciones, absoluciones y casos archivados.

El debate sobre la culpabilidad o no del expresidente es candente en Brasil. Lula mantiene que fue declarado “inocente”, aunque esto “no es del todo cierto”, como expresa Michael López. “Los casos de Lula fueron anulados por un defecto de forma. El expresidente fue condenado a prisión cuando todavía no había agotado todos los recursos de apelación, algo que obviamente fue un error judicial. Pero nunca se llegó a analizar el fondo, por lo que no se pudo determinar si Lula estaba implicado en esos casos o no”.

La cuestión de la corrupción es un gran problema para el Partido de los Trabajadores y para el propio Lula, ya que durante su gobierno “no supieron enfrentar este mal sistémico que afectaba a Brasil desde hace décadas y, de hecho, llegaron a formar parte del mismo problema”, según indica el profesor Castilho.

Por su parte, las polémicas que rodean a Bolsonaro más fuertes son las que tienen que ver con la erosión democrática que ha supuesto para el Estado brasileño su legislatura en el poder. Para el profesor Castilho, Bolsonaro es “un peligro para la democracia brasileña”.

El presidente ha adoptado “una postura de vandalismo institucional que mina las capacidades de las instituciones democráticas y las desgasta poco a poco con el objetivo de destruirlas. Todo ello mientras la capacidad de la sociedad para responder a estos ataques también queda neutralizada”. Para el sociólogo, el ejemplo queda claro al reflejar sus constantes luchas con el poder judicial o algunos políticos locales y regionales.

Por su parte, Michael Lopez destaca que dentro de sus puntos negativos está la gestión de la pandemia. “Bolsonaro se mostró como en líder negacionista incapaz de comunicarse y sentir empatía por el pueblo en un momento complicado. Su negativa hacia las vacunas le dio una imagen muy mala”.

A ello suma que su abanderada lucha contra la corrupción “tampoco fue firme”, ya que “varios escándalos” han salpicado a su entorno e incluso a su familia.

Los dos analistas coincidieron en que estas polémicas “apenas tendrán un efecto para el electorado de cada parte debido a la gran polarización que tiene Brasil”.

Estos son algunos de los puntos más importantes que destacaron en los Gobiernos de Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Cuestiones fundamentales en la coyuntura actual de Brasil que podrían marcar el futuro gobierno y que, en muchos casos, constatan la profunda división entre dos candidatos conocidos para el electorado brasileño que tienen en su gestión la prueba que los hace ser alabados y criticados por sus seguidores y detractores.