Polémica: El Tribunal Constitucional de Perú ordena liberar a Fujimori

El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la puesta en libertad “inmediata” del expresidente Alberto Fujimori, de 85 años.

La decisión desató inmediatamente una gran polémica en Perú, donde Fujimori sigue siendo un personaje muy controvertido y el recuerdo de su gobierno, muy espinoso.

Ya en marzo de 2022, el Constitucional peruano falló a favor de la liberación de Fujimori, pero una resolución posterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) frenó la puesta en libertad.

Ahora, el Tribunal Constitucional niega la competencia de la Corte IDH para establecer como no ejecutable la polémica sentencia que liberaría a Fujimori.

Como respuesta al anuncio de este martes, la Corte IDH emitió a última hora del día una resolución en la que instó al Estado peruano a no liberar por el momento a Fujimori.

Pidió no hacerlo hasta que el organismo internacional pueda comprobar si la liberación del expresidente “cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022”.

En ella figuran las razones por las cuales el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto “por razones humanitarias” según los estándares interamericanos establecidos a raíz de dos casos en los que Fujimori está involucrado.

La Corte IDH justificó su petición en la “gravedad y urgencia de la situación” y en el “propósito de que no se produzca un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas”.

Quién es Alberto Fujimori y por qué está en la cárcel

Alberto Fujimori fue presidente de Perú entre 1990 y 2000, y su recuerdo sigue polarizando a la opinión pública peruana.

Sus partidarios destacan el éxito de su política económica en la batalla contra la hiperinflación que golpeaba a Perú cuando llegó al poder, y que bajo su mando se produjo la derrota de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.

Sus detractores subrayan su carácter autoritario, y recuerdan que en 1992 dio un autogolpe que acarreó el cierre del Congreso, las violaciones de los derechos humanos que perpetraron agentes del Estado en la lucha antisenderista, y los escándalos de corrupción que salpicaron el final de su gobierno.

Fujimori renunció a la presidencia de Perú mediante el envío de un fax en 2000 y abandonó el país. La justicia peruana lo persiguió durante años para hacerle responder por sus causas pendientes, pero no fue hasta 2005 cuando fue detenido y encarcelado durante una visita a Chile.

Este país lo extraditó finalmente a Perú en 2007.

En su país fue condenado a 25 años de prisión por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que un grupo de militares dirigido desde el gobierno acabó con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes contra los derechos humanos.

Fujimori ha permanecido preso en el penal de máxima seguridad de Barbadillo, en la periferia de Lima, donde comparte cautiverio con otros expresidentes peruanos.

Por qué se decide ahora la liberación

Los intentos por liberar a Fujimori han sido el motivo de una larga disputa judicial.

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto humanitario a Fujimori por motivos de salud, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte IDH se pronunció en junio de 2018 en contra del indulto. Calificó los de Fujimori como crímenes contra la humanidad y requirió al Estado peruano un control judicial sobre el perdón concedido por Kuzcynski.

La Corte Suprema de Perú lo declaró entonces nulo y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional revocó en marzo de 2022 la decisión del Supremo y restableció la vigencia del indulto.

Pero otra resolución de la Corte IDH emitida semanas después resolvió que la sentencia del Constitucional peruano incumplía las disposiciones sobre la ejecución de la condena a Fujimori como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y pedía al Estado peruano garantías de que el indulto estaba fundamentado y no abría la puerta a la impunidad en crímenes contra los derechos humanos.

Entonces, el izquierdista Pedro Castillo dirigía el gobierno peruano y aquella decisión supuso el final momentáneo del proceso.

Pero hace pocas semanas, Fujimori presentó un nuevo recurso de hábeas corpus, que el Tribunal Constitucional ha terminado por resolver reafirmando la validez del indulto concedido por Kuczynski y ordenando la liberación inmediata del expresidente.

El TC advierte además a los funcionarios responsables de prisiones de que deben obedecer su resolución “bajo responsabilidad” y afirma que la Corte Interamericana no es competente para pronunciarse sobre si su última sentencia es ejecutable.

Por qué es tan polémica la liberación de Fujimori

Los partidarios del expresidente destacan su avanzada edad, 85 años, y los años que ya lleva en prisión.

Las asociaciones de víctimas y activistas pro derechos humanos se oponen al indulto porque Fujimori nunca se ha disculpado con las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ni tampoco ha pagado las reparaciones económicas que se le impusieron.

Tras conocerse la última decisión del TC, la Asociación Pro Derechos Humanos, expresó su “enérgico rechazo ante el grave desacato del Tribunal Constitucional al ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, porque “contradice las disposiciones internacionales”.

También piden al gobierno de Dina Boluarte que no ejecute la sentencia que ordena su liberación y le pide que se asbtenga de llevar a cabo “acciones que pongan en riesgo la integridad de la justicia y la lucha contra la impunidad”.

La ONG Human Rights Watch afirmó que la liberación de Fujimori “violaría las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” y que el Estado peruano tiene obligación de cumplirlas.

Pero el congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, el partido político fujimorista, celebró la inminente liberación de Fujimori como “una grata noticia”. Ventura dijo que la decisión cumple lo dictado en la Constitución y las leyes peruanas.

En la tarde del martes, simpatizantes de Fujimori comenzaron a congregarse a las puertas del penal donde cumple condena.

Familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta se concentraron a las puertas del Palacio de Justicia en Lima para protestar contra la anunciada liberación del expresidente.