Investigación dice que masacre en El Salvador fue por ruptura entre maras y Gobierno

El portal salvadoreño ‘El Faro’ dio a conocer parte de una investigación de la Fiscalía de El Salvador en la que se registran negociaciones de funcionarios de la administración del presidente Nayib Bukele con las tres principales pandillas del país. Este medio recopiló grabaciones de conversaciones entre los servidores públicos y las bandas criminales.

Según el medio salvadoreño ‘El Faro’, la ruptura entre el Gobierno de El Salvador y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) sería el principal causante de una ola de asesinatos ocurridos a finales de marzo, que dejó un saldo de 87 personas fallecidas y el cual se registró como la jornada más violenta de este siglo en el país centroamericano.

Miembros de la pandilla MS-13 le confirmaron al medio salvadoreño que los asesinatos ocurridos entre el 25 y 27 de marzo fueron un ajuste de cuentas de lo que consideraron una “traición” del Gobierno de Bukele al pacto que ambas partes sostenían desde por lo menos dos años atrás.

“(Se rompió el acuerdo) porque ellos (el Gobierno) hicieron cosas que no tenían que hacer, desde ahí es por lo que se levantaron esos 80 muertos que pasaron en esas fechas ¿me explico? Incumplieron, hicieron capturas que no tenían que hacer, donde ellos dijeron ‘lleguen a tal lugar, vamos a dialogar’ y en lugar de dialogar, capturaron”, explicó un líder de la MS-13 al ‘El Faro’.

La captura de miembros de la pandilla sería esta supuesta ruptura de la que hablan representantes de la organización criminal.

Además de los testimonios directos con las organizaciones delincuenciales, el portal accedió a una serie de grabaciones en las que presuntamente se escucha al director de Reconstrucción del Tejido Social de El Salvador, Carlos Marroquín, y uno de los negociadores de las pandillas en representación del Ejecutivo, asegurar que el acuerdo con la MS-13 no puede romperse y sus intenciones de haber impedido la captura de los pandilleros protegidos por la negociación para evitar la masacre de marzo.

El medio salvadoreño fue enfático al explicar que “en las grabaciones, el funcionario culpa de lo sucedido al ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, al que califica de ‘loco ministro’, y dice estar trasladando al presidente Bukele los mensajes de las pandillas. En cuatro de los siete archivos de audio, Marroquín hace alusión a Bukele y de lo dicho se infiere que el presidente estuvo todo el tiempo al tanto de las conversaciones de Marroquín con voceros de la Mara Salvatrucha-13. El director de Tejido Social incluso ofreció a un pandillero capturas de pantalla de sus conversaciones con el mandatario”, explica la redacción de ‘El Faro’, acompañada con la evidencia de los audios y las fotografías que respaldan las afirmaciones.

El año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había sancionado a Marroquín por sostener “negociaciones secretas” con los pandilleros. Se les acusó de dirigir y organizar los encuentros entre los altos cargos de la banda actualmente encarcelados con el personal necesario para sostener el acuerdo. También se les acusó de mantener este proceso en secreto al pueblo salvadoreño.

El Salvador bajo el estado de excepción

Tras la intensa masacre de finales de marzo en el país, el presidente Bukele intensificó sus esfuerzos en lo que llamó “una guerra contra las pandillas”.

En total, bajo el estado de emergencia que todavía rige en la nación centroamericana desde el 27 de marzo, han sido detenidas 30.000 personas según la Policía salvadoreña.

La principal apuesta de la presidencia fue desplegar operativos que buscaran y detuvieran a supuestos pandilleros y colaboradores de bandas criminales de manera rápida y masiva, algo que ha llamado la atención de la comunidad internacional y que ha encendido las alarmas de las principales organizaciones de derechos humanos en todo el mundo.

Un llamado al respeto de los derechos humanos

Este miércoles 18 de mayo, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó al Gobierno salvadoreño a velar por la seguridad de la ciudadanía en medio del incremento de la violencia en el territorio, pero hizo también un llamado a respetar las leyes internacionales de derechos humanos.

“Reconocemos (…) y entiendo que la seguridad, y como se maneja la delincuencia, es algo sumamente desafiante y reconocer los desafíos que se tienen con las pandillas en El Salvador”, dijo Bachelet desde las afueras de Ciudad de Panamá.

“Hay buena intención, pero se tiene que hacer de una manera con respeto a los derechos humanos” agregó la Alta Comisionada.

Expertos en seguridad internacional consideran que el flagelo de la violencia y los constantes enfrentamientos entre pandillas es una “herencia” de la guerra civil del país que tuvo lugar entre 1980 y 1992 que luego, además, sería fortalecida con la deportación de cabecillas criminales de Estados Unidos.

Con EFE, Reuters y medios locales