La Policía Federal investiga a su hijo Carlos, de 41 años, concejal en Río de Janeiro, en un caso sobre espionaje ilegal sobre 30.000 personas perpetrado por el servicio secreto brasileño durante el mandato de su padre.
Semana a semana el cerco policial y judicial se estrecha en torno al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, que perdió el poder y la inmunidad hace 13 meses. La Policía Federal investiga a su hijo Carlos, de 41 años, concejal en Río de Janeiro, en un caso sobre espionaje ilegal perpetrado por el servicio secreto brasileño durante el mandato de su padre, según ha confirmado Reuters este lunes. Los investigadores tienen orden de registrar su casa y despacho oficial; sospechan que el edil y estratega digital del clan Bolsonaro era uno de los destinatarios de la informacion recogida sin autorización judicial. El patriarca y líder de la derecha brasileña lo consideró tan crucial para lograr la inesperada victoria, en 2018, que Carlos fue el único de los cinco hijos que lo acompañó en el Rolls Royce el día de la toma de posesión.
Entre las residencias registradas, un chalé de verano donde Bolsonaro padre pasa las vacaciones, en Angra do Rei, cerca de Río. Él y sus hijos pasaron allí juntos el domingo. Cuando la policía ha llegado esta mañana, ninguno de ellos estaba en la vivienda, habían salido a pescar juntos al amanecer, según ha informado el abogado de la familia. Al final de la mañana, han regresado a la casa, donde seguían los agentes.
La operación policial de este lunes es continuación de la desplegada la semana pasada. Entonces el principal objetivo fue Alexandre Ramagem, que fue el jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) con Bolsonaro. Comisario de policía antes de entrar en política, Ramallo es ahora diputado y cercano a Carlos Bolsonaro. La principal acusación del caso es que el servicio secreto usó un software israelí llamado First Mile para infectar teléfonos y vigilar a unas 30.000 personas, entre autoridades públicas y ciudadanos de a pie considerados adversarios políticos por el entonces presidente, de extrema derecha, y el bolsonarismo en general.
La policía ha explicado, en una nota difundida esta mañana, que ahora las ocho órdenes de registro se centran en “avanzar sobre el núcleo político, identificando a los principales destinatarios y beneficiarios de las informaciones producidas ilegalmente en el seno de la ABIN”. El comunicado no menciona a Bolsonaro hijo ni a ninguno de los otros sospechosos.
Carlos lleva años en el centro de otro caso que investiga el Tribunal Supremo sobre el llamado Gabinete de Odio. Mientras su padre fue jefe del Estado, el concejal tenía un despacho en el palacio presidencial donde ejercía como una especie de ministro de propaganda. La policía sospecha que difundía desde allí informaciones falsas y desinformación para atacar a los rivales de su padre y cualquiera considerado incómodo y traidor por el bolsonarismo. Él siempre se ha declarado inocente.
Las acusaciones llegan solo horas después de que el exmandatario y sus tres hijos metidos en política, el investigado concejal Carlos, el senador Flávio y el diputado Eduardo protagonizaran un directo en YouTube este domingo por la noche que fue el pistoletazo de salida para las elecciones municipales de octubre. Los Bolsonaro están reclutando seguidores a los que preparar en cursos online para que se presenten a los comicios, que serán un pulso entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Bolsonaro, que sigue como jefe de la oposición, aunque los jueces lo han inhabilitado para ser candidato electoral hasta 2030.
Los diputados afines a los Bolsonaro han salido a defender al segundo hijo del líder. Acusan a la policía de perseguir al clan en un intento de silenciarlo.
El círculo más cercano al expresidente es objeto de interés policial y judicial por distintos frentes. Otros dos hijos de Bolsonaro, el senador Flávio, y Renan, que no es político, fueron señalados por los investigadores en la primera fase de esta operación. El primero, por usar el servicio secreto para preparar su defensa en un caso judicial; el segundo, por usarlo para interferir en una investigación. Además, un exministro de Justicia y el militar que durante cuatro años fue su sombra como secretario personal están en prisión domiciliaria por el asalto a los tres poderes, en Brasilia, en enero de 2023.