Fondo de defensa para Ucrania y acuerdo migratorio en el centro del debate

Migración y guerra en Ucrania son el foco de las discusiones en la cumbre de la Unión Europea (UE) que se desarrolla en Bruselas.

El inicio del encuentro, que se extenderá hasta el viernes 30 de junio, estuvo marcado por la reciente rebelión fallida del grupo mercenario Wagner contra la cúpula militar rusa y las posibles consecuencias del levantamiento abortado.

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“También amenaza la estabilidad de Rusia, como hemos visto. Lo hemos observado y hemos discutido los resultados entre nosotros (…) Pero siempre quedó claro que solo podemos observarlo, lo que ocurre en Rusia no tiene nada que ver con otros países”, aseguró el canciller alemán Olaf Scholz

Asimismo, los líderes del bloque de 27 países discutieron acerca del respaldo financiero a Ucrania, país invadido por Rusia hace más de 16 meses.

El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, remarcó que la Unión debe considerar convertir el Fondo Europeo de Paz, que se ha utilizado para financiar armas para Kiev, en una herramienta más permanente para armar al país a largo plazo.

“Hablamos de compromisos de seguridad. Por mi parte, significa que el apoyo militar a Ucrania debe tener un largo recorrido, durante la guerra y después de la guerra”, dijo el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, cuando llegó a una cumbre de la UE en Bruselas (…) “Entonces, el Fondo Europeo de Paz para Ucrania tal vez tenga que convertirse en un Fondo de Defensa de Ucrania, el entrenamiento debe continuar, la modernización del Ejército debe continuar”, subrayó Borrell.

La UE evalúa la utilización de activos congelados rusos para la reconstrucción de Ucrania

Entre las formas de financiación a largo plazo, Bruselas evalúa posibles vías legales para canalizar miles de millones de dólares en activos rusos congelados -como sanción por ordenar la invasión de su vecino país- hacia proyectos que ayuden a reconstruir Ucrania.

La UE indica que ha bloqueado más de 200.000 millones de euros en activos del Banco Central Ruso, en respuesta a la guerra que Moscú ordenó desde el 24 de febrero de 2022. También señala que fueron inmovilizados otros 30.000 millones de euros de activos privados de los oligarcas rusos.

Recursos que buscarían redireccionar a Kiev. Según un borrador de conclusiones de la cumbre, los líderes de varios Estados miembros de la UE pedirán a la Comisión Europea y otros organismos que sigan investigando cómo pueden poner el dinero ruso a trabajar para Ucrania.

Pero durante meses de debate, algunos abogados y expertos han señalado que no existe un precedente legal para, simplemente, tomar el dinero congelado y el Kremlin advirtió el pasado noviembre que haría todo lo posible para evitar que Occidente “saqueara” sus activos.

El primer ministro de Estonia, Kaja Kallas, destacó que Rusia y sus magnates tenían un reclamo legítimo sobre los activos bloqueados, pero Ucrania también tenía una exigencia legítima contra Moscú por el daño causado.

“Es fundamentalmente incorrecto que nuestros contribuyentes paguen por algo que no hemos causado. Tiene que ser en Rusia, tiene que ser con sus activos”, apuntó Kallas.

Polonia y Hungría, los principales opositores a un acuerdo migratorio en la UE

Según el pacto para reformar el sistema de asilo, conocido como mecanismo de solidaridad, alcanzado a principios de este mes, cada uno de los 27 países del bloque sería responsable de un número determinado de migrantes, pero no necesariamente tendría que acogerlos.

Las naciones que no estén dispuestas a recibir inmigrantes irregulares y refugiados que arriben a sus fronteras ayudarían a sus homólogos de acogida con dinero en efectivo, alrededor de 20.000 euros por persona, equipo o personal.

Pero Polonia y Hungría se oponen. Varsovia exige una reforma de la agencia fronteriza de la Unión Europea, Frontex, para lidiar de manera más efectiva con los traficantes de personas.

Además, pide más fondos, al señalar que los países responsables de asegurar las fronteras exteriores de la UE deberían recibir más recursos económicos y que los beneficios sociales para las personas que ingresan al bloque deberían ser limitados.

“No a la reubicación forzosa de inmigrantes, no a la violación de los derechos de veto por parte de los Estados individuales y no a la violación del principio de soberanía de las decisiones, no a las sanciones impuestas desde Bruselas”, manifestó el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

Entretanto, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha dejado claro que su Gobierno no se sumará a las nuevas medidas de Bruselas y sostiene que su nación no pagará ningún tipo de compensación por migrantes que no reciba en su territorio.

Se trata de uno de los líderes que más se opone a un plan de acogida de migrantes. En 2015, ordenó la construcción de una kilométrica valla en la frontera de su país con Serbia, en la que invirtió 1.800 millones de euros.

Además, en repetidas ocasiones ha señalado que está a favor de cerrar las fronteras de la UE por completo a los migrantes.

Sin duda, fuertes reticencias en torno a las que el resto de países que avalan el acuerdo tendrán que gestar complicadas negociaciones. Todo en momentos en que el flujo de migrantes aumenta, alimentado por nuevas guerras como la de Rusia en Ucrania y el estallido del conflicto en Sudán el pasado abril, así como los desplazamientos forzados por desastres naturales.

El éxodo forzado alcanzó la cifra récord de al menos 110 millones de personas en el mundo, según el último informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), publicado el pasado 16 de junio.

Con Reuters y EFE