El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó este miércoles una denuncia penal en contra de 30 personas vinculadas con la Fundación Nobel por “cometer delitos graves”, entre los que se encuentran los supuestos delitos de apropiación indebida de fondos, crímenes de lesa humanidad y el “financiamiento del crimen de agresión”.
Con el galardón a Machado, la Fundación Nobel, incluida la presidenta Astrid Söderbergh Widding y la directora ejecutiva, Hanna Stjärne, han convertido «un instrumento de paz en un instrumento de guerra», denunció la organización, en contra de lo estipulado de forma vinculante por el testamento de Alfred Nobel, que mandaba conferir el premio a quien hubiera realizado la mayor obra por la fraternidad entre las naciones.
Según la información difundida por WikiLeaks, Assange recalcó en su denuncia que el testamento de Alfred Nobel (1895) ordena que el premio de la paz se otorgue a la persona que durante el año anterior “otorgó el mayor beneficio a la humanidad”, al realizar “el mayor o mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones, en favor de la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y en favor de la celebración y promoción de congresos de paz”.
Así, Assange argumenta que “cualquier desembolso que contradiga este mandato constituye una apropiación indebida de la dotación”, debido a que “la decisión política del comité de selección noruego no suspende el deber fiduciario de los administradores de fondos suecos”.
Sombras sobre premio a María Corina Machado
La acusación de comisión del presunto delito de “apropiación indebida grave y conspiración” se relaciona con el desembolso pendiente de 11 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,18 millones de dólares) del dinero del Premio de la Paz a la opositora extremista venezolana María Corina Machado, quien obtuvo ese galardón este año, y “cuyas acciones previas y en curso la excluyen categóricamente de los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel”.
En cuanto a su denuncia por “facilitación de crímenes de guerra”, se explica en el comunicado que “los acusados son conscientes de la incitación y respaldo de Machado a la comisión de crímenes internacionales por parte de EE.UU.”, por lo que “sabían o deberían haber sabido que el desembolso del dinero del Nobel contribuiría a ejecuciones extrajudiciales de civiles y supervivientes de naufragios en el mar”.
“La dotación de Alfred Nobel para la paz no puede usarse para la promoción de la guerra”, expresó Assange, quien considera que la Fundación tiene la obligación de “garantizar el cumplimiento del propósito previsto en el testamento” de su fundador, “es decir, poner fin a las guerras y los crímenes de guerra, y no de facilitarlos”.
En opinión del fundador de WikiLeaks, “Machado ha seguido incitando a la Administración Trump a seguir su camino de escalada”, en el contexto del despliegue militar que Washington mantiene en el Caribe y el Pacífico desde agosto pasado.
“La denuncia señala cómo el anuncio y la ceremonia del Nobel han ocurrido en lo que analistas militares describen como ‘el mayor despliegue militar de EE. UU. en el Caribe desde la Crisis de los Misiles en Cuba’ —superando ahora los 15.000 efectivos, incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford”, dice el escrito.
La denuncia incluye a modo de prueba declaraciones en las que Machado, según Assange, ha alentado a Washington a intervenir militarmente en Venezuela y ha justificado los ataques estadounidenses contra barcos civiles frente a las costas del país caribeño.
Alerta ante desviación de fondos
En la acusación, Assange asegura que “existe un riesgo real de que los fondos derivados de la dotación de Nobel hayan sido o sean desviados intencional o negligentemente de su propósito caritativo para “facilitar la agresión, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.
Ante esa posibilidad, Assange solicita que las autoridades suecas congelen “inmediatamente” la transferencia pendiente del premio monetario y aseguren “la devolución de la medalla”. Del mismo modo, pide que se investigue a las 30 personas señaladas en su querella.
Finalmente, también requiere que se haga una investigación nacional, o que el caso sea remitido a la Corte Penal Internacional (CPI).
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