La vía crucis del Juez Baltasar Garzón

El juez que puso a Augusto Pinochet y a la derecha española contra las cuerdas, se sentó en el banquillo por ordenar escuchas en un caso de corrupción del hoy gobernante Partido Popular. Garzón, respaldado por jueces, intelectuales, artistas y manifestantes está acusado de prevaricato.

Vestido con toga negra y puños de encaje blanco sobre un traje gris con corbata clara, el juez Garzón, de 56 años, compareció con semblante serio ante el Tribunal Supremo de Madrid para el primero de una serie de juicios que amenazan con poner fin a su carrera. Garzón será juzgado por su intento de investigar los crímenes del franquismo: muchos involucrados estarían vinculados con veteranos funcionarios del Poder Judicial español, según denunciaron desde partidos separatistas y desde la izquierda.

Contra el PP. En este caso, se le acusa de vulnerar el derecho fundamental a la defensa por haber ordenado la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red de corrupción, conocida como “trama Gürtel”, que en 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular, que ahora gobierna España. El juez, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres y suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, podría ser condenado a un máximo de 17 años de inhabilitación profesional.

Garzón es juzgado desde el pasado 24 de enero por su intento de investigar sobre los más de 100.000 desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75), pese a la existencia de una ley de amnistía de 1977. Garzón, que tuvo que despojarse de su hábito de juez para enfrentar las acusaciones, justificó las escuchas a la “trama Gürtel” por sospechar que algunos de los abogados participaban en las actividades delictivas de sus clientes. “Las comunicaciones se intervinieron a los internos (…) para constatar y evitar la continuación de la acción delictiva relacionada con el blanqueo de capitales“, aseguró. “El principio de defensa para mí es tan sagrado como para usted”, lanzó al abogado de la acusación.

Nunca antes un juez español había sido juzgado por ordenar la intervención de conversaciones, práctica para la que las prisiones españolas están especialmente equipadas.