Jefe del Ejército argentino investigado por delitos durante la dictadura

El kirchnerismo impulsó, apenas llegó al poder en 2003, la reanudación de los juicios contra los criminales de la última dictadura militar de Argentina (1976-1983), beneficiados hasta ese momento por amnistías y leyes del perdón. En los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández, ambos se reivindicaron como miembros de una generación de perseguidos por el régimen y buscaron echar por tierra con algunas de sus normas y políticas. Sin embargo, este miércoles los senadores kirchneristas y sus aliados aprobaron por 39 votos a 30 el ascenso a teniente general del jefe del Ejército, César Milani, pese a que pesan sobre él acusaciones de familiares de víctimas de la dictadura por presuntos delito de lesa humanidad, como la desaparición de un soldado, y a que diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos habían recomendado su impugnación.

Milani había sido hasta junio pasado encargado del área de inteligencia del Ejército. Como tal, se ganó la confianza de Fernández. Hace medio año, la presidenta removió toda la cúpula militar de una sola vez, por segunda vez en diez años de gobiernos kirchneristas. La primera había sido en 2003. Milani fue designado entonces jefe del Ejército y en ese mismo momento algunos opositores como el actual senador Fernando Pino Solanas, de la centroizquierdista Alianza Unen, recordaron que sobre él pesaban sospechas de haber participado en la represión ilegal de la guerrilla Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el Gobierno de Isabel Perón (1974-1976), previo a la dictadura. A partir de entonces se conocieron cuatro acusaciones de presuntas violaciones de los derechos humanos durante el régimen. Fernández tenía la potestad para nombrarlo al frente del Ejército, pero necesitaba que el Senado, dominado por el kirchnerismo, además le diera el rango de teniente general. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización no gubernamental cuyos abogados participan como querellantes en juicios contra criminales de la dictadura y varios de cuyos miembros simpatizan con el kirchnerismo, abandonó entonces su respaldo a Milani y recomendó que el Senado rechazara su ascenso. Fue en ese momento cuando, en plena campaña para las elecciones legislativas de octubre pasado, Fernández ordenó que se suspendiera la discusión sobre el militar hasta después de los comicios.

Milani declaró, apenas asumió al frente del Ejército, que su fuerza debía apoyar “el proyecto nacional” que había en Argentina, lo que fue interpretado por la oposición como una politización de las Fuerzas Armadas en favor del kirchnerismo. Tanto Kirchner como Fernández siempre habían perseguido a los uniformados involucrados en delitos de lesa humanidad, pero nunca sufrieron una sublevación. Recientemente la Fuerza Aérea suministró al Ejecutivo archivos del régimen que aparecieron por casualidad en un sótano, lo que fue interpretado por el kirchnerismo como una señal de que los militares no solo estaban subordinados al poder civil sino que colaboraron con él.

El jefe del Ejército, mientras tanto, también fue denunciado ante la justicia por Solanas y su diputada aliada Elisa Carrió por supuesta inteligencia en asuntos políticos, pero el viernes pasado un juez lo sobreseyó. En cambio, sigue vigente la imputación de un fiscal contra él por presunta corrupción.

Pero la discusión de este miércoles en el Senado se centró en el pasado de Milani. Ya pasadas las elecciones, hace dos semanas, la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le dio un respaldo crucial al entrevistarlo para la revista de su institución. “Nunca torturé ni maté”, dijo Milani, que posó en una foto con Bonafini. También recibió el apoyo de la líder de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que dijo que había que “probar los delitos antes de acusar”. Pero otras organizaciones de derechos humanos lo repudiaron. Antes de la sesión parlamentaria, el CELS reiteró: “Está probado que su unidad (de operaciones en la dictadura) era el centro de la represión ilegal en (la provincia norteña de) La Rioja, allí se torturaba; la policía en la que Milani intenta descargar responsabilidad estaba bajo el control operación del Ejército”.

Los senadores kirchneristas, sin embargo, defendieron al nuevo general. “La presidenta está eligiendo a Milani como un hombre de su confianza y les preocupa (a los opositores) que este general haya dicho que acompaña este proyecto nacional”, dijo el jefe del grupo kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto. “(Milani) no tiene nada que ocultar y subestiman sus respuestas al interrogatorio” a los que se lo sometió en causas que lo investigan por delitos de la dictadura y en las que nunca ha sido imputado, según expresó Pichetto. También recordó que el Senado ya había aprobado con anterioridad otros dos ascensos en la carrera de Milani. Además, rechazó las críticas del CELS: “El CELS conoce la causa (contra el general) desde 1990. Hay algunos que analizan el pasado con la mirada de hoy y se convierten en héroes momentáneos, y en el momento que tuvieron que hacer algo estaban en un silencio sepulcral”.

El jefe del grupo de la centrista Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, se quejó de que “todavía hay sectores de las Fuerzas Armadas que tienen la lógica de encubrir y buscan impunidad”. Fue el Gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1989) el que primero impulsó los juicios contra los criminales del régimen, consiguió la condena de los jerarcas, pero después cedió a la presión militar para promulgar las leyes del perdón para mandos medios y bajos. Después fue el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), del mismo partido peronista que los Kirchner, el que indultó a los mandamases. Un senador peronista opositor, el expresidente argentino Adolfo Rodríguez Saá (2001), lamentó que “no se dio ninguna razón para considerar que Milani sea idóneo para recibir el ascenso”.

“Rechazamos el ascenso de este oscuro personaje vinculado a la dictadura militar, cuestionado por organismos de derechos humanos, y su presente de dudosa situación patrimonial”, criticó Solanas. Otros progresistas censuraron a Milani. El senador Luis Juez pronosticó que “Milani va a terminar condenado por una condena realmente importante conforme a la responsabilidad que tuvo” y recordó que “por muchísimo menos se le ha bajado el pulgar a otros militares”. Su par Rubén Giustiniani consideró que su ascenso ” es un grave retroceso”. Hasta el conservador Partido Propuesta Republicana (PRO) lo criticó a Milani. “¿Cómo podemos pensar que una persona con semejante nivel de sospecha está en condiciones de ser el jefe del Ejército?”, se preguntó Gabriela Michetti, del PRO. Claro que el senador kirchnerista Aníbal Fernández también se metió con el jefe del PRO y alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri: “Está procesado por pegarle a pobres y dicen que Milani no es idóneo”. Así se refirió a la causa por 17 presuntos hechos de coacción y abuso de autoridad de la Unidad de Control del Espacio Público que Macri había creado y cuyos miembros están acusados de vapulear a indigentes sin techo.