
Mientras Lula logró cifras mínimas de deforestación, el silencio de Bolsonaro hijo apunta a que heredará el negacionismo climático de su padre. De los comicios dependerá el cierre de un escudo de derecha sobre la mayor selva tropical del mundo.
Las ajustadas elecciones de Brasil para este domingo se juegan el futuro de la Amazonia, la mayor selva tropical del mundo y una ficha de la diplomacia climática. En el país, que concentra un 60 % de todo el ecosistema, la intermitencia política entre las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva y los Bolsonaro ya se ha traducido en una profunda huella en el territorio. Mientras los mandatos del líder de izquierdas se han caracterizado por controlar la deforestación, en el de Jair Bolsonaro, hoy encarcelado por intento de golpe de Estado, la pérdida forestal incrementó. Y ante las nulas palabras de su hijo y candidato, Flávio Bolsonaro,sobre cuáles serían sus planes climáticos en caso de ser elegido, la señal es que replicaría las mismas políticas de su padre.
“Han sido elecciones en las que poco se han discutido las propuestas de los candidatos, incluidas las ambientales”, dice Claudio Angelo del Observatório do Clima. “Pero lo que sí tenemos es un análisis de sus promesas y lo que han hecho en el pasado”, agrega.
En un ejercicio que hizo el Observatorio con los planes de los candidatos, se encontró que el de Lula tiene 16 compromisos medioambientales positivos de los 28 que consideran necesarios. El de Bolsonaro, en cambio, apenas llega a uno. En cuanto a la experiencia, Angelo lanza una anécdota sobre el ahora candidato de la derecha: en 2024, fue el único de los 81 senadores de Brasil que votó en contra de un proyecto de ley sobre adaptación climática tras las inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul. Sobre Lula, pese a la crítica de que sus planes energéticos no se alinean con los objetivos climáticos, ve sus años en el poder como una garantía de que, por lo menos, no es un asunto que quedará difuminado.
“Tiene una trayectoria muy buena en cuanto a deforestación”, insiste. De acuerdo al Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), en 2025 se destruyeron 5.796 kilómetros cuadrados de vegetación nativa amazónica; casi un 50 % menos que en 2022, último año del bolsonarismo. Y aunque aún no se conoce la cifra para 2026, “los datos apuntan a que estarán cerca de ser las más bajas en la historia”.
Las tasas en las que se pierde el bosque son, al final, una traducción de cómo se entiende la Amazonia. “Como una frontera económica donde predomina más el negocio y lo militar o como un territorio social y ambiental”, explica Julia Affonso, secretaria ejecutiva de la Red Amazónica de Información Socioambiental (Raisg). El plan de acción para controlar la deforestación en la Amazonia creado en 2004, por ejemplo, dejó de funcionar durante el mandato de Bolsonaro. “Igual sucedió con las instituciones de regulación ambiental y los órganos ambientales”, agrega.
Si los pasados cuatro años hubiesen sucedido bajo las lógicas y reglas de los Bolsonaro, se habrían perdido al menos 20.000 kilómetros cuadrados más de selva amazónica, calcula un análisis realizado por Carbon Brief a partir de estudios previos de la Universidad de Harvard. Es un tamaño similar al de El Salvador.
Escudo de la Amazonia
Las cuentas cuadran. Si Bolsonaro hijo gana las elecciones, para enero de 2027 cinco de los nueve países que hacen parte de la Amazonia tendrían un gobierno de derecha. En Colombia, Ecuador y Perú —que suman un 28 % de la región— ya es el caso. Y Venezuela, que representa alrededor de un 5% más, está presionada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Por eso las elecciones del domingo, advierten desde la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), son determinantes para un ecosistema tan relevante para la lucha contra el calentamiento global. “Cualquier política relacionada con minerales, petróleo o infraestructura en la Amazonia debe comenzar con el respeto a los derechos territoriales y el derecho a la consulta libre”, escribe en un comunicado Alcebias Sapará, coordinador ejecutivo de APIB.
Dentro de la coalición del Escudo de las Américas que se inventó Trump para combatir el narcotráfico y al que se han sumado los Gobiernos de la derecha latinoamericanos, se mencionan grupos ilegales con presencia en la Amazonia, como Los Lobos de Ecuador, y las disidencias de las FARC de Colombia. Pero también a los brasileros Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital, a pesar de que Brasil no forma parte de este escudo. En la declaración que firmaron tras su reunión paralela a la Asamblea General de la ONU, la coalición igualmente pactó “salvaguardar” las cadenas de suministro de minerales críticos. En el bioma amazónico, según el observatorio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), existen 29.903 títulos mineros, encabezados por el oro, la plata, el cobre, el zinc y el coltán.
Esta ambición económica viene acompañada por un silencio estratégico: el de cómo proteger los ecosistemas que se van a explotar. “En Perú hemos visto que se han ido reduciendo los estándares ambientales”, cuenta Silvana Valdovino, directora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Y junto a otros países como Colombia y Ecuador, la unidad se forjó alrededor de argumentos a favor de la minería, la agroindustria y la militarización del territorio. “La ilegalidad y los ecosistemas están conectados y así es que debemos buscar soluciones”, comenta. “Pero no puede ser únicamente sobre el extractivismo y con menos protección de los derechos”.
Imágenes de Raisg muestran una Amazonia ya fragmentada. “A nivel regional, el 16 % perdió su conectividad ecológica”, suma Affonso. Sin embargo, para 2023, casi el 50% de las áreas protegidas y el 70 % de los territorios indígenas tenían un mejor escenario: era mayor la conectividad tanto en su interior como en su zona de influencia. “Por eso no solo importa la visión regional, sino incluir a quienes viven en las selvas”.
Precisamente, a finales de 2025, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), revivido por impulso de Lula y Gustavo Petro, expresidente de Colombia, tuvo una primera sesión del mecanismo de los pueblos indígenas: el espacio que se creó para que puedan tener incidencia sobre lo que se decide allí. La próxima cumbre de presidentes, agendada para 2027 en Ecuador, dejará ver si la Amazonia estará cobijada bajo un panorama político radicalmente distinto: cercada por un escudo de derecha o con un Brasil aislado diplomáticamente.












