Las imágenes fueron terribles: policías en uniformes antimotines que parecían una mezcla de RoboCop y Darth Vader impidieron que los ciudadanos votaran. Golpearon a gente con sus porras, dispararon balas de goma e hirieron incluso a personas jubiladas. Todo fue captado por las cámaras de celulares y de fotógrafos y los resultados dieron la vuelta al mundo.
Fue el tipo de violencia que la Unión Europea usualmente condena de manera enfática e incluso considera castigar. Pero eso no es tan sencillo esta vez, porque el Estado que cometió tales acciones es justamente un miembro del bloque: España.
La situación en Cataluña ha dejado en una posición incómoda a la Unión Europea y a sus integrantes. El bloque dice defender los derechos democráticos básicos como la libertad de expresión, de reunión y la garantía del voto. Sin embargo, aunque la UE es una unión de Estados democráticos, es, antes que otra cosa, una unión de Estados soberanos.
Por lo tanto, Bruselas ve en Cataluña un tema español, no algo para las competencias de la Unión Europea o de sus integrantes, recelosos de promover fuerzas separatistas que también existen en varios de sus países y que podrían desmoronar al bloque mismo.
Las contradicciones y el relativo silencio por parte de Bruselas no ha pasado inadvertido, especialmente por los catalanes que querrían quedarse dentro de la UE de llegar a independizarse.
“Los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea están siendo dañados por este uso desproporcionado de la fuerza contra ciudadanos pacíficos”, dijo Amadeu Altafaj, el delegado catalán ante Bruselas. “Para algunos países como Polonia hay estándares estrictos, pero si se trata de España parece haber mucha complacencia”.
La razón es sencilla: el referéndum catalán fue declarado inconstitucional por las cortes españolas y en un momento en el que los sentimientos nacionalistas y populistas van en aumento, lo último que la Unión quiere es promover el separatismo regional.
Como sucedió después del referendo independentista escocés de 2014, que a diferencia del catalán fue celebrado con aval del gobierno en Londres y el resultado -por ahora- fue contra la separación, el temor es darle cabida a movimientos como el flamenco en Bélgica, el nacionalismo padano en Italia, los corsos en Francia o la población de Transilvania en Rumania.
Y con el Reino Unido negociando su salida del bloque, también hay preocupación sobre cualquier tema que pudiera causar mayor incertidumbre económica y confusiones legales.
Algo que deja claro la sensibilidad hacia el separatismo regional es que, todavía hasta hoy, 5 de los 28 Estados miembro de la UE -entre ellos España- no reconocen la independencia de Kosovo, pese a que la misma OTAN estuvo en contra de los esfuerzos serbios para mantener control sobre el territorio. La Unión Europea tampoco respalda las aspiraciones independentistas de los kurdos o de los crimeos.
Así que no es de sorprenderse que la reacción de los líderes políticos europeos a lo sucedido el domingo en Cataluña haya sido en su mayoría comentarios sobre la soberanía española, la ilegalidad del referéndum y que la violencia fue terrible, pero que las partes deben dialogar.
La Comisión Europea declaró que el voto “no fue legal” y que “es un tema interno para España que debe ser atendido en línea con el orden constitucional” de ese país. “Convocamos a todas las partes relevantes a movilizarse con celeridad para pasar de la confrontación al diálogo”.
La violencia en Cataluña -con denuncias de brutalidad policial y el uso de balas de goma en contra de civiles pacíficos que querían ejercer su derecho al voto- no es poca cosa. Incluso si lo que sucedió en Cataluña no se compara con las masacres en Bosnia, Kosovo o la Primavera Árabe, sigue siendo cierto que sucedió en un Estado miembro.
“Esta es una pesadilla de relaciones públicas para Rajoy”, dijo Steven Blockmans, experto en la ley e instituciones de la Unión Europea del Center for European Policy Studies, en referencia al presidente español Mariano Rajoy.
Incluso, dijo Blockmans, Rajoy estaba fomentando y apuntalando el independentismo con su respuesta fallida, así como aumentando la ansiedad entre sus pares europeos. España debería voltear a ver hacia Bélgica, según Blockmans, pues ahí se ha logrado darle cierto poder de regreso a los flamencos; como ya se ha hecho, en cierta medida, con la región vasca de España.
