La propiedad de la tierra, el primer y último eslabón del conflicto armado en Colombia

La paz en Colombia tiene una premisa crucial, exactamente la misma que estuvo en el origen de la guerra que ha golpeado el país durante más de 50 años. “El conflicto colombiano empezó en la tierra y es en la tierra donde debe terminar”. Con estas palabras describe Miguel Samper la filosofía de la ley que debe concretar el primer punto de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, que tiene el objetivo de regular y democratizar el acceso al campo. En medio de un intenso debate político sobre este proyecto legislativo, que ha sido blanco de las críticas de representantes de la oposición y organizaciones del sector, el director de la Agencia Nacional de Tierras defiende la puesta en marcha de “una verdadera revolución en materia de propiedad”.

En este contexto, ese organismo comenzó el miércoles en Cali una gira de “socialización” de la llamada ley de tierras para tratar de explicar a los colectivos afectados los objetivos de esta reforma. La primera meta, señala Samper en conversación con EL PAÍS, es “permitirle el acceso a la tierra a los que no la tienen”. La norma pretende también “brindar seguridad jurídica”, ya que “si un campesino no es dueño de la tierra no tiene acceso a créditos, a subsidios, no puede hacer obras y por eso hay que formalizar la propiedad”. El Gobierno busca, finalmente, en esta fase de postconflicto que acaba de empezar, dar un correcto uso al campo. En definitiva, “que la tierra se utilice para lo que es” en un país donde el 70% de la producción ocupa el 5% del área productiva.

Esta ley ha recibido las críticas de un grupo de senadores y representantes en la Cámara encabezados por Iván Cepeda, del Polo Democrático. En una carta dirigida a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo con las FARC, afirman que el proyecto de ley “permite entregar los baldíos a personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria”. También aseguran que la propuesta “incluso permite” la adjudicación de los baldíos a empresas mineras o petroleras, “cuando conforme a la Constitución y a la jurisprudencia el fin primordial de los baldíos es dotar de tierras a los campesinos que carecen de ellas”.

Las FARC y la tierra

Samper mantiene, en cambio, que el principal objetivo de la ley de tierras es facilitar el acceso al campo a quien hasta ahora no la tenido. Incluso a los exguerrilleros de las FARC, ya que este proyecto, afirma, “remueve ciertos obstáculos” para el uso de las tierras. “No se trata de imponer un modelo de reintegración que sea eminentemente rural”, razona. “La persona que está en este proceso de reintegración”, agrega en referencia a la transición de la guerrilla a la vida civil, debe decidir si irse a la ciudad o montar un modelo de granja autosostenible. “Tampoco se les puede imponer un único esquema de reintegración, pero nosotros y toda la sociedad en la actualidad preferimos que los guerrilleros estén sembrando café en lugar de minas antipersona”, prosigue.

En cualquier caso, el director de la Agencia Nacional de Tierras destaca la transformación del modelo de relación entre la administración pública y los campesinos. “Actualmente, la institucionalidad tiene que esperar a que el campesino se acerque, ahora vamos a ser nosotros quienes nos vamos a acercar a los campesinos, vamos a ir predio por predio por todo el territorio nacional a arreglar los conflictos de la tierra”, señala.

“Estamos saliendo de un conflicto armado, la tierra se ha teñido de colores partidistas. La intención con este proyecto de ley es que la tierra no tenga un trasfondo político, sino que tenga un trasfondo de bienestar para los campesinos”, considera. Mientras tanto, el camino de Colombia hacia la paz sigue marcado por un conflicto sobre la tierra que, una vez enterrada la guerra, va camino de convertirse en una tensa disputa política.