La paradoja de Bukele: apoyo alto en su país y críticas a nivel internacional

Nayib Bukele comienza su cuarto año de mandato arropado en un altísimo porcentaje de popularidad entre los salvadoreños. Las dos apuestas más fuertes del presidente, que no parece sufrir el habitual desgaste político, fueron una “guerra” frontal contra las pandillas y la adopción del bitcóin como moneda de pago. Marcada por un viraje autoritario, el mandato de este mandatario poco convencional también se caracteriza por generar gran controversia entre los observadores internacionales.

Mientras la comunidad internacional cuestiona incansablemente la gestión de Nayib Bukele, los salvadoreños parecen celebrar la manera de gobernar de su presidente.

En la última semana, varias encuestas nacionales destacaron la alta popularidad del mandatario. Por ejemplo, el Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia informó en su último sondeo que la población aprueba la gestión de Bukele al cierre de su tercer año con una nota de 8,34/10.

Otro ejemplo: su lucha contra la violencia pandillera cuenta, según una reciente encuesta de Cid Gallup, con una aprobación del 91% de la población.

Detrás de esta aprobación estarían, según el análisis que hace el instituto de su propia encuesta, los 300 dólares entregados durante el confinamiento por la pandemia, o los 30 dólares dados para impulsar el uso del bitcóin como moneda de curso legal.

Otros apuntan a la aparente respuesta rápida y severa de Bukele para combatir algunos de los flagelos que afectan al país, en comparación con cierta lentitud de anteriores administraciones.

El régimen de excepción como respuesta al aumento de la violencia

Y esa política de mano dura aplaudida por sus gobernados se ilustra especialmente con las notorias “pandillas”. A esas organizaciones criminales, Bukele les declaró una “guerra”, luego de que asesinaron presuntamente a 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo.

En ese momento, el mandatario respondió con un régimen de excepción que permite capturas sin orden judicial y suspende algunos derechos constitucionales de los salvadoreños.

Y una vez más, esa estrategia pareció reforzar la popularidad de Nayib Bukele. Según el Instituto Universitario de Opinión Pública, el régimen de excepción obtiene una nota de aprobación de 7,99 sobre 10. Adoptada inicialmente por 30 días, esa medida ya fue extendida por el Parlamento dos veces, por igual período.

“Es una acción audaz, pero necesaria ante un fenómeno complicado como son las pandillas”, señala el analista político Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Luterana Salvadoreña. Las medidas del gobierno en el tema de seguridad “pueden verse como medicina amarga, pero necesaria”, añadió.

Una versión de la cual difiere Eduardo Escobar, director de la asociación Acción Ciudadana, en una entrevista con France 24: “En términos formales, ese régimen de excepción no tiene sustento jurídico. Es una medida pensada para otras situaciones más excepcionales, no para criminalidad común, que es lo que se presenta hoy”.

El analista también cuestiona los méritos del plan de control territorial del que el presidente se vanaglorió: “Supuestamente, había puesto de rodillas a las pandillas. ¿Entonces qué necesidad de un régimen de excepción si ese plan era tan efectivo? La necesidad la tenía el gobierno para su show, para lucir un golpe de efecto ante la opinión pública. Y también para tapar su relación con las pandillas”.

Una alta aprobacion que resiste a la revelación de supuestas negociaciones entre maras y gobierno

Según cifras oficiales, en 2021 se registraron 1.147 homicidios frente a 2.398 en 2019. Para el mandatario salvadoreño, esa fuerte caída de la violencia se debe a su plan de control territorial.

Pero críticos denuncian, por su parte, presuntas negociaciones que mantenía su administración con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18. De esta manera, el martes 17 de mayo, una investigación periodística divulgada por el diario local El Faro atribuyó aquella ola homicida a una ruptura de estas presuntas negociaciones.

Bukele y sus funcionarios no han respondido públicamente a la acusación. Sin embargo, el Departamento del Tesoro estadounidense ya acusó en diciembre de 2021 a varios miembros del actual gobierno salvadoreño de pactar una tregua con estas organizaciones, a cambio de privilegios para sus líderes presos.

Las víctimas colaterales de la “guerra” de Bukele

La “guerra” de Bukele puso a miles de soldados a patrullar las calles y ha llevado en los últimos dos meses a la cárcel sin orden judicial a 35.000 presuntos integrantes de las “maras”. Si se consideran a los 16.000 que ya estaban en prisión antes de la ofensiva, actualmente habría más de 47.000 detenidos de los 70.000 miembros que se presume tienen las pandillas.

Por esos más de 35.000 detenidos, Bukele admitió que el 1% podría ser inocente. Pero varios grupos de derechos aseguran que la cifra de detenciones arbitrarias es mucho más alta. Entre ellos, Human Rights Watch (HRW) que, junto con la organización centroamericana Cristosal, ha recibido más de 200 quejas durante el estado de emergencia, incluyendo 160 detenciones que calificaron de “arbitrarias”.

Según Verónica Reyna, la directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, esas detenciones arbitrarias afectaron sobre todo y “como siempre” a “las poblaciones de barrios marginalizados, empobrecidos y excluidos”. Las fuerzas de seguridad se han desplegado en efecto en zonas consideradas de alto riesgo, acorralando a presuntos pandilleros, a veces sólo por tener tatuajes.