“Bélgica ha cumplido con los deseos autonómicos de los flamencos por medio de un proceso de reforma constitucional constante”, dijo Blockmans. “Ninguna constitución está escrita en piedra”.
Sin embargo, a Rajoy también le preocupan las consecuencias que tendría una Cataluña independiente en otras partes de España. La región vasca buscó durante décadas su independencia por medio del grupo armado ETA, considerado organización terrorista, y su brazo armado el Herri Batasuna.
ETA -como el Ejército Republicano Irlandés- finalmente acordó dejar las armas, pero los vascos obtuvieron cierta autonomía, como el control de la recaudación fiscal, una de las cosas que justamente piden los líderes catalanes. Es un ejemplo que apunta hacia una posible salida de la crisis, de acuerdo con Blockmans.
Y aunque la Comisión Europea no es vista por los catalanes como un posible mediador neutro, ese rol podría ser desempeñado por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, un grupo de abogados internacionales (el Consejo de Europa es un órgano distinto a la UE, pero comparten los Estados miembro).
En todo caso, urge que Rajoy, España y los catalanes reciban ayuda para salir de la crisis, dijo Blackmans. “Ambas partes están atrapadas en su lógica. Tal como Rajoy necesita reanudar el diálogo sobre reformas constitucionales, los catalanes no pueden hacer demandas demasiado extravagantes como para poner en riesgo que continúen las negociaciones”, señaló el experto.
La Comisión Europea generalmente sigue la llamada doctrina Prodi, en honor a un expresidente de la comisión, el italiano Romano Prodi. La doctrina establece que un Estado separado debe abandonar el bloque y solo puede ser admitido si obtuvo su independencia de acuerdo con la ley constitucional del Estado miembro del que se separó.
Cualquier Estado miembro, además, obtiene el ingreso si así lo acuerdan de manera unánime los integrantes del bloque; España tendría entonces derecho al veto contra el ingreso de Cataluña, y no sería el único.
El actual presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, dijo el viernes que respaldaba el “Estado de derecho” y que Bruselas debe respetar las decisiones del gobierno y las cortes españolas.
La Comisión también ha dicho varias veces que un voto a favor de la independencia catalana solo sería reconocido si el referéndum se da dentro de la normatividad española y se reconoce su legalidad.
Juncker ha dicho que la diversidad regional y la riqueza de las “tradiciones regionales” no deben convertirse en “elementos del separatismo y fragmentación de Europa”.
Sin embargo, mientras Bruselas y otras capitales europeas han mantenido relativo silencio de cara a lo sucedido, otros han sido muy vocales. Tanto Charles Michel, el primer ministro belga y quien gobierna gracias a una coalición con los flamencos, como los partidos socialistas del Europarlamento han condenado la actuación policial en Cataluña y urgieron a Madrid a dialogar con los independentistas.
“¡La violencia nunca debe ser la respuesta!”, escribió Michel en Twitter. Su par esloveno, Miro Cerar, también dijo que la situación era “preocupante” y debía haber “diálogo político, Estado de derecho y soluciones pacíficas”.
El Europarlamento, en tanto, ha estado del lado de España, en parte porque es encabezado por el Partido Popular Europeo al que pertenecen Rajoy, Juncker y la canciller alemana Angela Merkel.
Antonio Tajani, el presidente conservador del parlamento, le dijo a un medio catalán antes del referéndum que ignorar la Constitución española implicaba socavar la base legal de toda la Unión Europea. “Esas son las reglas”, indicó.
Sin embargo, el manejo tan inepto de Rajoy en cuanto al referéndum tendrá un impacto duradero, incluso si ambas partes se tranquilizan y entablan más conversaciones sobre una mayor autonomía catalana.
Charles Grant, director del Centro para la Reforma Europea, lo puso de esta manera en Twitter: sin importar los pros y los contras, el gobierno español “perdió la batalla internacional de relaciones públicas por su comportamiento rudo”.
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