La diversidad contra las cuerdas en América Latina y España

El Día del Orgullo está lejos de poder ser una fecha festiva en América Latina y en España. Mientras las calles se colorean de la bandera arcoíris, en la gran parte de los países, las hostilidades y la violencia contra las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ siguen al estando al orden del día.

Si bien tanto América Latina y el Caribe como España han dado pasos hacia adelante en materia de derechos y reconocimiento de diversidades sexuales y de género, los pendientes siguen siendo muchos.

En América Latina y el Caribe, la prohibición a las relaciones entre personas del mismo sexo en algunos países sigue siendo una realidad. Al mismo tiempo, la violencia es una constante a la que se ven enfrentadas personas con una orientación sexual o identidad de género diversa.

Mientras que el auge de la extrema derecha y sus recientes logros en las elecciones municipales y autonómicas en España, han evidenciado un rechazo de buena parte de la población al colectivo. Uno que es atacado ferozmente por partidos como Vox.

Violencia contra la comunidad LGTBIQ+ en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe no son una excepción en materia de discriminación. La violencia, la falta de reconocimiento legal y la desigualdad persisten en la región.

Según datos recopilados por Sin Violencia LGTBI, entre 2014 y 2020 se reportaron 3.514 asesinatos de personas LGTBIQ+ en la región. Estos actos de violencia reflejan la discriminación y el odio que aún prevalecen en algunas sociedades.

El año pasado no presentó cifras más alentadoras. Según el periódico ‘El Tiempo’, citando a la misma ONG, al menos 344 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en diez países de la región —Bolivia, Colombia, México, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Perú, Ecuador, Nicaragua y El Salvador—.

La situación es especialmente sensible en Colombia. Solo el año pasado, tal como muestra el informe, unas 148 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas. Una realidad que evidencia que a pesar de los avances en términos legales y constitucionales que ha conocido el país (en donde se reconoce el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo), el contexto en las calles sigue siendo hostil para el colectivo.

Las cifras de la región podrían estar incluso por debajo de la realidad, en muchos países no hay estadísticas sobre el tema o muchas veces no son reconocidos como “crímenes de odio” o “crímenes por orientación sexual e identidad de género”.

Además, las condiciones a las que se ven enfrentados varios países han empeorado la seguridad de las personas LGBTIQ+, como es el caso de El Salvador. El régimen de excepción que instauró el presidente Nayib Bukele ha terminado por afectar también al colectivo.

Según la agencia ‘Presentes’, citando a la organización ‘Amate’, el país centroamericano ha documentado “al menos 41 casos de detenciones arbitrarias y ataques de las fuerzas de seguridad pública en contra de población sexodiversa”.

Muchos casos de violencia y crímenes de odio contra personas LGBTIQ+ quedan impunes. En el caso de El Salvador, del total de denuncias, solamente cinco fueron presentadas ante la Fiscalía General. Lo anterior se explica, en gran parte, por la falta de mecanismos para hacerle frente a este tipo de casos o la discriminación de las entidades encargadas de llevar las investigaciones y judicialización.

Los pendientes del reconocimiento legal y matrimonio igualitario

A pesar de algunos avances en la región, aún existen países que prohíben las relaciones entre personas del mismo género. En algunos lugares, como Jamaica y Dominica, las relaciones homosexuales aún están penalizadas con cárcel, tal como lo muestra Every.lgbt.

Dos hitos han marcado los últimos años en América Latina. En Cuba, casi 4 millones de personas votaron a favor de un nuevo código de familia en 2022 que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de las mismas.

Sin embargo, estos casos no son la constante de los países de la región. Como muestra el portal, en Honduras este está prohibido desde 2005 y Paraguay limitó en 1992 el matrimonio a parejas constituidas por un hombre y una mujer.

La negación del matrimonio igualitario priva a las parejas del mismo sexo de importantes beneficios legales y sociales, como el reconocimiento y la protección legal de su relación, el acceso a beneficios de seguridad social, entre otros.

