Gobierno argentino limita trabajo de la prensa

El Ministerio de Seguridad, advierte que cubrir incidentes puede implicar “autopuesta en peligro”.

En los últimos días ha corrido una versión extrema en medio de una suplantación de las funciones del periodismo en la Argentina de Javier Milei. Es que la reforma laboral ha dejado indefensos no solo a los trabajadores que serán afectados por la ley, ya que, según el componente oficial, desde que funciona una oficina contra las fake news los afectados directos son los periodistas que deberán concentrar sus esfuerzos de cobertura desde una especie de pit stop (el término es conocido en la F1) cuando los carros se detienen a cambiar neumáticos.

Así lo define la comunicación oficial: “con el objetivo resguardar la integridad de los periodistas”, el Ministerio de Seguridad anunció que durante la movilización contra la reforma laboral la prensa deberá ubicarse en una “zona exclusiva”. A través de un comunicado difundido en redes sociales, esa misma cartera advirtió que la cobertura en eventuales focos de conflicto podría implicar una “autopuesta en peligro”, un eufemismo para responsabilizar a la prensa por las eventuales agresiones o hechos de violencia que pudieran producirse durante el operativo.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) rechazaron el anuncio y advirtieron que las medidas implican un límite al ejercicio de la libertad de expresión. La pregunta es clara: ¿de qué forma se puede cubrir lo que sucede en una manifestación si los periodistas no pueden estar en el lugar de los acontecimientos?

El miércoles 11, cuando el Senado debatió el proyecto oficialista, las fuerzas de seguridad desarticularon la marcha que se había convocado. Las autoridades justificaron el accionar policial y señalaron la presencia de grupos violentos que tiraron bombas molotov y piedras. Hubo heridos con balas de goma, gases lacrimógenos y detenidos.

El comunicado del Ministerio de Seguridad se emitió en la previa al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y se extiende para los días 18, 19 y 20 de febrero. Las autoridades hablaron de “reducir situaciones de riesgo”. Sin embargo, evitar la presencia de la prensa también implica que no haya cámaras ni testigos ante un eventual avance represivo.

Las cámaras, solo en zona restringida: el rechazo al comunicado del Ministerio de Seguridad

“Cuando fue la represión del 12 de marzo que hirió al periodista Pablo Grillo se pudo saber que la responsabilidad material era un gendarme de apellido Guerrero gracias a las cámaras de televisión, a los reporteros gráficos y a los manifestantes que pudieron registrar lo que pasó con sus celulares. La reconstrucción la pudimos hacer con los compañeros del Mapa de la Policía y se sentó a Guerrero en el banquillo a pesar de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich intentó inculpar al propio Grillo”, aseguró SIPREBA.

Desde la organización sindical emitieron un comunicado para responder a las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Seguridad. “El ministerio establece condiciones para las y los trabajadores de prensa incompatibles con las convenciones de derechos humanos, como la de estacionar los móviles en una zona definida o evitar posicionarse entre quienes se manifiestan y las fuerzas de seguridad bajo amenaza de que ubicarse allí implica una ‘autopuesta en peligro’”, advirtió SIPREBA. Y agregó: “El gobierno traslada la obligación estatal de protección de la protesta a quienes trabajamos en su registro y cobertura”.