El impacto económico de la delincuencia alcanza el 3,4% del PIB de América Latina

América Latina y el Caribe, con sólo el 8% de la población mundial, representan un tercio de los homicidios que se cometen en el mundo, según un informe publicado este lunes por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La violencia y la inseguridad, la principal preocupación de los habitantes de la región, no sólo provocan pérdidas de vida; también merman la economía ya que impacta la inversión, la productividad y el crecimiento, al tiempo que deteriora la confianza en las instituciones. Los costos directos de la delincuencia alcanzan el 3,4% del PIB de Latinoamérica, lo que equivale al 78% del presupuesto público para educación, al doble de lo destinado a asistencia social y a 12 veces del gasto en investigación y desarrollo, arroja un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también lanzado este lunes.

Cada acto de violencia genera un efecto dominó que impacta más allá de las víctimas, trastocando la vida de comunidades enteras, desde la actividad turística o la migración, hasta la productividad empresarial. Ocho de los diez países más violentos del mundo son de América Latina, aunque las cifras de violencia son heterogéneas. En 2023, las tasas de homicidios superaron los 30 por 100.000 habitantes en varios países del Caribe, pero fueron inferiores a 10 por 100.000 en Chile y Perú, por ejemplo. Brasil, Colombia y México, donde vive alrededor del 60% de la población de la región, concentran el 70% de los homicidios.

El estudio del BID titulado Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de estimaciones para América Latina y el Caribe arroja que el gasto público para responder y prevenir el crimen promediaron entre 3 y 3,5% del PIB en 17 países de la región en 2014. El cálculo del costo directo considera tres áreas: pérdida de capital humano (tiempo productivo perdido por delitos no letales, homicidios y encarcelamientos), equivalente al 22%; el gasto de las empresas privadas en mitigación, un 47%; y el gasto público en prevención del crimen y justicia penal, que representa un 31%.

Las dinámicas emergentes, como el cibercrimen, y las más complejas, como el crimen organizado, plantean desafíos que “están evolucionando de manera preocupante”, advierte el informe del BID. Los grupos criminales organizados, que cometen la mitad de los homicidios en las Américas, están aumentando su presencia e influencia, especialmente en las ciudades y territorios cercanos a puertos y rutas comerciales o zonas de industrialización.

El BID busca impulsar políticas públicas como el fortalecimiento las instituciones para mejorar la eficiencia del gasto en seguridad, centrarse en intervenciones basadas en evidencia y vigorizar los sistemas de justicia a través de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, una iniciativa que se presentará en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia de diciembre. La instancia pretende facilitar la coordinación regional para la implementación de las medidas y promover la movilización de recursos.

El 30% identifica el crimen y la inseguridad como el principal desafío que enfrentan sus países, por debajo de los niveles máximos registrados en la década de 2010, pero la preocupación está al alza desde la pandemia, según el informe del FMI. El aumento de la inflación por encima del 10%, ejemplifica el estudio, está vinculado con un incremento del 10% en los homicidios al año siguiente. A nivel municipal, un aumento del 10% en los homicidios reduce la actividad económica alrededor de un 4%. Esto implica que reducir a la mitad las tasas de homicidio podría impulsar la actividad a nivel local en un 30%.

El gasto en orden y seguridad pública en la región promedian alrededor del 1,9% del PIB, lo que es significativo, aunque tiende a no reaccionar ante los cambios en la delincuencia, señala el informe. Mientras El Salvador ha mostrado mejoras significativas, la tasa de homicidios en Ecuador aumentó de 5,7 por 100.000 personas en 2018 a 45,1 en 2023, convirtiéndolo en el país más violento de América del Sur. La expansión de la migración y las pandillas también están impactando a los vecinos. Las que se propagan desde Venezuela, por ejemplo, se han relacionado con un aumento de los secuestros y homicidios en Chile. Los migrantes también impulsaron el aumento del crimen en Colombia cerca de la frontera.

El FMI investigó que reducir la tasa de homicidios en América Latina al promedio mundial (disminuir un 60%) aumentaría el crecimiento anual en un 0,5%, lo que implicaría ganancias del 5% del PIB en 10 años. El análisis sugiere que disminuirlos solo aumentando el gasto en orden público y seguridad probablemente resulte costoso, por lo que se requiere un enfoque más integrado, que mejore la eficacia de los fondos e incluya inversiones sociales para abordar problemas de larga data, como el acceso al trabajo y mejoras en el Estado de derecho.

Las tasas de asesinato son más altas donde hay una mayor proporción de habitantes que no ha completado la escuela, donde hay más jóvenes, y en áreas urbanas. El estudio revela la importancia de oportunidades económicas para los jóvenes, especialmente mejorando el acceso a la educación y la prestación de servicios en zonas desatendidas. Las políticas económicas también pueden mitigar el costo, especialmente mejorando la coordinación de políticas en todos los niveles de gobierno. Se debe “considerar seriamente” una plataforma regional para apoyar la recopilación, el intercambio y el análisis de datos, concluye el estudio, así como la difusión de mejores prácticas sobre respuestas efectivas de políticas económicas y de seguridad.