La delicada acusación de la Fiscalía

Existen dudas sobre la justificación jurídica de Trump para ordenar un ataque de esta dimensión en Venezuela.

La Fiscalía General de Estados Unidos publicó el sábado el documento con los cargos que se le imputan. El texto, de 25 páginas, acusa a Maduro y a su esposa de enriquecerse ilegalmente durante sus años por los distintos niveles del Gobierno de Venezuela y de tener planes para inundar Estados Unidos de droga. “Durante más de 25 años, dirigentes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, señala la denuncia.

La acusación formal consta de cuatro presuntos delitos: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Y se extiende a su esposa, su hijo y otros dos altos funcionarios de su Gobierno.

Con la descripción que hace la Fiscalía en el texto de la acusación, es más que probable que el juez ordene su detención a la espera de un juicio que puede tardar más de un año en llegar. No obstante, el caso es especial y se espera que la secretaria de Justicia acorte los plazos.

Aunque existen dudas de que el caso permanezca en Manhattan, porque Trump sugirió que aún podía trasladarse a Florida, lo normal es que se quede en el juzgado del distrito sur de Nueva York, donde históricamente se han juzgado casos de narcotráfico y otros procesos criminales en casos sonados. Entre otros, allí se juzgó y condenó a 45 años de cárcel por tráfico de drogas al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por Donald Trump.

El caso ha sido asignado al juez Alvin K. Hellerstein, un magistrado veterano con casi tres décadas de experiencia (tiene 92 años) y que fue nombrado por Bill Clinton, según The New York Times. La Fiscalía ha encargado la acusación del caso a Jay Clayton, fiscal federal del distrito sur de Nueva York.

De la acción militar es hora del ámbito judicial

Pero el proceso será complicado. Existen dudas sobre la justificación jurídica de Trump para ordenar un ataque de esta dimensión en Venezuela. La Casa Blanca alega que lo considera una mera operación policial para detener a dos narcotraficantes. Y argumenta que el ejército respaldó al Departamento de Justicia en su búsqueda de llevar a unos criminales ante la justicia, según recoge The Washington Post. “En esencia, se trató del arresto de dos fugitivos acusados ​​de la justicia estadounidense”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

Los congresistas demócratas en ambas cámaras del Congreso han criticado la operación porque creen que puede vulnerar algunas normas internacionales. Además, critican que la Casa Blanca no informara a los líderes del Senado y la Cámara de Representantes, como es preceptivo en estos casos. Han anunciado que pedirán explicaciones y han convocado comisiones para investigar el asunto.

También existen dudas sobre la acusación de narcotráfico. Estados Unidos declaró a Venezuela como un narcoestado y a Maduro como el líder de una trama de tráfico de drogas; sin embargo, los expertos reconocen que la participación del país caribeño en la producción de cocaína es marginal. Colombia y México son los principales productores de drogas en América Latina. Y Venezuela apenas es lugar de tránsito de algún cargamento con destino a Europa.

Trump declaró la guerra contra el narcotráfico nada más llegar a la Casa Blanca para su segundo mandato. Pero los estupefacientes que asolan calles de las ciudades de Estados Unidos son el fentanilo y otros opiáceos que proceden en su mayor parte de México y están fabricados con componentes suministrados en parte por China. Así que la Fiscalía tendrá que esforzarse al máximo para armar el caso contra Maduro y su círculo íntimo.