
“El objetivo número uno era la estabilidad tras la salida de Maduro”, manifestó Rubio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, testifica este miércoles en el Senado sobre el ataque militar de principios de mes contra Venezuela y la estrategia del Gobierno estadounidense tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Va a llevar tiempo. Así que el objetivo número uno era la estabilidad tras la salida de Maduro”, manifestó Rubio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde aseveró que llegaron a un “acuerdo” con las actuales autoridades venezolanas.
En su exposición, habló de la posibilidad de una “guerra civil” en Venezuela. “Así que lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con ellos, y el acuerdo es este: sobre el petróleo sancionado en cuarentena, les permitiremos comercializarlo”, apuntó.
“Les permitiremos comercializarlo a precios de mercado, no con descuento (…). Y gastarían ese dinero en beneficio del pueblo venezolano”, aseveró el secretario de Estado.
El testimonio de Rubio se produce en medio de un continuo escrutinio de la operación militar y los planes generales del Gobierno para Venezuela.
“(Delcy) Rodríguez conoce bien el destino de Maduro; creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave”, dice Rubio en sus declaraciones preparadas.
En su testimonio, afirmará una vez más que la actividad no fue un acto de guerra, sino “una operación para ayudar a las fuerzas del orden”. La administración Trump ha utilizado este argumento para justificar por qué no obtuvo la aprobación del Congreso antes de la operación.
“No hay guerra contra Venezuela, ni ocupamos ningún país. No hay tropas estadounidenses sobre el terreno”, según las declaraciones preparadas de Rubio.
La administración no solo no obtuvo la aprobación del Congreso, sino que tampoco notificó con antelación a legisladores clave sobre la acción militar, lo que enfureció a los demócratas y a algunos republicanos en el Capitolio. Sin embargo, los esfuerzos para limitar el poder del presidente mediante una resolución sobre poderes de guerra fracasaron por un estrecho margen tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.