Esa práctica la denunciaron tres fuentes policiales y dos militares a la agencia Reuters. También divulgaron que oficiales comenzaron a solicitar cuotas de arresto. Y esa cuota es lo que podría haber conducido al esposo de Alejandra al penal de Mariona.

Visiblemente afectada, Alejandra, una salvadoreña del departamento de Sonsonate, cuenta a France 24 que su compañero fue detenido el 16 de abril, mientras compraba leche para la bebé de la pareja. “Los policías me dijeron que lo llevaban por ser pandillero, algo que no es cierto. Él vende pan francés”, asegura la mujer.

Hacinamiento y tortura en algunos centros penitenciarios

Algo también exacerbó las sospechas de Alejandra de que se trataba de una detención arbitraria: “Habitualmente, usan el celular como evidencia, para comprobar si hubo intercambio de mensajes con otros miembros de una mara. También requisan las motos, por si son robadas. Y en nuestro caso, me entregaron todo. No les interesó”.

“Como es inocente, va a salir”, confía Alejandra. Pero mientras tanto, por motivos de investigación, su esposo tendrá que pasar por lo menos 6 meses más en la cárcel, donde ya se está notando el hacinamiento, denuncia la mujer.

Una situación que confirma Verónica Reyna: “Hay una crisis dentro de los centros penitenciarios. Ya estamos recibiendo reportes de hacinamiento, de problemas de salud, de malos tratos, de torturas, e inadecuada alimentación. Ciertos penales presentan una población carcelaria por el triple de su capacidad”.

Un presidente millennial y ávido usuario de las redes sociales

Nayib Bukele es uno de los presidentes más jóvenes de América Latina. Hoy, a tres años de su llegada al poder en El Salvador, algunos actores de la comunidad internacional se preguntan si también se está convirtiendo en el presidente más autoritario de la región.

Una crítica de la cual se burló Nayib Bukele en septiembre del 2021, al describirse como “el dictador más cool del mundo mundial” en su biografía de Twitter.

Pero si los observadores se preocupan es por una sucesión de medidas implementadas por el jefe de Estado que le han permitido concentrar más y más poder desde su llegada a la presidencia.

“La Asamblea Legislativa, por ejemplo, se comporta como un despacho más del presidente, donde las reformas son aprobadas sin mayor discusión, sin mayor control de otros poderes políticos, y menos de la población”, advierte la directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista.

En mayo de 2021, con ayuda del Congreso donde posee gran mayoría, el mandatario destituyó a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia judicial del país; además, despidió al fiscal general, y a un tercio de los 690 jueces salvadoreños.

“Estos tres años se han caracterizado por no respetar las reglas democráticas ni las reglas de transparencia. El presidente borró la independencia de los diferentes órganos, buscando que cumplieran sus caprichos, porque su proyecto político no podía ser viable si no tenía control sobre estas instituciones. Y impide por la misma que le investiguen”, sentencia Eduardo Escobar.

No solamente las organizaciones nacionales están encendiendo sus alarmas por lo que describen como un creciente autoritarismo de Bukele. Organismos internacionales lo han llamado repetidamente a respetar los derechos humanos y los principios de la democracia.

Estados Unidos, por su parte, se ha dedicado durante el mandato de Bukele a sancionar funcionarios del circulo cercano del presidente, por acusarlos de corrupción o por negociar presuntamente con las pandillas.

El endeudamiento más alto en la historia del país

Finalmente, no se podría registrar un panorama completo de los tres años de Bukele en el poder sin hablar de criptomoneda. Bajo su mandato, El Salvador apostó por el bitcóin, convirtiéndose en el primer país del mundo en adoptarlo como moneda de curso legal.

Esa decisión es considerada como la primera medida con poco respaldo entre la población de la era Bukele, quien, sin embargo, no ha retrocedido y la ha puesto como su principal apuesta económica, a pesar de la marcada caída de su valor en las últimas semanas. El bitcóin se ha desplomado un 45% desde que El Salvador lo adoptó oficialmente a principios de septiembre.

“Los problemas financieros del gobierno no son por el bitcóin, pero se han agravado por él”, indica Ricardo Castaneda, economista del think tank Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Para el gobierno, agregó, “el bitcóin dejó de ser una solución y se ha convertido en parte del problema”.

Según cálculos de la agencia AFP, la deuda pública de El Salvador ronda actualmente el 90% de su PIB. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, prefiere mostrarse tranquilo: “No estamos pensando en caer en impago como algunos profetas del caos siempre lo anuncian”.

Se desconoce aún si el mandatario, que tiene meses de no responder preguntas de la prensa, optará por la reelección presidencial en 2024. Pero es una puerta que los magistrados del Supremo le abrieron a pesar de los límites constitucionales del mandato.

Siete de cada diez salvadoreños apoyaría la reelección de Nayib Bukele, según una encuesta realizada entre 11 y 15 de mayo por el CEC.

Con AFP, Reuters, EFE y medios locales