Irán bajo presión: crisis económica, protestas y la sombra de una intervención militar

Analistas desde Teherán señalan que, para muchos ciudadanos, la prioridad inmediata sigue siendo la mejora de la situación económica, pero esta preocupación ahora coexiste con la carga de vivir bajo la amenaza de una nueva escalada militar con Israel o Estados Unidos.

La onda expansiva de la depreciación del rial, la moneda nacional de Irán que perdió casi la mitad de su valor frente al dólar a lo largo de 2025, encontró su primer punto de ruptura material con las protestas no en una fábrica o una universidad, sino en los mostradores de los comerciantes de tecnología de Teherán.

El 28 de diciembre, este sector específico, cuyos negocios dependen de importaciones y de una relativa estabilidad de los precios y del tipo de cambio, bajó sus persianas en el distrito de Felestin. El cese de actividad, un lenguaje de protesta económica directa y pragmática, actuó como catalizador.

La movilización se propagó a calles aledañas y, en los días siguientes, se reprodujo en centros comerciales de Isfahán, Yazd, Zanjan y Fasa. Como ha sido habitual en ciclos anteriores, el reclamo económico, marcado por el deterioro del poder adquisitivo y la imposibilidad de planificar a corto plazo, comenzó a entrelazarse con consignas de descontento político más amplio, reflejando la rapidez con la que el malestar en Irán busca una explicación en la estructura de poder.

Según analistas como Sina Toosi, la escala y la composición social de estas protestas difieren de las grandes movilizaciones de 2017 y 2018, 2019 o 2022 y 2023. La participación inicial de comerciantes y pequeños empresarios es un rasgo distintivo, al que se suma una simpatía pública visible.

Sin embargo, los factores que históricamente han permitido una escalada sostenida, como la movilización masiva de la clase trabajadora organizada, una adhesión amplia de las clases medias profesionales o una extensión significativa a regiones con minorías étnicas, permanecen por ahora contenidos.

Se trata de una protesta que nace en las cuentas diarias y en la presión del día a día, pero cuya carga política se intensifica al enfrentarse a una crisis que amplios sectores de la sociedad perciben como estructural.

La respuesta de Irán a las protestas

La reacción institucional ha seguido un enfoque de doble registro, tratando de equilibrar la contención con la firmeza. Por un lado, el gobierno anunció la creación de un “mecanismo de diálogo” con representantes de las protestas, una iniciativa cuyo funcionamiento concreto sigue siendo impreciso, pero que busca ofrecer una vía institucional para canalizar el descontento.

La portavoz gubernamental, Fatemeh Mohajerani, subrayó que el Ejecutivo “verá, escuchará y reconocerá oficialmente todas las protestas, las dificultades y las crisis”, al tiempo que reafirmó el derecho a la asamblea pacífica.

De forma paralela, las fuerzas de seguridad han actuado con represión en aquellos escenarios donde las protestas derivaron en confrontación directa. En la provincia occidental de Lorestán, un miembro de la fuerza paramilitar Basij falleció en lo que los medios estatales describieron como una “acción violenta” atribuida a “alborotadores”. Por su parte, según numerosos reportes, al menos 25 personas han muerto durante las movilizaciones.

En Fasa, provincia de Fars, manifestantes intentaron forzar la entrada a la oficina del gobernador provincial, lo que derivó en heridos entre las fuerzas de seguridad y varias detenciones. Las autoridades locales atribuyeron estos incidentes a “elementos oportunistas afiliados al enemigo” que habrían explotado el clima de protesta.

El fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, fijó una línea clara al advertir que “cualquier intento de transformar las protestas económicas en un instrumento de inseguridad será inevitablemente respondido con una acción legal, proporcional y decisiva”.

En este contexto de tensión, el presidente Masoud Pezeshkian ha tratado de articular el marco narrativo oficial. En un foro empresarial celebrado en Teherán, llamó a la unidad frente a lo que describió como una “guerra económica a gran escala” impulsada por los adversarios externos de Irán.

“Hoy el enemigo ha depositado gran parte de sus esperanzas en debilitarnos mediante la presión económica”, afirmó. “No se puede someter a una nación con bombas, cazas o misiles. Si permanecemos decididos, unidos y comprometidos a trabajar juntos para fortalecer al país, será imposible doblegar a Irán”.

El mensaje apunta a reinterpretar la crisis, desplazando el foco desde las deficiencias internas hacia un enfrentamiento geopolítico más amplio, en un intento de transformar la frustración social en cohesión nacional frente a una amenaza externa.

La paradoja estructural de Irán

El núcleo del desafío económico, sin embargo, se resiste a explicaciones simples. Es cierto que Irán arrastra problemas estructurales de gestión, ineficiencias persistentes y prácticas corruptas que agravan su situación interna.

Pero en el terreno específico de la crisis monetaria crónica, el detonante inmediato de las protestas recientes, la dinámica es distinta y está determinada en gran medida por un factor externo: el régimen de sanciones financieras secundarias impuesto por Estados Unidos.

