De la amenaza a la confrontación: los cárteles mexicanos ante la presión militar de Trump

Las amenazas del gobierno de Trump, lejos de desactivar a las organizaciones criminales mexicanas, están empujándose a redefinir su doctrina operativa.

Durante años, después de un ataque de 15 integrantes de los Zeta contra dos agentes de ICE en San Luis Potosí en 2011, los cárteles mexicanos evitaron a toda costa el enfrentamiento directo con agentes de Estados Unidos. Cruzar esa línea les podría atraer una respuesta desproporcionada por parte del gobierno estadounidense.

Ese cálculo parece estar cambiando. Las amenazas declaradas una y otra vez por el gobierno de Donald Trump para bombardear laboratorios de fentanilo o detener narcotraficantes en territorio mexicano están empujando a las organizaciones criminales a prepararse ante un escenario antes impensable: la confrontación directa con fuerzas estadounidenses.

Lejos de mostrar intimidación, uno de los grupos criminales mexicanos con más fuerza y presencia a nivel nacional, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha ordenado a sus integrantes disparar contra las unidades de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos si se cruzan en su camino durante sus operaciones para introducir drogas o traficar personas a través de la frontera.

La instrucción fue captada recientemente por una fuente de NewsNation, una red de televisión por cable con sede en Chicago y retomada por Small War Journal, una revista electrónica con temas militares auspiciada por la Universidad Estatal de Arizona. La orden del CJNG, de acuerdo con esas fuentes, está vigente en estos momentos.

La gravedad de esa orden no puede leerse como un gesto aislado. En la memoria reciente de los propios carteles existe un precedente que durante años funcionó como una línea roja: el ataque contra agentes estadounidenses. Ese umbral se cruzó y el costo fue alto.

El 15 de febrero de 2011, dos agentes de ICE fueron atacados en San Luis Potosí cuando regresaban a la Ciudad de México en una camioneta blindada con placas diplomáticas. Jaime Zapata, un agente de ICE destacado en Laredo, Texas, murió en el hospital, y su compañero Víctor Ávila, un agente asignado en El Paso, Texas, sobrevivió al ataque, atribuido en esos momentos a la organización de los Zetas.

El 24 de febrero siguiente, Ricardo Trevilla, entonces coronel y vocero de la Sedena y ahora Secretario de Defensa Nacional, informó que unidades del Ejército habían detenido a un grupo de personas presuntamente responsables del ataque.

Desde ese episodio, los grupos de narcotraficantes mexicanos internalizaron una regla no escrita: evitar la confrontación directa con agentes estadounidenses que operan en territorio mexicano.

Esa cautela explica por qué durante más de una década intentaron corromper o negociar directa o indirectamente con los agentes de Estados Unidos. Esa lógica está siendo revisada en un entorno operativo y estratégico que ha cambiado por completo.

Los grupos criminales mexicanos entendieron que sus capacidades no eran suficientes para sostener enfrentamientos directos con fuerzas estadounidenses. Fue entonces que reforzaron esa tendencia hacia su militarización con el reclutamiento de desertores del Ejército y el empleo de tácticas probadas en zonas de combate.

Parte de esa preparación es el adiestramiento de integrantes de los cárteles en el uso de drones militares en zonas de guerra como Ucrania. Los cárteles mexicanos han sido también capaces de equiparse con rifles Barret Calibre 50, capaces de perforar vehículos blindados a más de un kilómetro y medio de distancia.

El proyecto Alto al Tráfico de Armas a México, auspiciado por la organización de derechos humanos Global Exchange, estima que los cárteles mexicanos logran importar ilegalmente más de 1,700 rifles Barrett cada año.

Las consecuencias de una incursión armada estadounidense en México pueden ser graves para los residentes de origen estadounidense.

John Sullivan, exagente de policía de Los Ángeles, California, y ahora investigador académico sobre el crimen organizado en México, estimó que el costo de una intervención militar y policial podría poner en riesgo la seguridad de civiles estadounidenses que viven en México.

Cerca de 800,000 ciudadanos estadounidenses residen legalmente en México, según cifras del INEGI, mientras que un millón de estadounidenses viven en el país de forma irregular, según admiten cifras del Departamento de Estado.

Ya sin la preocupación de que el gobierno de Estados Unidos los declare como terroristas, los grupos criminales mexicanos pueden cometer actos de terrorismo en centros turísticos o ciudades de alta concentración de jubilados estadunidenses como Ajijic y Puerto Vallarta en Jalisco, o San Miguel de Allende, en Guanajuato.

Los nómadas digitales que residen en algunas alcaldías de la Ciudad de México también estarían en riesgo. Las prácticas anteriores de los grupos criminales mexicanos también indican la voluntad de los narcotraficantes de atacar oficinas consulares estadounidenses en México, como ya ha ocurrido en Nuevo Laredo.

Las amenazas del gobierno de Trump, lejos de desactivar a las organizaciones criminales mexicanas, están empujándose a redefinir su doctrina operativa y a considerar a los agentes estadounidenses como un enemigo legítimo en el terreno.

En ese escenario, cualquier incidente puede escalar rápidamente a una crisis binacional. Ni México ni Estados Unidos están preparados para enfrentar la dinámica de violencia de un conflicto armado internacional en la frontera mutua.