Los países latinoamericanos más castigados por la violencia del narcotráfico, como México y Colombia, mantienen su combate militar antidrogas sin apostar a legalizar la marihuana como Uruguay, una opción que según los expertos tampoco impactaría decisivamente en reducir la violencia y debilitar a los cárteles.
Ante los cuestionados resultados y los altos costos de cuatro décadas de “guerra contra las drogas”, iniciativas como las de Uruguay -el primer país en asumir el control de todo el proceso de producción y venta de marihuana- profundizan el debate sobre si la regulación de estas sustancias puede aminorar el narcotráfico y el crimen organizado en la región.
“No hay mucha criminalidad alrededor del tema en Uruguay, entonces el cambio no es profundo. Es básicamente un experimento, pero no es un experimento que se puede replicar con facilidad” en países de mayor tamaño, dijo a la AFP Steven Dudley, codirector del sitio web Insightcrime, especializado en narcotráfico en América Latina.
El investigador duda de que la iniciativa, que será votada el martes, tenga mucho impacto en la seguridad de países como Colombia o México ya que, en el mercado de distribución local de las drogas, “el que más está generando violencia no es el de la marihuana” sino el de la cocaína o derivados como el crack o el bazuco.
Desde otro punto de vista, el economista en la Universidad Autónoma de Colombia y experto en drogas Felipe Tascón cree que la iniciativa de Uruguay “tendrá un peso simbólico enorme” en la región y especialmente en países que también están a punto de discutir el tema a nivel legislativo como México, donde su progresista capital estudia regularizar el cannabis.
El caso uruguayo “va a ser un gran apoyo y respaldo para los antiprohibicionistas. Va a ser un ejemplo y un laboratorio para mostrar que la marihuana puede ser tratada legalmente y no como un asunto criminal”, coincide Gustavo Duncan, experto en narcotráfico y seguridad de la Universidad de los Andes de Bogotá.
Cada vez son más las voces que plantean una revisión de la lucha antidrogas en América Latina especialmente al ver como Estados Unidos, su mayor promotor y el mayor consumidor mundial, se abre progresivamente a la regularización de la marihuana a nivel estatal.
A petición de sus países miembros, la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó el pasado mayo un informe en el que apostó por la despenalización de drogas y por políticas que no criminalicen a los consumidores del continente, que en el caso de la marihuana representan una cuarta parte del total de consumidores mundiales.
También se ha unido a esta postura el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, férreo defensor de la legalización de las drogas en Centroamérica, una zona clave de tránsito para el narcotráfico que en los últimos años ha visto escalar sus tasas de violencia hasta quedar entre las más altas del mundo.
Entre el extremo de la legalización y el de rechazarla frontalmente se encuentran los gobiernos de México y Colombia, que defienden que para garantizar la efectividad de nuevas y audaces medidas en la materia éstas deben surgir de un gran acuerdo continental.
Los “cambios de estrategia unilaterales no ofrecerán una solución a un problema que rebasa fronteras”, dijo el canciller mexicano, José Antonio Meade, al ser preguntado por la iniciativa uruguaya.
El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha mantenido el despliegue militar contra los cárteles lanzado por Felipe Calderón a finales de 2006, cuando inició una ola de violencia en la que han sido asesinadas más de 77.000 personas, y también lo hizo el de Juan Manuel Santos (2010-2014) en Colombia.
Expertos han anticipado algunos escenarios para México, el segundo productor mundial de marihuana y puerta de entrada a Estados Unidos, para el caso de una legalización generalizada de esta droga en el continente.
“No esperen milagros”, sentencia el analista Alejandro Hope en su blog del sitio web Animal Político, en el que expone que la marihuana sólo supone entre el 20% y el 25% de las ganancias de los cárteles mexicanos.
El eventual efecto de su regulación “va a ser de signo positivo, pero su impacto va a ser más bien modesto”, asegura. “No van a quebrar los cárteles ni se va acabar la matazón. No se van a vaciar a las prisiones ni se van a llenar las arcas públicas”, afirma Hope, directivo hasta 2011 del centro de inteligencia del gobierno mexicano.
El efecto en México sería “mínimo” porque los criminales han diversificado sus fuentes de ingreso y cuando pierden posibilidades en un mercado “buscan otras alternativas. Eso es lo que va a pasar”, coincide Dudley.
El investigador estadounidense cree que el “gran peligro” actual para los cárteles es la legalización de la marihuana y de otras drogas a nivel nacional en Estados Unidos, pero apunta a que tampoco se debe sobreestimar su importancia ya que otros mercados consumidores están creciendo exponencialmente con la expansión de las clases medias en América Latina, Rusia y China.
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