El aborto en América Latina: más desafíos que victorias

Antes de que la marea verde sacudiera América Latina y los pañuelos que rezan: “aborto seguro, legal y gratuito” entrelazados en las muñecas y cuellos de las feministas se hicieran populares en las calles, Judith Botero, de 73 años, ayudaba a las mujeres, niñas y adolescentes más empobrecidas de la región de Antioquia, en el noroeste de Colombia, a culminar sus abortos incompletos. “Así sea muy negado el aborto, cuando lo necesitas, lo buscas”, dice contundente desde su casa en Medellín, la capital del departamento.

Judith Botero

Sobre la mesa camilla una pila de libros que cuentan su historia como activista, que recogen los casos de las mujeres a las que ha ayudado durante los más de 50 años de defensa por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Imágenes de Judith disfrazada realizando performances en las manifestaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, o el 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.

Recortes de prensa, textos que ella misma escribió y que lee con voz dulce: “El derecho a la reproducción es también el derecho a no reproducirse en algo tan trascendental como es traer un hijo o una hija al mundo. Yo creo que un hijo o una hija se trae al mundo primero que todo porque se desea y el deseo está atravesado también por las posibilidades sociales, culturales y de afecto. Un hijo o una hija tiene por lo menos el derecho a nacer querido, amado, y ningún Estado puede resolver esto, y mucho menos se lo puede resolver a un ser que nace en un Estado que viola los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas”.

Cinco décadas de lucha feminista por el acceso al aborto

Judith, madre de cuatro hijos y una crianza en solitario, nunca pudo completar sus estudios de medicina, pero sí su carrera como antropóloga –después de someterse a dos abortos clandestinos– porque, según ella misma relata: “así me muriera, tenía muy claro que otro hijo más no tenía”.

Esta pionera en la lucha por el derecho sexual y reproductivo de las mujeres colombianas inició su camino en 1986 con la organización antioqueña Salud Mujer, que tuvo que cerrar debido a las presiones de la Iglesia. Pese a las amenazas –en una nación de fuerte conservadurismo religioso– las mujeres de la organización continuaron con su labor de brindar abortos clandestinos pero seguros; así como apoyo a las mujeres que “con muchos miedos” acudían a ellas.

Las que llegaban en busca de un aborto clandestino eran diversas, procedentes de contextos dispares, aunque mayoritariamente procedentes de la ruralidad colombiana o sectores empobrecidos. Todas compartían el miedo de la ilegalidad y los temores impuestos por el patriarcado y los estigmas. “Sobre todo el miedo al trabajo, a enfermarse y tener que faltar para acudir a la clínica”, dice.

En Colombia, como en muchos otros países de la región, el aborto está contemplado dentro del Código Penal y solo es legal a través de un sistema de tres causales: violación, malformación del feto incompatible con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer. “La ganada de la sentencia C-355 fue maravillosa, como sentencia es la mejor del mundo porque no tiene término”, opina Judith.

France 24

Colombia, a la espera del fallo de la Corte Constitucional

Pese a la legalización parcial desde 2006 con dicha sentencia, el acceso a la IVE a través del sistema de salud colombiano sigue estando repleto de obstáculos: “En un principio los médicos que lo hacían eran ninguno, la mujer podía ir con la causal más clara y no. Fuera de eso, la amenaza de que se van a morir, que el aborto es muy peligroso, que van a dejar huérfanos. Todo era mentira. Atendimos mujeres muy golpeadas por el sistema de salud contra su derecho a abortar dentro de las causales”, se queja: “hubo mucho maltrato”.

Se estima que en el país andino cada año mueren al menos 70 mujeres por procedimientos inseguros y más de 1.300 sufren complicaciones por los métodos empleados desde la clandestinidad. Por ello, este último año, más de 150 activistas y organizaciones –englobadas en el movimiento Causa Justa– presentaron una demanda ante la Corte Constitucional para la despenalización total del aborto, pero el fallo –que debía emitirse a inicios de diciembre– está en stand by, mientras las feministas reclaman una pronta decisión que podría salvarle la vida a cientos de mujeres y niñas.

“Se espera que a inicio del próximo año se retomen las discusiones, frente al impedimento del magistrado Alejandro Linares y frente a la decisión de fondo. Esperamos que tomen en consideración los robustos argumentos y apoyos de expertos internacionales que hemos recibido durante este proceso”, dice Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos.

