Estados Unidos, sexto día de pulsetas

El Secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Lew, dijo ayer que si para el 17 de octubre el Congreso no eleva el techo de deuda, eso podría tener consecuencias catastróficas para la economía mundial. La administración sigue cerrada.

La pulseada entre republicanos y demócratas y el cruce de reproches no cesan en Estados Unidos mientras el país entra en el sexto día con buena parte de la administración federal cerrada, debido a la falta de acuerdo sobre un presupuesto. El secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Lew, dijo ayer que si para el 17 de octubre el Congreso no eleva el techo de deuda, eso podría tener consecuencias catastróficas para la economía mundial. “El Congreso juega con fuego si no eleva el límite de deuda”, insistió Lew en una entrevista con la cadena CNN, en la que aseguró que si el límite de endeudamiento, actualmente en 16,7 billones de dólares, no es elevado, el país no podrá pedir más préstamos. El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano John Boehner, advirtió que de ningún modo los republicanos acordarán una medida que aumente el techo de endeudamiento del país en diez días a menos que la Casa Blanca acepte controlar el gasto público.

La agencia de calificación crediticia Moody’s, que le da a Estados Unidos la mejor nota, AAA, había advertido de graves consecuencias si se daba una cesación de pagos. Actualmente el gobierno de Estados Unidos mantiene el límite de deuda gracias a varios trucos presupuestarios. Pero este margen de acción se agota a más tardar en noviembre, fecha en la que está previsto el pago de intereses de deuda.

Una docena de legisladores y funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama pasearon en los programas de televisión dominical sus intercambios de acusaciones de los que se deduce que el final del bloqueo no está cerca. Por su parte, el senador republicano de Texas, Ted Cruz, referente de la facción en el Congreso que dejó sin fondos al gobierno federal desde el 1º de octubre, reiteró ayer su convicción de que la intransigencia está en la Casa Blanca, por negarse a negociar con ellos. Cruz y otros legisladores alineados con el movimiento ciudadano Tea Party, enemigo acérrimo del poder central, condicionan los fondos y aun el incremento del endeudamiento nacional, a que se prive de fondos la reforma sanitaria promulgada por Obama en 2010.

La reforma, que pretende extender la cobertura sanitaria a unos 40 millones de estadounidenses que carecen de seguro, es considerada por una mayoría de republicanos como un plan ruinoso y una injerencia intolerable en los derechos individuales porque obliga a todos, bajo pena de multa, a contratar un seguro privado. El presidente Obama y el Partido Demócrata sostienen, por su parte, que la aprobación de fondos para el funcionamiento de la administración central y el aumento de la deuda nacional son obligaciones del Congreso que no pueden vincularse con el repudio de la ley de salud de 2010.

La ley, argumentan, está en vigor después de haber sido aprobada por el Congreso, promulgada por el presidente, validada por el Tribunal Supremo y nuevamente refrendada por el pueblo estadounidense en las últimas elecciones presidenciales en las que el candidato republicano, Mitt Romney, fue derrotado. Cruz no mostró ninguna disposición a flexibilizar su posición y opinó que los ataques que le dirigen los demócratas, y las críticas de algunos de sus colegas republicanos en el Senado, son prueba de que “estamos ganando”.

Recientemente causaron escándalo varias declaraciones privadas en las que responsables, tanto demócratas como republicanos, reconocían que les daba igual cuánto durara el conflicto porque, en su opinión, la parálisis beneficiaba políticamente a sus respectivos partidos. Obama tuvo que intervenir para desautorizar la afirmación de un funcionario de la Casa Blanca, citado anónimamente por el diario conservador The Wall Street Journal, de que los demócratas “estaban ganando” la pulseada ante la opinión pública.

El hecho es que no sólo los funcionarios licenciados temporalmente, sino la población en general nota cada vez más, conforme pasan los días, los efectos del paro administrativo, en servicios concretos como la campaña de vacunación, el cierre de guarderías públicas, el retraso de los trámites migratorios, los chequeos de salud, o simplemente los viajes turísticos. En ausencia de un acuerdo, el gobierno federal suspendió a 800 mil empleados públicos en todo el país, el martes.

Anteayer, la Cámara de Representantes, con 407 votos a favor y ninguno en contra, aprobó una iniciativa que garantiza a esos empleados que cobrarán retroactivamente los días no trabajados, pero sólo una vez que la administración retorne a sus funciones plenas, lo que no tiene fecha aún. El Senado dedicó cinco horas de intervenciones, principalmente de demócratas, instando a los republicanos en la Cámara baja a que restablezcan el funcionamiento entero del gobierno federal, y luego cerró la sesión sin que se diera votación alguna. Senadores demócratas como Carl Levin, de Michigan, y Al Franken, de Minnesota, señalaron como irónico que los republicanos, que habitualmente denuestan al funcionariado público y denigran al gobierno federal, ahora clamen por el daño que causa al país el recorte de funciones gubernamentales.

Bajo otra ley ya aprobada por el Congreso y promulgada por Obama, que restableció las remuneraciones del personal del Departamento de Defensa, el jefe del Pentágono, Chuck Hagel, ordenó el sábado el retorno al trabajo de más de 350 mil funcionarios. A pesar de la intransigencia que mostró Cruz, algunos miembros de la Cámara de Representantes, alineados con el Tea Party, señalaron su disposición a considerar la aprobación de fondos para que reabra el gobierno, y el aumento de la deuda, a cambio de que se modifiquen algunos programas de asistencia social sin tocar la reforma sanitaria. Los representantes Blake Farenthold, de Texas; Doug Lamborn, de Colorado; y Dennis Ross, de Florida, indicaron que una posibilidad de acuerdo sobre la deuda podría ser la de aprobar el aumento del monto autorizado a cambio de un monto equivalente de recortes en los gastos.