Las acusaciones más graves del informe de la ONU sobre Venezuela

Los comandos de las fuerzas especiales venezolanas han ejecutado miles de asesinatos extrajudiciales en los últimos dieciocho meses y han manipulado las escenas del crimen para que pareciera que las víctimas se han resistido al arresto, según un informe de las Naciones Unidas divulgado el jueves en el que se detallaron los graves abusos del gobierno contra sus opositores políticos.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que los testigos describen como “escuadrones de la muerte”, asesinaron a 5287 personas en 2018 y a otras 1569 para mediados de mayo, como parte de las Operaciones de Liberación del Pueblo, según informaron los investigadores de las Naciones Unidas.

El reporte, que expone una descripción detallada de un sistema ilegal de opresión, dice que el número real de muertes podría ser mucho más elevado. Cita las cifras de grupos independientes que reportan que hubo más de nueve mil asesinatos por “resistencia a la autoridad” en el mismo periodo.

“Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad”, declararon los investigadores.

El informe, que será presentado el viernes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra por la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofrece duras críticas de la gestión del presidente Nicolás Maduro y su manejo de la crisis política y económica cada vez más profunda de Venezuela.

En el documento se afirma que, desde 2016, el gobierno ha adoptado medidas que “tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al gobierno”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó los hallazgos el jueves y aseguró que el informe proporcionaba una “visión distorsionada” que ignoraba la mayor parte de la información que el gobierno les proporcionó a los investigadores de las Naciones Unidas.

El análisis “no es objetivo ni imparcial”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado que enlista los numerosos errores que, según las autoridades venezolanas, hay en el informe. La cancillería afirma que la investigación de la ONU privilegia “al extremo los señalamientos negativos” y minimiza “los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos”.

Las Fuerzas de Acciones Especiales en principio tienen la tarea de combatir el narcotráfico y la delincuencia, pero los funcionarios de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijeron que les preocupa que el gobierno utilice a esos funcionarios y a otros equipos de seguridad “como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

Las familias de veinte jóvenes que fueron asesinados durante el año pasado describieron un patrón de violencia en el que las unidades de las FAES llegaban en camionetas negras sin placas, vestidos de negro y con el rostro cubierto con pasamontañas.

Se metían a sus casas, incautaban sus pertenencias y acosaban sexualmente a las mujeres, pidiéndoles a algunas que se desnudaran. Después “separaban a los jóvenes de sus familiares antes de dispararles”, informaron los investigadores.

En cada caso descrito a los investigadores, los agresores manipularon la escena del crimen. “Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría ‘resistido a la autoridad'”, dice el informe.

Los investigadores dijeron que también habían documentado los casos de seis hombres jóvenes ejecutados en represalia por su participación en las protestas antigubernamentales, cuyas ejecuciones se efectuaron durante los allanamientos de domicilios.

De acuerdo con el informe, cinco miembros de las fuerzas especiales han sido condenados por homicidio frustrado y otros delitos ocurridos en 2018, y otros 388 miembros están siendo investigados por abusos. Sin embargo, el documento afirma que pocas víctimas han tenido acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada.

El informe también describe abusos sistemáticos por parte de los servicios de seguridad e inteligencia hacia personas detenidas por motivos políticos. En la mayoría de estos casos, se sometió a hombres y mujeres a una o más formas de tortura, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas y violencia sexual. A las mujeres las arrastraban por el pelo y las amenazaban de violación, dice la investigación.

La ONU afirma en el documento que, a menudo, las detenciones carecían de fundamento legal y que más de dos mil personas fueron arrestadas por motivos políticos en los primeros cinco meses del año y más de 720 aún estaban detenidas a finales de mayo.

Los activistas de derechos humanos aplaudieron que el informe evidenciara la represión y los abusos del gobierno. “La reacción del gobierno demuestra que este trabajo expone hechos verdaderos”, dijo Tamara Taraciuk Broner, investigadora principal de Human Rights Watch.

No obstante, Taraciuk expresó su decepción de que el reporte se quedara corto al no instar a las Naciones Unidas a establecer una comisión de investigación. En cambio, hace un llamado para que el gobierno emprenda una investigación independiente, con cierta participación no especificada de agentes internacionales.

“No les puedes pedir a los tribunales venezolanos, que no son independientes, que investiguen al poder ejecutivo”, explicó.

El documento se dio a conocer dos semanas después de la visita de Bachelet a Venezuela. Su tono contundente fue particularmente revelador, dados sus antecedentes políticos. Como la presidenta izquierdista de Chile, se contaba entre los pocos dirigentes suramericanos que se rehusaban a criticar abiertamente el creciente autoritarismo de Maduro.

El gobierno venezolano había tratado de usar la visita de Bachelet para apuntalar la legitimidad internacional de Maduro. Más de cincuenta naciones, incluyendo a Estados Unidos, han dejado de reconocerlo como el líder legítimo de Venezuela y han dicho que su reelección del año pasado fue un fraude. El equipo de Bachelet tuvo un acceso inusual al interior de Venezuela, a diferencia del que se le dio a su predecesor o a otras agencias de las Naciones Unidas.

Maduro publicitó mucho su reunión con Bachelet y prometió considerar la posibilidad de permitirle abrir una oficina en Venezuela. Entretanto, el gobierno accedió a permitir que dos equipos de derechos humanos trabajaran en el país y dijo que les daría acceso completo a los centros de detención.

Sin embargo, las esperanzas de que su visita iniciara un cambio en las políticas de derechos humanos del gobierno disminuyeron cuando, días después, sucedió la muerte bajo custodia de Rafael Acosta, un capitán de la Marina que fue arrestado el último día de la estancia de Bachelet. El abogado de Acosta dijo que él gozaba de buena salud en el momento de su arresto, pero que murió en un hospital militar una semana después, con rastros visibles de golpizas.

Bachelet expresó su conmoción por la muerte de Acosta y exigió que se llevara a cabo una investigación, pero los grupos de derechos humanos dijeron que esto mostraba los resultados limitados de su visita.

“Este caso demuestra que el gobierno de Venezuela no la está tomando en serio”, dijo Taraciuk.