La penalización agrava las desigualdades e inequidades en la región

La criminalización, tal como denuncian los colectivos y organizaciones feministas, afecta con mayor dureza a las mujeres empobrecidas y de zonas rurales. Unas 400 mujeres son anualmente criminalizadas por abortar, el 97% proceden de contextos rurales, porque el acceso al IVE es también inequitativo en América Latina; un patrón que se repite en toda la región.

“La discriminación es para las que están más vulneradas en la vida desde que nacen. Toda la vida ha existido el aborto, las ricas de este país se iban para el extranjero y las pobres se morían”, reprocha la activista.

En Colombia, según explica Rosero, el peso de la ilegalidad recae con más dureza sobre mujeres jóvenes que enfrentan pobreza: “Esto profundiza las desigualdades e inequidades que de por sí ya existen en las sociedades y que terminan por afectar a las mujeres en las condiciones más difíciles”. El número de abortos inseguros entre adolescentes y niñas en América Latina alcanza los 670.000 al año, según el Fondo de población para las Naciones Unidas (Unfpa).

Métodos precarios y peligrosos en la clandestinidad

Judith fue testigo de ello, tuvo que atender a decenas de estas mujeres que llegaban al borde de la muerte, “la mayoría ya habían intentado algo antes y no le había servido”. Los rudimentarios métodos ponían en riesgo la vida de las mujeres y adolescentes desesperadas:

“Lo que más veíamos eran sondas vesicales, les metían agua con sal, agujas de malla, cebolla de rama larga, se las metían a la fuerza, la sonda la metían sin ninguna dilatación ni nada, los daños eran terribles”, recuerda. También los populares aguardientes y brebajes “el aguardiente alemán de siete hierbas, nunca supimos qué llevaba”, otras tomaban cerveza caliente o café muy fuerte e hirviendo “y muchas tampoco abortaban”.

Unas técnicas surgidas en la clandestinidad que se replican desde Argentina hasta México, con mayor frecuencia en aquellos países en los que el aborto está totalmente penalizado, al menos seis: Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Jamaica y El Salvador. En este último las leyes son tan estrictas, de entre 30 y 50 años de cárcel, que se aplican también cuando la mujer padece una interrupción voluntaria o una emergencia obstétrica, puesto que está tipificado como homicidio agravado.

Si bien el Ejecutivo de Nayib Bukele niega la despenalización o un sistema de causales, el pasado 1 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la nación por el caso ‘Manuela’, una joven rural que murió en prisión pagando una pena de cárcel tras sufrir una emergencia obstétrica fruto de un cáncer no diagnosticado.

“El caso de Manuela es un caso testigo y que muestra desafortunadamente las más atroces consecuencias de la aplicación desproporcionada del derecho penal (…) Su caso visibilizó que es frecuente que las denuncias contra estas mujeres son presentadas por el personal médico que las atiende y posteriormente muchas de ellas son condenadas”, explicó en el programa Ellas Hoy de France 24, Carmen Cecilia Martínez, gerente regional del Centro de Derechos Reproductivos.

“El aborto sigue muy ligado a una serie de estereotipos y prejuicios”

Decidir sobre sus cuerpos puede provocar la muerte o la encarcelación para millones de mujeres latinoamericanas y a menudo el derecho al aborto se trata desde una perspectiva moral y ética, pero no como un tema de salud pública. “El aborto sigue muy ligado a una serie de estereotipos y prejuicios, compaginados con una visión tradicional del rol de las mujeres en la sociedad, asociado a que ejerzan la maternidad como su destino principal y ligado también a visiones religiosas que ven el aborto como algo reprochable y como un pecado”, sostiene Rosero desde Colombia.

La mortalidad materna es proporcional al grado de restricción sobre el acceso al aborto, pero también es interseccional con las desigualdades socio-económicas de las mujeres que se someten al procedimiento. Para la activista y abogada de la organización argentina ELA, Zoe Verón, la criminalización empuja a las mujeres a la clandestinidad, “eso significa que de alguna manera acceden de una forma que podría ser insegura y poner en riesgo su vida y salud”, dice a France 24.

