Expresidente de constructora DESA es condenado por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres

Las siete condenas conocidas hasta el momento por su asesinato escalaron este lunes un poco más al señalar directamente a la empresa DESA, encargada de la construcción de la hidroeléctrica, y a su directivo, aunque la pena impuesta se conocerá el 3 de agosto, anunció el tribunal.

Elmer Martinez – AP

David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue detenido en marzo de 2018 en el Aeropuerto de San Pedro Sula, cuando intentaba salir de Honduras. Castillo era un exoficial de inteligencia del Ejército hondureño entrenado en Estados Unidos y presidía la hidroeléctrica DESA que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la represa Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres por considerar que causaba daños al medio ambiente. El tribunal concluyó que Cáceres fue asesinada por liderar la campaña para detener la construcción de la presa, lo que generó retrasos y pérdidas financieras para la empresa.

Hasta ahora se había condenado a siete personas por ser los actores materiales pero en esta ocasión se incluye a un alto ejecutivo. El tribunal tuvo en cuenta los mensajes y llamadas que David Castillo intercambió tanto con los sicarios como los directivos de la empresa antes, durante y después del asesinato de la activista. Las conversaciones demuestran que Castillo estaba claramente definiendo los planes, la logística y el pago del crimen, sentenció el tribunal.

Castillo se había defendido alegando que era amigo de Cáceres, pero el tribunal concluyó que Castillo mantuvo ese contacto solo para obtener información sobre su paradero y sus movimientos. Según la sentencia, Castillo es “coautor” del asesinato lo que anima a los activistas a perseguir a la familia Atala Sabla, dueña de DESA, a quienes consideran culpables de estar al frente de la “estructura criminal que dirigió el asesinato”

Su hija Berta Zúñiga Cáceres valoró la sentencia de este lunes como una “victoria popular y un paso para frenar la impunidad”, dijo a las puertas del tribunal. Según su hija, “el fallo significa que las estructuras de poder no lograron corromper la justicia” y anunció que ”la causa no termina con esta resolución sino que se encamina para llevar ante la justicia a la familia Atala”. Al conocer la sentencia, Berta Zúñiga insistió en uno de los reclamos de los indígenas: “la cancelación de la construcción de la hidroeléctrica así como desmontar las redes crimínales que han quedado expuestas durante el juicio a Castillo”.

En la misma dirección, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la ong que dirigía Berta Cáceres, insistió en que la condena contra Castillo “debe ser el inicio del proceso para juzgar a las personas involucradas en el crimen”.

Para el abogado de la familia Cáceres la sentencia “supone una importante victoria ya que se logró reconstruir el asesinato, señalar a los culpables, evidenciarlos y llevarlos ante la justicia”, dijo su abogado Victor Fernández. “La exigencia de justicia no es solo por Berta Cáceres sino por la muerte de un sinnúmero de activistas asesinados por este modelo económico y social extractivo que lleva años repartiéndose el país”, añadió el abogado, para quien con esta sentencia “se rompe con la espiral de normalizada de violencia”. Hasta el momento, más de cinco años después del homicidio, ningún miembro de la junta directiva o de la familia Atala ha sido acusado o ha tenido que acudir a declarar.

En 2017, DESA envió un mensaje a este periódico en el que afirmaba que estaba “completamente desvinculada”. La Fiscalía de Honduras, sin embargo, afirmó en su acusación de 2018 que Castillo, entonces presidente ejecutivo de DESA, pidió al jefe de seguridad de la empresa, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudió a un viejo amigo del Ejército, el mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pagó hasta 2.200 dólares (1.986 euros) para cometer el crimen, según la Fiscalía. Tanto Bustillo como Díaz Chávez fueron condenados a 30 años de cárcel en 2019.

Encabezados por Berta Cáceres, los indígenas lencas se habían opuesto a la construcción de la presa de Agua Zarca, un proyecto hidroeléctrico que afectaría al río Gualcarque, importante fuente de recursos para comunidades indígenas hondureñas. Cáceres movilizó a los indígenas, denunció el proyecto y atrajo la atención internacional. Por su lucha ecologista le fue otorgado el Goldman Enviromental Prize, el galardón más prestigioso en este campo. Su hija Berta insiste en que ejecutivos de DESA dieron su consentimiento para el asesinato de su madre.