La próxima presidenta de Perú enfrentará extorsión, minería ilegal y un Congreso hostil

Fujimori ha prometido restaurar la ley y el orden emulando las políticas de mano dura contra el crimen que impuso su padre, Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad.

La conservadora Keiko Fujimori se convertirá en la próxima presidenta de Perú tras unas elecciones caóticas y divisivas que han resaltado los desafíos que deberá enfrentar para contener la prolongada crisis política que ha facilitado la expansión del crimen organizado.

Fujimori, en su cuarto intento por llegar a la presidencia, consolidó una ventaja irreversible el 23 de junio, luego de que la reñida segunda vuelta presidencial de Perú entrara en su tercera semana de conteo.

Fujimori obtuvo el 50,12% frente al 49,8% del izquierdista Roberto Sánchez Palomino tras el escrutinio del 99,86% de los votos, que a esa altura marcaban una tendencia irreversible.

Aunque Fujimori se ha abstenido de declararse ganadora abiertamente, pues las autoridades electorales de Perú anunciarán al vencedor a inicios de julio, asumirá el cargo el 28 de julio en medio de una crisis política y de seguridad.

Una serie de escándalos de corrupción y destituciones presidenciales en la última década ha impedido a Perú consolidar un gobierno estable. El país ha tenido ocho presidentes en ocho años, lo que ha paralizado las respuestas estatales ante el aumento nacional de homicidios impulsado por la extorsión y otros delitos.

La conservadora Keiko Fujimori se convertirá en la próxima presidenta de Perú tras unas elecciones caóticas y divisivas que han resaltado los desafíos que deberá enfrentar para contener la prolongada crisis política que ha facilitado la expansión del crimen organizado.

Fujimori, en su cuarto intento por llegar a la presidencia, consolidó una ventaja irreversible el 23 de junio, luego de que la reñida segunda vuelta presidencial de Perú entrara en su tercera semana de conteo.

Fujimori obtuvo el 50,12% frente al 49,8% del izquierdista Roberto Sánchez Palomino tras el escrutinio del 99,86% de los votos, que a esa altura marcaban una tendencia irreversible.

Aunque Fujimori se ha abstenido de declararse ganadora abiertamente, pues las autoridades electorales de Perú anunciarán al vencedor a inicios de julio, asumirá el cargo el 28 de julio en medio de una crisis política y de seguridad.

Una serie de escándalos de corrupción y destituciones presidenciales en la última década ha impedido a Perú consolidar un gobierno estable. El país ha tenido ocho presidentes en ocho años, lo que ha paralizado las respuestas estatales ante el aumento nacional de homicidios impulsado por la extorsión y otros delitos.

Muchos votantes esperaban que las elecciones pusieran fin a la turbulencia política, pero los resultados ajustados y los retrasos han reforzado las divisiones políticas existentes, lo que plantea nuevas dudas sobre la capacidad del próximo gobierno para enfrentar los crecientes desafíos de seguridad del país.

El candidato derrotado, Sánchez Palomino, denunció fraude electoral y advirtió que no reconocerá el gobierno de Fujimori. Además, planea declarar un estado de resistencia política y social, elevando las preocupaciones sobre la estabilidad poselectoral.

Fujimori ha prometido restaurar la ley y el orden emulando las políticas de mano dura contra el crimen que impuso su padre, el polarizante expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad a causa de la ofensiva de su gobierno contra grupos insurgentes en la década de 1990. Pero lograrlo exigirá estabilizar un gobierno tambaleante al tiempo que evita el destino de muchos de sus predecesores, destituidos por un Congreso impredecible y ligado a la corrupción.

El medio InSight Crime analizó algunos de los principales retos de seguridad que enfrentará la próxima presidenta de Perú.

Extorsión: una prioridad

Fujimori enfrenta la tarea urgente de contener una epidemia de extorsión que se ha convertido en la principal amenaza de seguridad en las grandes ciudades de Perú, en particular en la capital, Lima.