Irán no es un país carente de recursos. El Banco Central posee activos internacionales que superan los 120.000 millones de dólares. La paradoja reside en que la mayor parte de esta riqueza nacional permanece inmovilizada, bloqueada en cuentas en el extranjero debido al cumplimiento global de las sanciones estadounidenses, incluso cuando esos activos no están denominados en dólares.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que sólo alrededor del 25% de esas reservas son “fácilmente disponibles”, una cifra que probablemente sobrestima tanto su volumen real como la viabilidad práctica de utilizarlas.

En 2024, Irán importó bienes por un valor aproximado de 72.000 millones de dólares. En condiciones normales, con acceso pleno a sus reservas, la relación entre reservas y necesidades mensuales de importación sería cercana a 20 a 1, muy por encima de la media internacional, situada en torno a 9 a 1.

Esta realidad tiene dos implicaciones centrales. En primer lugar, en lo que respecta específicamente al acceso a moneda extranjera, Irán enfrenta una crisis inducida desde el exterior. Esto no invalida otras reclamaciones de los manifestantes, pero coloca el origen de la inflación persistente y de la erosión del poder adquisitivo en un mecanismo de presión financiera internacional.

En segundo lugar, el margen de maniobra del Banco Central iraní es, por definición, limitado. Puede intervenir en mercados paralelos, intentar racionalizar el sistema de tipos de cambio y priorizar la asignación de divisas, pero no puede generar dólares o euros que no controla. Gestiona una economía compleja e integrada en el comercio global con acceso solo parcial a sus propios recursos financieros.

Algunos analistas han descrito esta situación como el intento de administrar una economía moderna con medios claramente insuficientes. La notable capacidad productiva interna, dadas las circunstancias, contrasta así con la fragilidad estructural de su posición financiera externa.

Trump amenaza con atacar Irán

En un contexto ya de por sí volátil, irrumpió una variable destinada a alterar de forma deliberada el cálculo estratégico. El 2 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump publicó en su plataforma Truth Social una advertencia directa: “Si Irán dispara contra manifestantes pacíficos y los asesina violentamente, como es su práctica habitual, Estados Unidos acudirá en su ayuda. Estamos con las armas preparadas y listos para actuar”.

En este sentido, es evidente que la expresión “estamos con las armas preparadas y listos para actuar” no pertenece al lenguaje diplomático. Es jerga operativa militar que describe un arma preparada para disparar y fuerzas listas para el combate. Su uso, en referencia explícita a protestas internas en Irán, introduce un elemento cualitativamente nuevo en la crisis.

Por primera vez en este ciclo de tensiones, Washington señala de forma abierta que considera la agitación doméstica iraní no como un asunto interno, sino como una posible variable dentro de un escenario más amplio de presión estratégica, en consonancia con la postura de Israel.

El propósito de esta intervención es doble y cuidadosamente calibrado. En primer lugar, busca añadir un estímulo externo a las protestas, con la expectativa de elevar la moral de los manifestantes, prolongar la movilización y aumentar el riesgo de enfrentamientos que puedan ser reinterpretados bajo una narrativa de “protección de civiles”.

En segundo término, y de mayor alcance, sienta las bases políticas para una eventual acción militar. Al vincular explícitamente la respuesta del Estado iraní, un ámbito que en cualquier marco de derecho internacional pertenece a la jurisdicción nacional, con una posible intervención estadounidense, Trump establece un precedente de gran carga política.

Así, el mensaje es inequívoco: la opción del enfrentamiento directo no ha sido descartada. Cualquier suposición de que Washington se ha alejado de esa posibilidad resulta, a la luz de estas declaraciones, prematura.

El dilema iraní y el umbral de la escalada

El gobierno iraní se encuentra atrapado en una pinza estratégica. Internamente, debe gestionar un descontento social legítimo cuyas causas económicas inmediatas están, en gran medida, fuera de su control soberano debido al bloqueo financiero. Su oferta de diálogo y su llamado a la unidad buscan mitigar las consecuencias políticas de esta realidad estructural.

Externamente, cualquier signo de fragilidad o disensión interna es inmediatamente explotado y amplificado por adversarios que intentan transformar la inestabilidad en una crisis de régimen, utilizando tanto la guerra económica como la amenaza militar directa.

La sombra de un conflicto regional reciente –los bombardeos estadounidense-israelíes a instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025– añade otra capa de tensión pública. Analistas desde Teherán señalan que, para muchos ciudadanos, la prioridad inmediata sigue siendo la mejora de la situación económica, pero esta preocupación ahora coexiste con la carga de vivir bajo la amenaza de una nueva escalada militar con Israel o Estados Unidos.

La capacidad de las autoridades iraníes para navegar esta tormenta se pondrá a prueba en varios frentes: la efectividad de los canales de diálogo interno para aliviar tensiones sociales; la habilidad de la diplomacia para evitar proporcionar el pretexto buscado por la administración estadounidense; y la fortaleza del aparato de seguridad para contener la violencia sin recurrir a una represión indiscriminada que valide la narrativa intervencionista.

La crisis del rial no es solo un asunto monetario. Concentra la presión geopolítica externa, las limitaciones de la gestión económica y el descontento social, creando un umbral donde la protesta por el costo de la vida puede ser instrumentalizada como preludio de un conflicto