Brasil: Cómo Lula busca enfrentar el poder de las Big Tech en un año electoral

En un contexto global donde los estados retroceden frente a las grandes empresas tecnológicas monopólicas como Meta y X, Brasil representa una cruzada singular: intentar regular este mercado y exigir transparencia algorítmica.

Nunca antes en la historia contemporánea los estados habían visto tan tensionada su soberanía como ahora, dado que los gigantes tecnológicos operan con escasas restricciones en numerosos países, sorteando regulaciones locales. En Brasil, el enfrentamiento judicial con Elon Musk, dueño de X (antes Twitter), y las investigaciones administrativas contra la posición monopólica de Meta se enmarcan en esta disputa, marcada por avances y retrocesos del poder político frente a los magnates digitales.

El antecedente: Elon Musk vs. Moraes

Un conflicto iniciado por el alto perfil político de Elon Musk se convirtió en una oportunidad para innovar en materia de regulación y jurisprudencia sobre redes sociales. La disputa entre X y el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes escaló tras las elecciones de 2022 en Brasil, debido a la difusión de noticias falsas que cuestionaban la democracia en el país. Este caso fue paradigmático para observar cómo las plataformas facilitan la articulación de actos destituyentes y narrativas que erosionan la confianza institucional.

La justicia brasileña exigió a la red social eliminar cuentas señaladas por difundir noticias falsas y llamar al golpe de Estado. Inicialmente, Musk desacató las órdenes, por lo que el STF ordenó transferir 3,3 millones de dólares desde las cuentas de Starlink y X para cubrir las multas acumuladas. A pesar de la retórica exacerbada y los numerosos tuits contra el juez y contra Lula, Musk finalmente cedió: procedió a eliminar las cuentas y nombró un representante legal en Brasil para reanudar operaciones en esta economía clave para cualquier empresa global.

El caso Meta y el abuso de la posición dominante

El caso Meta tiene un origen distinto, pero se sitúa en la misma problemática: un estado que intenta poner límites a prácticas abusivas y monopólicas, especialmente en un área tan sensible como el uso de la inteligencia artificial. En este sentido, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) investiga si los recientes cambios en los términos y condiciones de WhatsApp favorecen a Meta AI, restringiendo a desarrolladores externos el acceso a la infraestructura de la aplicación. La experta Alba Ribera Martínez sostiene que este tipo de regulación busca evitar que grandes plataformas restrinjan mercados mediante “remedios de obligado cumplimiento”.

Cabe añadir que, en enero de 2025, el gobierno brasileño otorgó un plazo de 72 horas a la empresa de Mark Zuckerberg para explicar el fin de su programa de verificación de datos, alertando sobre el posible impacto en la difusión de noticias falsas en un contexto preelectoral. Meta respondió por escrito a la Procuraduría General, afirmando que la decisión solo aplicaba en Estados Unidos, país que serviría como “laboratorio” para el nuevo sistema de “notas de la comunidad”. La empresa reiteró su compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión, aunque la situación representó una señal de alerta para el Estado brasileño.

Sobre este gigante tecnológico, investigadores colombianos como Nicolás Cifuentes, Zulma Lugo y Cyntia Cáceres señalan que plataformas como Facebook suelen operar con contratos que incluyen cláusulas abusivas para los usuarios, quienes las aceptan casi compulsivamente debido a la necesidad de interacción social que generan estas redes. Esto consolida una posición dominante, monopólica y coercitiva, de la cual Meta puede aprovecharse.

El “cuidado proactivo”: la transformación del modelo brasileño

Casi en paralelo al surgimiento del modelo Big Tech, Brasil marcó un hito en 2014 con el Marco Civil de Internet, promulgado bajo un gobierno petista. Sin embargo, esa normativa no ha envejecido del todo bien, y el Supremo Tribunal Federal ha tomado nota de la evolución del mercado tecnológico. Bajo el marco original, las plataformas solo eran responsables si no eliminaban contenido tras una orden judicial específica. Recientemente, el STF estimó necesario endurecer las regulaciones, haciendo que empresas como X, Meta y Microsoft sean directamente responsables de monitorear y retirar contenido ilegal de forma proactiva, sin esperar una decisión judicial.

La ley de Mercados Digitales

En septiembre de 2025, el gobierno de Lula presentó al Congreso su proyecto de Ley de Mercados Digitales, respondiendo a un diagnóstico claro: las normas actuales son insuficientes para garantizar una competencia transparente frente al poder que las grandes plataformas ejercen sobre la vida cotidiana de la ciudadanía. El Proyecto de Ley “PL 4.675/25” propone modificar la antigua ley de competencia (12.529/2011). Tras una consulta pública liderada por el Ministerio de Hacienda de Fernando Haddad, el Ejecutivo presionó para su tratamiento urgente, pero encontró resistencia de un bloque pro-tech encarnado por lobbies como ALAI, que lograron el apoyo de sectores de derecha y evangélicos en la Cámara de Diputados para retrasar su discusión.

La ley propone crear una Superintendencia de Mercados Digitales dentro del CADE, con autonomía para regular empresas tecnológicas, investigar y sancionar prácticas como el autofavorecimiento o las restricciones de acceso a competidores, estableciendo reglas claras dentro del marco capitalista.

Regular la Inteligencia Artificial

Otra prioridad del gobierno de Lula es la ley para regular el uso de la Inteligencia Artificial, que busca establecer un marco legal y ético para esta tecnología hasta ahora desregulada. El proyecto fue aprobado por el Senado en 2024 pero, al igual que la Ley de Mercados Digitales, enfrenta obstáculos en la Cámara baja. La iniciativa no pretende controlar contenidos —como suele alegar la derecha—, sino crear un sistema de “Inteligencia Artificial Responsable”. Su primer eje es la protección ciudadana, ofreciendo herramientas para defenderse ante abusos o delitos digitales. En segundo lugar, garantiza la transparencia algorítmica, evitando, por ejemplo, que decisiones laborales o evaluaciones de desempeño dependan de sistemas opacos.

Una cruzada contra el poder omnipresente de Musk, Zuckerberg y compañia

Tras el intento de golpe de Estado de 2023, Lula da Silva ha entendido, quizás como ningún otro líder internacional, la responsabilidad social que conlleva la comunicación digital y el papel crucial de los estados para frenar la propagación de noticias falsas y limitar la influencia de élites tecnológicas mayoritariamente alineadas con la ultraderecha global.

Lula interpreta este contexto —post 2008 y post 2020— de manera similar a como Lenin analizó la formación de cárteles industriales tras la crisis de 1873. El poder de las grandes tecnológicas se sustenta en prácticas monopólicas que, según el correcto diagnóstico de la izquierda brasileña, pueden servir para socavar democracias y empeorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Así, Brasil ha utilizado su peso geopolítico para promover en el G20 principios éticos de transparencia algorítmica y protección de derechos laborales, haciendo un llamado a formar un frente democrático internacional contra la desinformación.

En este año electoral, el destino de estos marcos regulatorios dependerá en gran medida de dos factores: el desempeño de Lula en las encuestas y la disposición de las Big Tech a ceder, considerando que, del otro lado de la polarización política brasileña, aún no emerge un representante fuerte y carismático que encarne sus intereses como lo hacía el convicto Jair Bolsonaro.