La extorsión no es nueva en el país, pero su rápida expansión y la creciente violencia con que es impuesta han contribuido al aumento de los homicidios a nivel nacional durante esta década. Las bandas criminales también han captado a nuevas víctimas que antes parecían estar a salvo de estas presiones criminales, incluidas escuelas, lo que ha elevado la percepción de inseguridad en comunidades marginadas.

La criminalidad desbordada también ha golpeado el bolsillo de los peruanos. El 45% de la población dijo haber visto negocios cerrar u operar bajo restricciones por la inseguridad en 2026, según una encuesta de IPSOS.

Los planes de Fujimori para combatir la extorsión se basan en reforzar los patrullajes de seguridad y dotar a la policía de mejor tecnología, incluidas herramientas de vigilancia, datos de geolocalización, reconocimiento facial y drones, para monitorear y desarticular redes criminales. También ha planteado la posibilidad de militarizar las prisiones para impedir que las bandas criminales coordinen actividades desde allí.

Pero el éxito de esta campaña podría depender de la capacidad de Fujimori para movilizar suficientes recursos hacia las instituciones de seguridad de Perú carentes de financiamiento adecuado. Igualmente, enfrentará el desafío de dar mayor coherencia a las fuerzas de seguridad peruanas, que han perdido el rumbo tras años de cambios gubernamentales.

La presidenta necesitará mostrar resultados rápidos para evitar la reacción de los peruanos cansados de respuestas estatales insuficientes ante la crisis de seguridad. De hecho, la inseguridad y el crimen estuvieron entre las principales preocupaciones de los votantes durante las elecciones, y las huelgas y protestas generalizadas por la falta de respuestas frente a la extorsión tuvieron un papel importante en la caída de la expresidenta Dina Boluarte, destituida el año pasado.

El auge de la minería ilegal en Perú

Fujimori también deberá hacer frente al auge de la minería ilegal de oro, impulsado por el alza de los precios del metal. Las ganancias de esta actividad, que ahora se estima que son más lucrativas que el tráfico de cocaína en Perú, han permitido que las redes criminales crezcan en sofisticación y alcance.

La competencia por el control de las zonas mineras se ha vuelto más violenta, como han ilustrado casos de masacres y sicariato. El comercio ilegal de oro también ha dado lugar a economías criminales depredadoras, como la extorsión y la trata de personas, que deterioran la seguridad de las comunidades donde operan los mineros.

Hay crecientes preocupaciones por el uso de fondos de la minería ilegal para sobornar a congresistas y obtener protección legal. Legisladores peruanos, incluidos miembros del partido de Fujimori, han prorrogado repetidamente un controvertido programa llamado Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Diseñado inicialmente para formalizar la actividad de los mineros informales, el REINFO ha terminado beneficiando a grupos criminales que usan el registro para operar fachadas mineras sin regulación.

Fujimori, quien durante la campaña cortejó a las empresas mineras legales con la promesa de eliminar el REINFO y reemplazarlo por un nuevo proceso de formalización, podría ver sus planes frustrados por la oposición en un Congreso fragmentado donde no cuenta con mayoría.

También ha prometido crear comandos conjuntos policiales-militares-aduaneros en zonas mineras clave, una ambición que probablemente provocará resistencia en un sector con influencia política y capacidad para organizar bloqueos de carreteras a nivel nacional con el fin de presionar por sus demandas.

Coexistir con el Congreso

El objetivo de Fujimori de restaurar la ley y el orden también dependerá de si logra estabilizar un sistema político volátil y cada vez más vulnerable a la infiltración criminal.

Sostener una estrategia coherente contra el crimen se ha vuelto imposible en Perú, donde ninguno de los últimos ocho presidentes de Perú logró terminar su mandato, muchos de ellos destituidos por el Congreso.

El Congreso también ha aprobado leyes que debilitan los esfuerzos del gobierno para combatir el crimen organizado.

Esto deja a Fujimori en una posición difícil, en la que deberá iniciar su gobierno desde una profunda disfunción institucional y lidiar con un dilema político: el Congreso podría bloquear partes de su agenda contra el crimen y, al mismo tiempo, responsabilizarla, e incluso intentar destituirla, si no logra resultados.