
La entramada red de lavado de dinero y narcotráfico que se extiende a élites políticas.
El 14 de octubre de 2020, el congresista paraguayo Erico Galeano Segovia y un empresario de la misma nacionalidad llamado Hugo Manuel González Ramos se dirigieron a firmar un acuerdo para la compra de un condominio de Galeano en una pequeña ciudad a unos 60 kilómetros de la capital paraguaya, Asunción. González llevó US$1 millón en efectivo para comprar el apartamento de Galeano. Los billetes comenzaron a pasar por la contadora de dinero, mientras los dos hombres se dispusieron a firmar los papeles.
El acuerdo fue uno de los tantos que Galeano, quien más tarde se convertiría en senador, estaba haciendo con una poderosa red criminal dirigida por Sebastián Marset, un narcotraficante uruguayo y presunto lavador de dinero, que tenía afición por el fútbol.
La red de Marset abarcaba por lo menos tres países e incluía a funcionarios de seguridad y políticos como Galeano. González, según afirmaron más tarde las autoridades paraguayas, era un prestanombres de Miguel Ángel Insfrán, quien luego sería acusado de traficar varias toneladas de cocaína a través de Paraguay hacia Europa en colaboración con Marset.
Pero las autoridades paraguayas estaban tras su pista. Y aproximadamente un año después de que González le comprara el apartamento a Galeano, la red de Insfrán y Marset fue desmantelada en la operación antidrogas más grande de la historia del país, lo que resultó en la huida de ambos.
La operación expuso una compleja red de mecanismos de lavado de dinero utilizados para inyectar las ganancias del narcotráfico en el sistema financiero de Paraguay, entre las cuales se encontraba el millón de dólares que fue a parar al bolsillo de Galeano por el apartamento. Y, como descubrieron los investigadores, esa red se extendía mucho más allá de las transacciones inmobiliarias.
Transacciones ficticias
El acuerdo de US$1 millón fue en beneficio mutuo de Galeano y Marset. Galeano había comprado el condominio en 2013 por solo US$210.590. Y aunque es difícil saber qué lo motivó a comprar el lugar, cuando fue elegido como representante del Partido Colorado para el Congreso en 2018, no lo declaró entre sus propiedades. Al venderlo por un valor exagerado, el dinero de las presuntas ganancias de cocaína de Marset e Insfrán pudo ingresar al sistema formal mediante una transacción notariada, aparentemente legal.
Pero este no fue un caso aislado. El congresista Juan Carlos Ozorio, compañero del Partido Colorado que también fue imputado, transfirió una propiedad a una empresa fachada que era propiedad de Insfrán para lavar las ganancias del narcotráfico.
El caso de Galeano fue mucho más allá de una sola venta de propiedad, también pasó años lavando dinero a través del club de fútbol Deportivo Capiatá, donde fue presidente y miembro de la junta directiva. Cabe destacar que Sebastián Marset era delantero en el equipo donde, presuntamente, también podía monitorear el negocio.
Los fiscales dijeron que Galeano creaba facturas mostrando que el club le debía dinero por sus inversiones en el equipo y luego el club pagaba algunas de esas deudas.
El aumento en el valor de las facturas fue sustancial. En marzo de 2022, el club le debía a Galeano unos US$170 (alrededor de ₲1,1 millones). Para julio de 2023, esa deuda había ascendido a US$1,5 millones (₲10.379 millones), según las declaraciones financieras de Galeano. Sin embargo, el dinero no era una deuda. Provenía del tráfico de cocaína.
El esquema se convirtió en un modelo para Marset. Después de que las autoridades paraguayas lanzaran su operación contra la red, Marset huyó a Bolivia. Allí compró un pequeño equipo, Los Leones del Torno. Les construyó una nueva instalación en Santa Cruz y empezó a jugar nuevamente. Y luego, al igual que Galeano en Paraguay, Marset utilizó su club para lavar sus ganancias criminales, según The Washington Post.
Volando alto
Durante el juicio posterior, los investigadores del gobierno revelaron que Galeano no solo proporcionó servicios de lavado de dinero, sino también apoyo logístico para la red de tráfico de cocaína de Marset e Insfrán.
El 24 de noviembre de 2020, por ejemplo, Marset e Insfrán usaron el avión de Galeano para ir a Salto de Guisrá, en la frontera con Brasil, y a Asunción. No estaba registrado como aeronave de pasajeros. Las autoridades dicen que el vuelo fue uno de al menos cinco que tomaron en el avión de Galeano.
El impulso para este apoyo logístico vino el 8 de octubre de 2020, cuando las autoridades de Paraguay incautaron ocho aviones que Marset e Insfrán presuntamente usaban para los envíos de cocaína. La incautación fue un golpe importante, interrumpiendo temporalmente su capacidad para viajar por el país y organizar los envíos.
Fue entonces cuando Galeano intervino para brindar apoyo en especie a la red. Las pequeñas aeronaves, como la que Galeano prestó a Marset, eran clave para las operaciones. Era un estilo de avión similar al que llevó a Marset a prisión en 2013. Ese avión estaba cargado de marihuana y fue pilotado por el tío del entonces presidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien dirige el Partido Colorado. Cartes enfrenta acusaciones de vínculos con Marset e Insfrán.
Aparecen similitudes en el caso de Ozorio. Parte de la acusación, por ejemplo, afirma que ayudó a la red de drogas registrando un helicóptero que compraron con dinero del narcotráfico. Los fiscales creen que utilizaron el nombre de Ozorio en el registro, ya que él gozaba de inmunidad en ese momento como congresista.
Ozorio renunció al Congreso en febrero de 2022. Un mes después fue acusado de conspiración criminal, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Su caso sigue en curso, después de que comenzaran los testimonios de los acusados, incluido Insfrán, en enero de 2026.
Marset fue arrestado en Bolivia el 13 de marzo de 2026 y extraditado a Estados Unidos. Después de su arresto, las autoridades bolivianas incautaron 16 aviones. Se cree que Marset usó las aeronaves para volar cocaína hacia Paraguay y viajar para organizar sus negocios ilícitos.
Marset, Insfrán y Ozorio aún esperan juicio
A Galeano le fue retirada la inmunidad por el Congreso en mayo de 2023 y un mes después juramentó como senador. El 3 de marzo de 2026 fue sentenciado a 13 años de prisión y pocos días después tomó una licencia indefinida del Senado. Aún no ha sido arrestado formalmente.