La adopción por parte de parejas del mismo sexo también es un gran pendiente. Solo 16 países de América Latina y el Caribe “reconocen este derecho y han legislado al respecto”.

Los derechos de las personas trans siguen tambaleando

El reconocimiento de los derechos de las personas trans también es desigual en la región. En América Latina, solo 19 de los 51 países reconocen la identidad de género autopercibida, lo que significa que las personas trans no tienen garantizado el derecho a cambiar legalmente su nombre y género en todos los países. Esta falta de reconocimiento legal puede tener consecuencias graves para las personas trans, como dificultades para acceder a servicios de salud adecuados, discriminación en el empleo y en otros ámbitos de la vida cotidiana, así como una falta de protección legal contra la violencia y el acoso.

La violencia se expresa con mayor crudeza sobre estas personas. De los asesinados pertenecientes al colectivo LGBTI entre 2014 y 2020, más de la mitad —es decir, 1223— eran personas trans.

Y tal como muestra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —citada por Global Americans— revela que la esperanza de vida de las mujeres transgénero de los países de la región es de entre 30 y 35 años.

Sin embargo, hay algunos avances significativos. Argentina fue pionera en la implementación de leyes que reconocen la identidad de género autopercibida y garantizan el acceso a la atención médica y el proceso de reasignación de género. Otros países como Uruguay, Colombia y Chile también han seguido el ejemplo y han promulgado leyes que protegen a las personas trans. Estos avances demuestran que es posible avanzar hacia la igualdad y la inclusión de las personas trans en la región.

España, la eliminación de las banderas arcoíris y el auge de la extrema derecha

Los ataques a la comunidad LGBTIQ+ van desde el plano simbólico al real. En el marco del Día del Orgullo, el partido de extrema derecha Vox ha emprendido una ofensiva contra la exhibición de la bandera arcoíris en edificios públicos y ayuntamientos que lideran junto con el Partido Popular (PP), de la derecha tradicional, desde el pasado mes de mayo.

En un intento de borrar los símbolos LGBTIQ+ de las instituciones, Vox ha decidido retirar las enseñas e incluso persuadir a sus socios del PP que lo hagan. Una de estas situaciones, como mostró el periódico ‘El País‘, se dio en el Ayuntamiento de Valladolid. Pero se extendió a otras regiones y ayuntamientos.

En Baleares, bajo la presidencia del ultraderechista Gabriel La Senne, el Parlamento desterró cualquier referencia a las conmemoraciones del día. Esta postura ha generado controversia y se ha denunciado como un intento de limitar la visibilidad y los derechos del colectivo LGTBIQ+ en el ámbito público. En cambio, como muestra el diario, en lugares en donde se llevaron a cabo actos conmemorativos, la extrema derecha promovió acciones en contra de estos, como en Navarra donde Maite Nosti, condenó un supuesto “uso partidista” de la Cámara “al servicio del lobby LGTBI”.

España ha logrado avances significativos en la protección de los derechos de la comunidad. Sin embargo, la igualdad y los derechos de las personas LGTBIQ+ en España también enfrentan desafíos. En los últimos años, ha habido un resurgimiento de la extrema derecha, que ha adoptado posturas abiertamente contrarias a la igualdad y los derechos de esta comunidad.

La extrema derecha en España ha utilizado discursos y acciones que promueven la discriminación y la exclusión de la comunidad LGTBIQ+. Han cuestionado leyes de igualdad, promovido terapias de conversión y expresado opiniones homofóbicas y transfóbicas.

Un discurso especialmente peligroso cuando la nación ibérica enfrenta comicios nacionales el próximo 23 de julio, en los que la derecha y la extrema derecha son los favoritos en las encuestas para gobernar en coalición. Una victoria que podría suponer riesgos para la comunidad LGBTIQ+ y sus derechos.