“Se ha comprobado que la criminalización del aborto no significa que las mujeres dejen de abortar”, señala la argentina, alegando que su penalización también la sufren aquellos profesionales de la salud comprometidos con el acceso sanitario universal.

Para las activistas de la región, los Estados deben tratar la interrupción voluntaria del embarazo como un problema de salud pública, fuera de la ética y la moral individual, “no solo así, sino también como un tema de derechos de las niñas y mujeres. Urge una regularización no desde lo penal, sino más bien que transite hacia una regulación con un enfoque de derechos sanitarios, constitucional”, concluye Rosero. Es por ello que las defensoras acuden a las Cortes de Justicia para exigir su legalización tras encontrar impedimentos en los legislativos y Ejecutivos, en su mayoría de corte conservadores: “son las cortes quienes han tenido esa respuesta para proveer esta protección”.

Argentina, de la clandestinidad al Congreso

Argentina cerró 2020 con la celebración masiva de millones de mujeres que hondeaban pañuelos verdes cuando se conoció la despenalización total del aborto hasta las 14 semanas de gestación, siendo la última nación latinoamericana en despenalizar la IVE, luego de años de incesante lucha feminista. En la región solo seis naciones permiten la interrupción voluntaria del embarazo de forma legal: Cuba, Uruguay, Guayana Francesa, Guyana, Puerto Rico y Argentina.

El aborto pasó de la clandestinidad al Congreso gracias a la persistencia en las calles de las feministas argentinas, pero “el desafío o el foco en la implementación está puesto en fortalecer las capacidades de los servicios sanitarios del país, remover ciertas barreras, capacitar a profesionales de la salud y proveer los insumos necesarios para que se pueda garantizar en todo el territorio”, explica Verón.

El triunfo de las argentinas supuso un empujón en materia de derechos para otros países vecinos como Chile. A finales de septiembre de 2021, la Cámara Baja dio el paso hacia la legalización de la IVE; desde 2017 es legal bajo un sistema de tres causales, pero está penalizada con hasta cinco años de prisión si el aborto no está dentro de las causales. Un logro que se tomó con la negativa del Senado, que el 30 de noviembre de este año rechazó la iniciativa, dejando el caso archivado y sin posibilidad de un nuevo debate en esta legislatura.

Al igual que Chile y Colombia, varios países de la región como Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay o Brasil la interrupción voluntaria del embarazo está permitida dentro de un marco de supuestos que varían en función de cada Estado. A menudo es el propio personal médico quién decide si aplica o no el aborto, escudándose en la objeción de conciencia, una traba más del sistema para las mujeres.

Sistema de causales, “insuficiente” para garantizar el acceso a la IVE

“Lamentablemente, el sistema de causales lo que significa es que de entrada el aborto es considerado un delito”, explica a France 24 Rebeca Ramos, directora de la organización mexicana GIRE, añadiendo que es el motivo por el que la marea verde y “la exigencia del aborto legal, seguro y gratuito pide a los Estados que despenalice el aborto y que pasemos de un sistema de causales a un sistema de plazos”.

En México, el aborto está despenalizado en solo 7 de los 32 estados, “lo que vemos en México, donde en la capital desde 2007 tenemos un sistema de plazos, ha permitido un mayor acceso a los sistemas de salud y precisamente que el aborto se dé en términos de derechos y no en términos de un delito”, señala Ramos. Los avances, si bien a pequeños pasos, son patentes en América Latina y Centroamérica.

En septiembre, la Suprema Corte de Justicia mexicana declaró inconstitucional la prohibición del aborto en el estado de Coahuila, “fue donde se sentó este precedente que no permite que se despenalice el aborto de manera automática en todo el país, pero sí da un precedente y unos argumentos jurídicos muy fuertes para avanzar en la despenalización en el resto del país”, señala la directora de GIRE.

Si bien los avances son múltiples, el aborto, englobado dentro del derecho a la salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes sigue estando vulnerado en las sociedades latinoamericanas. Ahora, son las nietas de Judith –las feministas más jóvenes– las que unidas por los pañuelos verdes alzan la voz desde todos los rincones de América Latina en un reclamo colectivo por sus derechos, replicando el lema que la pionera colombiana instauró hace cinco décadas: “Nuestro cuerpo, el primer territorio”.