Odebrecht podría causar el eclipse de Kuczynski

En esta capital costera, las historias de corrupción surgen por todas partes.

Existe una carretera hacia al aeropuerto que no se ha terminado, se trata de un proyecto que ha dejado una estela de acusaciones y testigos protegidos. También está una línea del tren eléctrico que, según los fiscales, se construyó luego de pagar ocho millones de dólares en sobornos.

Ni siquiera se salvó la estatua del Cristo del Pacífico que está ubicada cerca del océano: fue donada como un obsequio de Odebrecht, la gigantesca empresa brasileña de la construcción que repartió sobornos destinados a funcionarios de diversos gobiernos de la región.

Esa compañía ha estado en el centro del mayor escándalo de corrupción de América Latina en los últimos años, con funcionarios gubernamentales encarcelados en Ecuador y Brasil y docenas de políticos que son investigados en Venezuela y Colombia.

En Perú, el escándalo está afectando a la figura más importante hasta el momento: el presidente Pedro Pablo Kuczynski. El congreso peruano abrirá un proceso de acusación contra Kuczynski por cargos de haber recibido indebidamente 782.000 dólares de Odebrecht a través de una compañía de su propiedad. El mandatario admite haber recibido el dinero, pero dice que no hizo nada malo.

El jueves, Kuczynski tendrá sesenta minutos para defenderse ante el congreso del país. Sus críticos dicen que tienen los votos necesarios para expulsarlo del cargo durante el próximo fin de semana.

Es el caso más reciente de una ola de cargos de corrupción que ha sacudido a la región, y parece haber señalado un punto de inflexión.

Durante años, muchos latinoamericanos lamentablemente aceptaron que la corrupción era tan inevitable como las votaciones, ya que los funcionarios se enriquecían con dinero provenientes de las arcas públicas. “Roba, pero hace obras”, era un refrán común.

Ahora los políticos están huyendo y, en algunos casos, literalmente. Alejandro Toledo, quien fue presidente de Perú a principios de la década de 2000, sigue prófugo después de haber sido acusado de haber aceptado 20 millones de dólares en pagos de Odebrecht. Otro expresidente peruano, Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, están en la cárcel a la espera de juicio. En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de cárcel por aceptar sobornos.

Sin embargo, el caso del presidente Kuczynski pone de manifiesto un dilema que afecta a muchas de las investigaciones: cómo enjuiciar a los políticos en esos gobiernos donde los funcionarios encargados de juzgarlos no siempre están exentos de acusaciones.

De alguna manera, el caso de Kuczynski se hace eco del de Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil que fue acusada en 2016 de haber manipulado el presupuesto federal para ocultar los problemas económicos. En el momento de su juicio en el congreso, muchos legisladores estaban bajo investigación. Su sucesor, Michel Temer, evitó por poco un juicio político por corrupción.

“Al igual que en Brasil, no están formulando los cargos para limpiar la corrupción del Perú, están usando esas acusaciones para sacar a sus enemigos del poder”, dijo Jo-Marie Burt, una experta en ciencias políticas que estudia América Latina en la Universidad George Mason en Virginia.

Los cargos contra el mandatario peruano han sido promovidos agresivamente por Keiko Fujimori, una dirigente de derecha que en 2016 perdió ante Kuczynski. Fujimori estaba bajo investigación por cargos de corrupción hasta que su partido trató de destituir al fiscal general. Desde entonces, ha acumulado más poder en el congreso, amenazando a los principales jueces con despedirlos y obligando a los ministros de Kuczynski a renunciar.

El padre de Fujimori, Alberto Fujimori, actualmente cumple una sentencia de 25 años de prisión por corrupción y abusos contra los derechos humanos que ocurrieron después de que disolvió el congreso y el poder judicial y gobernó a Perú como un autócrata durante una década. Keiko Fujimori ha dicho que si gana la presidencia, le concedería la amnistía a su padre.

Kuczynski ha advertido que se desataría una crisis más profunda en caso de que sea removido del cargo.

“Veo un asalto contra el orden democrático”, advirtió Kuczynski en un discurso televisado el domingo. “No hay cargos formales ni acusaciones en virtud de la constitución: dicen ‘ya está afuera’ y ese no es el Perú que queremos”.

Los proyectos en Perú solo son la punta del iceberg para Odebrecht, que el año pasado admitió haber emitido sobornos por alrededor de 800 millones de dólares desde México a Angola, incluso creó una división que administraba esos pagos. Luego, Odebrecht ganó las licitaciones para construir costosos proyectos de infraestructura como puentes, carreteras y presas, enviando facturas exorbitantes a los funcionarios corruptos.

El fallido proyecto de Costa Verde tipifica el esquema de corrupción. Para los residentes de la capital, el proyecto sonó como un regalo del cielo: un tramo de autopista destinado a reducir el tráfico hacia el principal aeropuerto del país. Un contrato inicial fue otorgado a Odebrecht por poco menos de 100 millones de dólares en 2014.

En abril de este año, con la construcción solo parcialmente completa y el proyecto superando el presupuesto en varios millones de dólares, los fiscales acusaron a un gobernador local de aceptar 4 millones de dólares en sobornos. Gran parte de la carretera sigue siendo de tierra, y el gobierno local ha colocado guardias de seguridad para evitar la instalación de campamentos de ocupantes ilegales en los tramos vacíos.

Antonio León, de 56 años y dueño de una tienda de conveniencia cerca de la construcción, recientemente pasó un día ahogado por el polvo de la carretera sin terminar.

“Ni siquiera hay iluminación, el alcalde nos ha olvidado”, dijo. “Pensamos que Kuczynksi sería diferente, pero ahora estamos decepcionados y esperamos ansiosos el jueves para ver lo que nos dicen”.

En comparación con los 4 millones de dólares para este proyecto, los pagos que supuestamente aceptó la compañía del presidente parecen relativamente pequeños. La transacción fue revelada la semana pasada en el congreso cuando se dijo que Westfield Capital, una compañía que es de Kuczynski, había recibido pagos de Odebrecht a cambio de servicios de consultoría.

“Sabía que esto era kriptonita”, dijo Eduardo Dargent, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, refiriéndose al mandatario peruano. “Él sabía que se hundiría si encontraran este tipo de relaciones con sus actividades privadas”.

Aún así, Dargent estuvo de acuerdo con el presidente en que el proceso de juicio político parecía apresurado dada la magnitud de la crisis que podría desatarse si Kuczynski es removido del cargo.

“Aquí pueden ponerlo en un juicio político y dentro de una semana usted gana o lo echan”, dijo Dargent.