España acusa a Bolivia de hostigar a sus funcionarios en la crisis diplomática de diciembre

Casi dos meses después de la grave crisis diplomática entre España y Bolivia, el Ministerio de Exteriores ha dado a conocer el primer relato pormenorizado de los sucesos que la provocaron aquel 27 de diciembre en la residencia de la embajadora de México en La Paz. En una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Exteriores acusa a las autoridades del país andino de poner en riesgo la seguridad de los dos diplomáticos españoles y los cuatro policías que les escoltaban que se vieron involucrados en el mismo, además de criticar su “falta de voluntad de reconducir constructivamente la situación”. Hasta ahora España había evitado acusaciones directas a las nuevas autoridades bolivianas, aunque las medidas adoptadas sí habían sido drásticas, con la expulsión de tres diplomáticos bolivianos acreditados en España, en respuesta a una medida similar del país latinoamericano.

El documento desgrana a lo largo de cinco folios aquel suceso acaecido cuando la entonces máxima responsable de la Embajada de España en Bolivia, la encargada de negocios de la legación, Cristina Borreguero, acudió acompañada del secretario de la embajada, Álvaro Fernández Baquerín, a la residencia de la embajadora de México en el país andino, María Teresa Mercado. Según el relato, la visita, definida como “un desayuno de cortesía” por Exteriores en la respuesta parlamentaria, se produjo a petición de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia, que había enviado un mensaje a las embajadas de los países de la UE en este Estado para que hicieran visitas a la representante mexicana “para visibilizar el interés y preocupación de los Estados miembros” con la escalada de tensión registrada entre ambos países americanos después de que la sede diplomática mexicana acogiera a varios ex altos cargos del Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales.

Tras la publicación de la respuesta parlamentaria por parte de este diario, Exteriores difundió un comunicado en el que aseguraba que ya ha concluido la investigación que abrió tras los incidentes en La Paz. El texto señala que Bolivia es “un país hermano” para España y que el Gobierno de Pedro Sánchez “espera encontrar en las autoridades interinas bolivianas esa misma disposición” a mantener las relaciones bilaterales.

Siempre según el relato de Exteriores, tras recibir la petición del representante de la UE, la entonces máxima responsable de la legación española la transmitió por escrito a Madrid. En concreto, a la Dirección General para Iberoamerica y el Caribe “solicitando instrucciones sobre la pertinencia de realizar la visita”. La respuesta fue que la misma “sería oportuna” al considerar que reforzaba la posición que había marcado España desde el inicio de la crisis interna boliviana. “Se tuvo, además, en cuenta que la propia Delegación de la UE había realizado visitas previas a la residencia sin ningún tipo de problema”, añade la respuesta parlamentaria, en la que precisa que la decisión final la tomó el entonces secretario de Estado, Juan Pablo de Laiglesia, que consideró que no era necesario informar a la ministra Margarita Robles, que en aquel momento había asumido la cartera de Asuntos Exteriores tras la marcha de Josep Borrell a la jefatura de la diplomacia europea. Tras recibir este visto bueno, Borreguero escribió a la Embajada de México para concretar la visita, “que quedó fijada a las 10 de la mañana del día 27”.

El día señalado, la representación española formada por los dos diplomáticos y cuatro agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional que formaban parte del dispositivo de seguridad de la embajada partieron de la sede de esta a las 9.40 para desplazarse a la residencia de la embajadora mexicana. A su llegada, “los miembros del dispositivo policial boliviano permitieron el ingreso de los señores Borreguero y Fernández Baquerín sin mayores dificultades”, señala el escrito, que a continuación detalla que “los efectivos del GEO, ante la importante presencia de policías bolivianos en el exterior de la residencia, decidieron retirarse”. A bordo de los vehículos se fueron de la urbanización donde residía la embajadora mexicana “y solicitaron a los diplomáticos españoles que les avisaran, una vez concluida la reunión, para regresar a buscarlos”.

Exteriores asegura que la reunión entre los representantes españoles y la embajadora mexicana duró entre 40 y 45 minutos y que los primeros “se interesaron por el momento que atravesaban las relaciones entre Bolivia y México a raíz de la presencia de los asilados dentro de la embajada”. La representante del país norteamericano se quejaba de que las autoridades bolivianas habían adoptado unas medidas de control en el entorno de su residencia que, en su opinión, “suponían una infracción de las disposiciones de la Convención de Viena”. El escrito recalca que durante su estancia en la residencia “los diplomáticos españoles no se reunieron” con los ex altos cargos del Gobierno de Evo Morales allí asilados, “puesto que sus instrucciones se ceñían estrictamente a reunirse con la embajadora de México”. En ningún momento, añaden, hicieron llegar a los asilados o recibieron de ellos “mensaje alguno”.

Una vez terminado el encuentro con la embajadora mexicana, Exteriores asegura que los dos diplomáticos se pusieron en contacto con el jefe del dispositivo de seguridad para que regresaran a buscarlos. “Fue en ese momento cuando se produjeron los incidentes que originarían la crisis posterior”, señala el documento. “Al intentar entrar los vehículos de la embajada [española] en la urbanización en la que se encuentra la residencia, las fuerzas de seguridad bolivianas les indicaron que tenían órdenes de no permitir su entrada”, añade el texto antes de destacar que “personas vestidas de paisano” empezaron a golpear los automóviles en los que iban los geos españoles e intentaron abrir sus puertas ante la “actitud pasiva” de la policía boliviana.

Ante el cariz que tomaban los hechos y la presencia de personas que les grababan con móviles, los agentes españoles optaron por “cubrirse el rostro” para preservar su identidad e intentar retirarse del lugar. En un primer momento no lo pudieron hacer, porque “se les bloqueó para impedirles la retirada”, describe Exteriores. Y cuando consiguieron abrirse paso, el hostigamiento continuó: “Un vehículo que pertenecería a fuerzas de seguridad de Bolivia les persiguió embistiéndolos varias veces hasta que los vehículos de la embajada consiguieron eludirlo y regresar a la sede de nuestra embajada”.

Los diplomáticos españoles, que seguían en la residencia de la embajadora mexicana, informaron “inmediatamente del incidente” tanto al secretario de Estado como al director general de Iberoamérica y a la subdirectora general para Países Andinos, e intentaron contactar con la cancillería boliviana “para trasladarles el problema”. Fue en ese momento cuando Juan Pablo de Laiglesia comunicó a la ministra Margarita Robles lo ocurrido. El informe destaca que la canciller Karen Longaric tardó “aproximadamente una hora” en devolver la llamada. Fue esta la que propuso enviar a la residencia de México un vehículo para que condujera a los dos diplomáticos españoles a su sede diplomática.

El informe destaca que “pese a las explicaciones” que ofreció España a las autoridades interinas bolivianas, estas decidieron expulsar a los dos diplomáticos el 30 de diciembre. “España respondió con arreglo al principio de reciprocidad expulsando a tres diplomáticos bolivianos acreditados en España”. El documento critica que representantes del Gobierno de La Paz “dieran pábulo a las noticias falsas” en las que se acusaba a los funcionarios españoles de querer ayudar a algunos de los asilados a evadirse. También acusa al Ejecutivo boliviano de no dar “ninguna muestra de voluntad de contribuir a desescalar la crisis”. España considera que esta falta de voluntad se puso en evidencia en las declaraciones públicas que hicieron las autoridades bolivianas tanto el día del incidente como los siguientes. En este punto, les acusa de haber “procedido a la filtración de información y fotografías personales de funcionarios españoles con los riesgos que ello entraña para la seguridad y el correcto desempeño de sus funciones”.