Las claves para entender la crisis de Venezuela

Tras la captura de Maduro, Trump fue explícito: la producción petrolera venezolana deberá abrirse a empresas estadounidenses bajo amenaza de mantener un bloqueo comercial de facto.

La madrugada del 3 de enero de 2026 marca un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela y, por extensión, en la política estadounidense hacia América Latina. Estados Unidos ejecutó una operación militar directa en suelo venezolano que culminó con la captura y extracción del presidente Nicolás Maduro, trasladado posteriormente a un buque de la Armada.

Más allá de la figura del dirigente chavista, el episodio inaugura una nueva fase en la relación entre Washington y su entorno inmediato, caracterizada por el uso abierto de la fuerza, el control de recursos estratégicos y la reafirmación de una lógica de dominio hemisférico bajo el enfoque del denominado “Corolario Trump”.

El futuro de Venezuela y del chavismo permanece abierto. Pero ¿qué sabemos hasta ahora?

La caída de Nicolás Maduro

La llamada Operación Absolute Resolve fue ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump y se ejecutó en menos de 24 horas. Comenzó con una serie de bombardeos selectivos contra bases aéreas, instalaciones navales y puntos estratégicos en torno a Caracas, diseñados para crear un corredor aéreo que facilitara la entrada de las fuerzas especiales.

Una vez neutralizadas las defensas clave, unidades estadounidenses se desplegaron en la capital y atacaron objetivos simbólicos y operativos del poder chavista, como el Palacio de Miraflores o Fuerte Tiuna.

Durante varias horas reinó la incertidumbre sobre el paradero de la cúpula del régimen, hasta que Trump anunció públicamente que Maduro y su esposa se encontraban bajo custodia estadounidense.

La operación no solo supuso la caída de facto del presidente venezolano, sino también la activación inmediata de mecanismos judiciales en Estados Unidos, con la publicación de cargos por narcotráfico contra Maduro y otros dirigentes chavistas.

Delcy Rodríguez y la continuidad del chavismo

Lejos de producirse un vacío de poder, el chavismo se movió con rapidez. Esa misma noche, el Tribunal Supremo de Justicia nombró a Delcy Rodríguez presidenta encargada de Venezuela, invocando el artículo 234 de la Constitución, que regula la ausencia temporal del jefe del Estado.

La designación no es casual. Vicepresidenta desde 2018 y ministra de Hidrocarburos desde 2024, Rodríguez ha sido una de las figuras centrales del aparato de poder chavista durante la última década. Su perfil combina una amplia trayectoria política, el control de áreas económicas clave y una notable capacidad de interlocución internacional.

En términos prácticos, su nombramiento permite al chavismo preservar una continuidad institucional mínima y ganar margen de maniobra en un contexto de presión extrema.

Para Washington, Rodríguez aparece además como una interlocutora “aceptable” para gestionar una transición controlada, lo que refuerza su papel como figura bisagra entre las dinámicas internas y la negociación con Washington.

La presidenta interina ha mantenido un discurso público exigiendo la liberación inmediata de Nicolás Maduro y denunciando lo que define como un atentado contra la soberanía nacional. No obstante, esta narrativa debe leerse principalmente en clave interna, ya que también ha afirmado que busca “avanzar hacia unas relaciones respetuosas y equilibradas” con Estados Unidos.

La crisis de Venezuela y el “Corolario Trump”

La intervención en Venezuela no puede entenderse como un episodio aislado. Encaja de forma coherente en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional publicada por Estados Unidos a finales de 2025, donde se anuncia explícitamente la intención de “hacer cumplir un Corolario Trump a la Doctrina Monroe”.

Este marco redefine el hemisferio occidental como una esfera de influencia prioritaria e indiscutible. Problemas como el narcotráfico, la migración, el control de infraestructuras críticas o la presencia de potencias extrahemisféricas dejan de ser cuestiones secundarias para convertirse en amenazas estratégicas.

Venezuela aparece como un caso paradigmático dentro de esta lógica. Su posición geográfica en el arco caribeño, su papel en las rutas marítimas y energéticas, sus enormes reservas de hidrocarburos y sus vínculos con actores como China, Rusia o Irán la convierten en un punto especialmente sensible para Washington.

A ello se suma la percepción estadounidense de un Estado capturado por redes criminales, un argumento que permite justificar la intervención no solo en términos geopolíticos, sino también bajo una narrativa de seguridad y orden regional.

La captura de Maduro funciona así como demostración de credibilidad: Estados Unidos está dispuesto a emplear fuerza militar directa para corregir situaciones que considere intolerables dentro de su “patrio trasero”. Es decir, el mensaje no va dirigido únicamente a Caracas, sino al conjunto de la región y a los actores externos que operan en ella.

El petróleo de Venezuela, en el foco

La cuestión del petróleo venezolano vuelve a situarse en el centro. Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo, pero su producción se ha desplomado más de un 80% desde 2005. La combinación de una mala gestión, la descapitalización de PDVSA y las sanciones internacionales ha dejado al sector en un estado crítico.

Tras la captura de Maduro, Trump fue explícito: la producción petrolera venezolana deberá abrirse a empresas estadounidenses bajo amenaza de mantener un bloqueo comercial de facto.

Al mismo tiempo, Washington ha enviado señales a terceros actores –especialmente China– sugiriendo que su acceso al crudo no será necesariamente bloqueado, siempre que no interfieran en los objetivos estadounidenses.

Para Washington, el control de los hidrocarburos venezolanos cumple una función triple: condicionar a la nueva dirección política en Caracas, sacar un rédito económico de la operación y modular la reacción de potencias extrahemisféricas.

Así, lejos de apuntar a una transición democrática convencional, lo que se perfila es un esquema de supervisión estratégica en el que el acceso, la explotación y la comercialización del crudo se convierten en el principal mecanismo de control político y de reordenación del Estado venezolano.